Crianza tras las rejas: Una realidad que no se mira
Una vida dentro de prisión no debería significar tratos violentos o falta de condiciones para vivir dignamente, pero la escasez de cuidados refleja otra realidad para las miles de mujeres que actualmente ocupan un espacio dentro de algún centro penitenciario en México.
La vida de las mujeres en prisión evidencia que el encierro no se vive de la misma manera para todas las personas. Mientras los hombres suelen ser considerados como el modelo general en torno al cual se organiza el sistema penitenciario, las mujeres enfrentan condiciones que no toman en cuenta sus necesidades específicas, sus cuerpos, sus responsabilidades de cuidado ni las formas particulares de violencia que atraviesan. Estas desigualdades pueden profundizarse cuando se relacionan con otras condiciones como la orientación sexual, la expresión de género, el nivel educativo, el origen étnico, la situación económica, la discapacidad o la edad, lo que coloca a algunas mujeres en escenarios aún mayores de exclusión y vulnerabilidad.
Actualmente son 17, 203 las mujeres privadas de la libertad a lo largo del país, quienes, ya sea que se encuentren en proceso de juicio o cumpliendo una sentencia, están recluidas en alguno de los distintos centros penitenciarios de la república, de los cuales únicamente 22 son exclusivamente femeniles. La mayoría se encuentran en centros mixtos.
Una diversidad de documentos nacionales e internacionales se ha creado con la finalidad de reconocer las necesidades específicas que tienen las mujeres privadas de la libertad. Entre algunos de los más importantes se encuentran las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, la Ley Nacional de Ejecución Penal y las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Estos documentos se presentan como una garantía para el acceso a atención médica con perspectiva de género, servicios de salud sexual y reproductiva, protección frente a la violencia, condiciones adecuadas durante el embarazo y espacios dignos para las mujeres que viven con sus hijas e hijos en prisión.
Dentro de un mismo cuerpo se cruzan y habitan diversas desigualdades que entrelazan ejes socioeconómicos, de género y sexualidad, de origen étnico, de discapacidad o de edad. Analizar la manera en que se conectan y cómo es que la carencia de interseccionalidad en la expresión de datos duros y análisis también violenta la existencia de las mujeres, permitirá entender cómo es que la prisión no afecta a todas de la misma manera y que más bien profundiza desigualdades previas y genera formas diferenciadas de exclusión.
Los hombres y mujeres privados/as de la libertad cuentan con derechos que deben ser cuidados y salvaguardados por el Estado, pero siempre tomando en consideración las necesidades particulares que vive cada uno de ellos. La falta de cuidado se vuelve entonces una forma de ejercer violencia institucional.
Cada mujer que ingresa a un centro penitenciario lo hace con características y condiciones particulares que requieren respuestas diferenciadas. Algunas ingresan embarazadas, otras ejercen la maternidad juntos con sus hijas e hijos en centros que no cuentan con las amenidades necesarias para una atención correcta y digna. Falta de atención médica especializada, carencia de espacios dignos para la crianza y servicios adecuados para la primera infancia son algunos de los problemas con los que se enfrentan las mujeres privadas de la libertad.
El Observatorio de Prisión Preventiva y Población Penitenciaria presenta datos de 331 mujeres privadas de la libertad que están criando a sus hijos quienes viven junto con ellas en prisión. Entonces, además de las carencias que puedan vivir en su estancia en la cárcel por el hecho de ser mujeres, algunos cientos de ellas también enfrentan las dificultades de criar en un espacio sin condiciones para hacerlo.
A pesar de las recomendaciones de la CNDH, los datos reflejan una realidad muy diferente y más dura para las madres y sus hijos dentro de las prisiones. Según datos de 2025 rescatados por el INEGI, únicamente 39,1% de los centros de detención de mujeres o mixtos cuentan con espacios para maternidad; 33,7% con espacios para educación integral; y 36,4% con espacios para alojamiento de los niños.
La violencia de género no abandona la cotidianidad de las mujeres, ni siquiera cuando se encuentran recluidas en un centro donde el supuesto ente garante de sus derechos, el Estado, no se asegura de que estos sean respetados ni de que las condiciones de vida sean las adecuadas considerando las necesidades que puedan tener.
Como lo reflejan las cifras, ni siquiera un 50% de los centros penitenciarios cuentan con las condiciones para que una infancia pueda desarrollarse sanamente. Son pocas las opciones que tienen las madres para criar a sus hijos cuando no cuentan con la ayuda necesaria para hacerlo, ni dentro ni fuera de las prisiones.
El hecho de que los números reflejen un porcentaje bajo en comparación a los más de 200 mil hombres privados de la libertad en México no significa que no sea de suma importancia poner atención en las necesidades individuales de todas y todos. Cada una de las personas privadas de la libertad siguen teniendo derechos, los cuales deben de ser respetados y procurados.
Todas y cada una de las 17 mil mujeres privadas de la libertad merecen ser vistas desde enfoques interseccionales y con perspectiva de género que permitan su acceso a un proceso justo y digno que tome en cuenta sus necesidades y cómo su condición como mujeres llega a afectar la garantía en el cuidado de sus derechos y de su vida.
Tratar a la población en prisión de manera generalizada únicamente refleja un enfoque en la cantidad más no en la calidad. Todas las personas, dentro o fuera de prisión merecen respeto y cuidado por parte del Estado, no son un número más, no son entes ajenos, son seres humanos.
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