Skip to main content

¿Quién le pide cuentas al Estado por la reinserción social?

He pasado buena parte de mi vida profesional escuchando, en los centros penitenciarios y en las audiencias de ejecución, preguntas sobre lo que una persona hizo para reinsertarse. Si estudió, si trabajó, si terminó un curso, si cumplió su plan de actividades. Los expedientes van acumulando constancias y las autoridades las revisan como si en ellas pudiera encontrarse una respuesta completa. Casi nunca aparece, con el mismo detalle, lo que el propio sistema hizo o dejó de hacer. Y eso, después de tantos años, sigue pareciéndome una de las contradicciones más serias de nuestra política penitenciaria.

Pensemos en una persona que solicitó incorporarse a una actividad educativa y no obtuvo lugar; en otra que trabajó dentro del centro, pero nunca recibió una constancia que pudiera presentar afuera. Cuando recuperen la libertad, ambas podrán encontrarse con una exigencia conocida: demostrar que aprovecharon las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? La respuesta no puede depender únicamente de los papeles que tenga archivados el área técnica.

El artículo 18 constitucional no encarga la reinserción social a la voluntad de una persona. Establece las bases sobre las que debe organizarse el sistema penitenciario y coloca en ellas el respeto a los derechos humanos. Es verdad que las decisiones personales cuentan. Lo que discuto es que se las evalúe sin examinar las condiciones en las que fueron tomadas. De otro modo, la carencia de un servicio público acaba convertida en una supuesta carencia de la persona.

Hay, además, algo que el lenguaje de la reinserción suele dar por resuelto. Hablamos de regresar a la sociedad como si todas las personas hubieran salido de un lugar que alguna vez les aseguró escuela, trabajo, vivienda o protección frente a la violencia. Sabemos que no es así. También sabemos que esas desigualdades no explican automáticamente un delito. Reconocerlas sirve para entender qué obstáculos existen y cuáles de ellos corresponde atender al Estado, sin sustituir las decisiones de las personas ni reducir su vida a una clasificación penitenciaria.

La prueba más incómoda llega con la salida. Se abre una puerta, termina el encierro y comienza una cadena de trámites que no siempre espera. Hay que conseguir identificación, retomar un tratamiento, buscar un ingreso, resolver dónde dormir. Una madre quizá deba averiguar cómo recuperar el contacto y el cuidado de sus hijas e hijos; una persona indígena puede necesitar atención en su lengua; alguien con discapacidad, un servicio que realmente sea accesible. Son situaciones distintas. Tratarlas con el mismo folleto de orientación difícilmente alcanzará.

Lo paradójico es que tenemos instituciones creadas precisamente para intervenir en este tramo. En el orden federal existe el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social. Su estructura contempla una Dirección General de Reinserción Social y Servicios Postpenales, con atribuciones expresas para trabajar desde el ingreso y durante la permanencia, preparar la libertad y coordinar apoyos. En febrero de 2026 el propio órgano difundió públicamente una oferta de servicios postpenales para personas próximas a egresar por delitos del orden federal. Hay, pues, una estructura y una vía anunciada de atención. Sería injusto ignorarlo; también lo sería considerar que el anuncio demuestra, por sí mismo, que el apoyo llega a quien lo necesita.

En la Ciudad de México existe el Instituto de Reinserción Social, encargado de impulsar acciones para las personas que egresan del sistema de justicia penal de la capital y sus familiares. Su existencia permite plantear preguntas que no deberían incomodar a una institución pública: ¿cuándo empieza el contacto con la persona?, ¿recibe atención quien sale sin documentos o sin una red familiar?, ¿qué ocurre cuando la dependencia a la que fue canalizada no la atiende? Me interesa especialmente la última pregunta. Las instituciones suelen contar las canalizaciones como si fueran respuestas concluidas, aunque entre una referencia y el acceso efectivo a un derecho puede haber semanas, negativas o puertas cerradas.

La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 207, ya prevé servicios postpenales individualizados y redes de apoyo. No habla de una concesión generosa. Distribuye tareas entre autoridades responsables de facilitar el tránsito a la vida en libertad. Por eso no basta saber cuántos cursos se impartieron ni cuántas personas recibieron orientación. Tendríamos que conocer cuántas pudieron concluir un trámite, continuar sus estudios o recibir la atención a la que fueron remitidas. También cuántas no lo consiguieron. Esa cifra, aunque sea incómoda, puede decir más sobre el sistema que una carpeta repleta de convenios.

Los datos de la Ciudad de México ayudan a dimensionarlo. En agosto de 2026 había 27,685 personas privadas de libertad en sus 13 centros y se registraron 1,282 egresos durante ese mes. No sabemos, por ese dato, cuántas de ellas requirieron apoyo postpenitenciario ni cuántas lograron obtenerlo. La estadística cuenta movimientos, no trayectorias. Pero permite entender que la salida es parte de la operación ordinaria de un sistema penitenciario y que su preparación no tendría que depender de una gestión extraordinaria o de la buena voluntad de una persona servidora pública.

Tampoco deberíamos perder de vista lo que ocurrió antes. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 otorgó 5.81 como calificación general a los centros supervisados de la capital; Oriente obtuvo 4.79, Norte 4.82 y la Penitenciaría 4.85. Las observaciones sobre expedientes, planes de actividades y oportunidades educativas importan aquí por una razón precisa: si durante el encierro hubo servicios insuficientes, resulta difícil atribuir los resultados posteriores exclusivamente a la conducta de quien estuvo privado de libertad. La evaluación de la reinserción necesita incluir el desempeño de las instituciones penitenciarias.

En ASILEGAL hemos trabajado una propuesta que parte de esa preocupación: mirar las trayectorias anteriores al encierro, verificar los derechos efectivamente garantizados durante la privación de libertad y seguir la continuidad de esos derechos después del egreso. No propongo crear otra escala para decidir quién merece ser considerado «reinsertado». Propongo que frente a una necesidad identificada exista una institución responsable, una actuación concreta y la posibilidad de comprobar qué ocurrió. Si el documento de identidad se tramitó, si hubo una cita médica, si la persona pudo inscribirse en una escuela. Y si la respuesta fue negativa, saber dónde se interrumpió la ruta.

Hay un límite que no quisiera dejar fuera. Acompañar a una persona después de la prisión no autoriza a seguir vigilándola indefinidamente. La ayuda debe respetar su autonomía, proteger sus datos y partir de sus decisiones, sin nuevas etiquetas de peligrosidad. Una política de reinserción que convierte toda necesidad en motivo de control termina reproduciendo, fuera del centro, parte de la lógica que debía superar.
Al sistema federal y al de la Ciudad de México les corresponde mostrar qué están haciendo con los mecanismos que ya tienen. No les pediría una ceremonia ni una nueva promesa de coordinación. Les pediría expedientes de atención que puedan revisarse, resultados desagregados, presupuestos identificables y, sobre todo, escuchar a quienes pasaron por esos servicios. Durante décadas preguntamos si las personas hicieron lo suficiente para vivir en libertad. Ya es hora de preguntar, con la misma seriedad, si el Estado hizo lo que le correspondía.

ASILEGALESCRIBE: José Luis Gutiérrez Román

Más de #ASILEGALEscribe