Las puertas están ahí, pero ¿quién tiene la llave?
Una prisión no se satura únicamente por quienes entran. También importa cuánto tiempo permanecen las personas dentro y qué posibilidades reales existen para revisar, modificar o concluir esa privación de la libertad cuando la ley contempla una vía para hacerlo. Después de analizar la apuesta por construir más espacios, el crecimiento de la prisión preventiva y las distintas formas en que se experimenta el hacinamiento, queda mirar hacia la otra dirección: la salida.
Al cierre de septiembre de 2026, el sistema penitenciario mexicano albergaba a 276 mil 873 personas en 231 mil 774 espacios, es decir, 45 mil 099 personas por encima de la capacidad instalada; 156 centros registraron sobrepoblación. Frente a un sistema sometido a esa presión, también importa preguntarnos qué ocurre con las vías jurídicas que pueden reducir la permanencia en prisión y qué tan accesibles resultan para quienes podrían utilizarlas.
Existen múltiples rutas en leyes y decretos para lograr el egreso de las personas privadas de la libertad. La libertad condicionada, la libertad anticipada y la sustitución de la pena –contenidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP)– operan durante la ejecución de la sentencia; la preliberación por criterios de política penitenciaria –también de la LNEP– permite solicitar medidas para grupos de personas sentenciadas; la amnistía (contenida en la ley del mismo nombre) extingue la acción penal o las sanciones en determinados supuestos; y el Acuerdo Presidencial de 2021 estableció una ruta para identificar y gestionar ciertos casos ante las autoridades competentes. Todas pueden conducir, bajo condiciones diferentes, a que una persona deje de permanecer en prisión.
Los beneficios preliberacionales ofrecen el ejemplo más claro. Durante 2025 se registraron 10 mil 756 egresos por libertad condicionada, 6 mil 453 por sustitución de la pena y 2 mil 281 por libertad anticipada: 19 mil 490 salidas en conjunto. En los establecimientos federales, estas figuras representaron 28.1 % de los egresos registrados durante ese año; en los centros estatales, alrededor de 14 %. Podemos considerarlos como vías reales de salida, pero la dificultad en su trámite aparece cuando pasamos de la existencia del beneficio a las condiciones para acceder a él.
Para la libertad condicionada y la libertad anticipada, por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal exige el cumplimiento del plan de actividades, que comprende las actividades laborales, educativas, culturales, deportivas, de salud y otras vinculadas con la reinserción. Acreditarlas depende de la participación de la persona sentenciada, pero también de que el centro ofrezca actividades, cuente con personal y espacios suficientes y registre adecuadamente su realización.
Aquí pueden presentarse escenarios que obstaculicen que las personas accedan a estos beneficios. Por ejemplo, que una persona esté obligada a demostrar el cumplimiento de actividades dentro de un centro penitenciario que carece de estructura, infraestructura y programas para ello. Cuando faltan talleres, personal o espacios, una deficiencia del centro puede terminar convirtiéndose en un obstáculo para quien busca acceder a la libertad. ¿Qué tan accesible es una vía de egreso cuando parte de aquello que debe demostrarse depende de oportunidades que la propia autoridad tenía que proporcionar?
La preliberación por criterios de política penitenciaria lleva esa inaccesibilidad todavía más lejos. Esta figura permite que la autoridad penitenciaria, previa opinión de la Fiscalía, solicite al Poder Judicial liberar un grupo determinado de personas sentenciadas y exige considerar, entre otros elementos, el impacto que tendría en el abatimiento de la sobrepoblación.
En 2025 se registraron apenas 61 egresos por esta vía en los sistemas estatales y ninguno en los establecimientos federales. El diseño coloca a la autoridad penitenciaria en una posición peculiar: para utilizar la herramienta debe identificar los casos, promover la solicitud y reconocer que la situación que administra requiere reducir población. Llevada al extremo, casi parece exigirle una confesión administrativa: “necesito sacar personas porque el sistema que administro ya no puede atender a todas”. En una institucionalidad donde admitir saturación o insuficiencia puede interpretarse como incapacidad o imcompetencia, activar voluntariamente una herramienta que hace visible esa falla no parece precisamente el incentivo más cómodo.
La amnistía enfrenta otro tipo de barreras. Esta figura, en términos sencillos, tiene como finalidad que el Estado reconozca que excedió el ejercicio de su facultad de castigo en contra de personas y grupos históricamente discriminados y criminalizados. Cuando comenzó a implementarse, las expectativas eran amplias. En 2022, ASILEGAL recuperó una estimación de más de 8 mil 886 posibles personas beneficiarias en el ámbito federal, además de 20 mil 502 en ámbitos locales si se desarrollaban las legislaciones correspondientes.
Entre 2021 y 2025, sin embargo, la Secretaría de Gobernación reportó 479 amnistías federales otorgadas. Las concesiones pasaron de 189 en 2022 a 121 en 2023, 45 en 2024 y apenas 21 en 2025. La caída es evidente y, aunque la información disponible no permite si verificar si esa reducción corresponde a un menor número de solicitudes o dificultades de tramitación, vale la pena voltear a ver al procedimiento como uno de los factores para resultados tan escasos.
La solicitud de amnistía requiere identificar la causa penal, el juzgado correspondiente y otros datos del proceso; cuando la presenta un familiar, debe acreditarse además el parentesco, y en otros supuestos debe acreditarse la representación. Ninguno de esos requisitos parece extraordinario desde una oficina con acceso a expedientes, registros civiles, internet y asesoría jurídica. Desde una prisión, conseguir el número correcto de una causa, obtener documentos, comunicarse con familiares (en caso de que los tengan) o localizar una defensa puede convertirse en una cadena de gestiones que la persona difícilmente puede realizar por sí sola.
Ahí aparece una contradicción: una medida destinada a personas que pueden haber enfrentado pobreza, discriminación o dificultades para defenderse termina dependiendo, en buena medida, de su capacidad para navegar instituciones, reunir información y contar con apoyos externos.
El Acuerdo Presidencial de agosto de 2021 muestra una barrera diferente. El mecanismo instruyó la identificación y gestión de determinados casos de personas adultas mayores sentenciadas, personas en prisión preventiva y víctimas de tortura, para promover actuaciones ante las autoridades competentes. No creó una causa automática de libertad, como diversas autoridades hicieron creer a la población; de hecho, las liberaciones se conceden en la lógica del Código Nacional de Procedimientos Penales (con el reconocimiento de inocencia) o de la LNEP (con las sustituciones de la pena). En los casos vinculados con tortura, deben examinarse las circunstancias del caso, la acreditación de la tortura y su relación con la prueba incriminatoria conforme al propio mecanismo.
El problema más visible aparece en el seguimiento. Entre octubre de 2024 y julio de 2026, el Comité Permanente examinó 887 expedientes: seis fueron considerados procedentes, 502 se remitieron a autoridades locales y 379 se determinaron improcedentes. Sabemos que hubo actuaciones administrativas; pero no si las seis procedencias se tradujeron finalmente en liberaciones ni qué ocurrió con los cientos de asuntos enviados a otras autoridades.
En cada mecanismo, hemos visto que las barreras son distintas. En los beneficios preliberacionales, cumplir y acreditar requisitos puede depender de actividades y documentos administrados por el propio centro; la preliberación por política penitenciaria necesita que la autoridad identifique sus deficiencias y promueva los casos; la amnistía puede exigir gestiones difíciles de realizar desde prisión; y el mecanismo presidencial depende de una coordinación institucional cuyo resultado final todavía no podemos seguir con claridad. Son puertas jurídicas diferentes, pero plantean una misma pregunta: ¿qué tan real es una posibilidad de libertad cuando para alcanzarla se depende de actividades, documentos, asistencia y decisiones que la persona privada de la libertad no controla?
La pregunta adquiere mayor relevancia frente a un sistema que continúa creciendo. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, la población penitenciaria nacional pasó de 254 mil 109 a 276 mil 873 personas. Construir más espacios puede aliviar temporalmente la saturación; revisar el uso de la prisión preventiva puede reducir ingresos; mejorar las condiciones de internamiento puede disminuir algunos de los impactos del hacinamiento. Sin embargo, la respuesta queda incompleta cuando las vías que pueden reducir la permanencia en prisión encuentran barreras evitables para funcionar.
La crisis penitenciaria se construye en cada una de esas decisiones: quién entra, cuánto tiempo permanece, bajo qué condiciones vive y qué posibilidades tiene de salir. Atenderla exige identificar periódicamente a quienes podrían acceder a una medida, fortalecer la defensa en ejecución penal, garantizar las actividades y documentos necesarios, simplificar cargas innecesarias y dar seguimiento a los expedientes hasta conocer su resultado.
La ley puede dar muchas puertas de salida, pero el problema empieza cuando la llave para abrirlas la guardan celosamente las mismas instituciones que deben hacer posible atravesarla.
ASILEGALESCRIBE: Cristopher Alexis Sánchez Islas y Daniela Villagrán Vargas
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