La Justicia que le falta a las personas desaparecidas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es necesario visibilizar lo que falta por hacer en esta materia. Si bien se han dado avances como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la aceptación del carácter obligatorio de las recomendaciones de la ONU y el reconocimiento de esta crisis. Aún falta acciones por implementar para brindar justicia y verdad a las víctimas.

Una de estas faltas es cómo las fiscalías están investigando penalmente las desapariciones en México. La Ley General en esta materia establece que la desaparición forzada y la cometida por particulares son los principales delitos para enfrentar esta crisis, sin embargo, las autoridades no están reconociendo a las personas desaparecidas como víctimas de delitos.

La Ley General indica que “los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados”.

De acuerdo con la organización de investigación e incidencia Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre 2018 y 2020, más de 23 mil personas han sido registradas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), aproximadamente 3 mil 500 mujeres y 3 mil 500 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Solo 811 de ellas son reconocidas como víctimas de desaparición forzada o cometida por particulares en dicha base de datos.

A pesar de ello, esta investigación reveló que 5 mil 133 personas desaparecidas están registradas por algún delito que atenta contra la libertad personal, mientras que mil 363 por algún ilícito vinculado a la desaparición personas. Específicamente, 742 casos están siendo investigados como desaparición cometida por particulares, 69 por desaparición forzada y tres por secuestro.

Esta situación es importante debido a que la falta de reconocimiento de las personas desaparecidas como víctimas de otros delitos, impide que se investiguen los casos particulares, se sancione a los responsables y no se identifiquen patrones en estos ilícitos para evitar su repetición.

Además, esto supone que las autoridades no están analizando el contexto de cada caso de desaparición en el país, no están estableciendo objetivos y líneas de investigación, es decir no están llevando a cabo diligencias inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial. Dentro de esto se puede dar cabida a que las autoridades revictimicen a las víctimas, ya que no se está aplicando en su totalidad los mecanismos en la materia.

Un ejemplo de esta situación es que las autoridades federales han reiterado, en varias ocasiones, que la mayoría de las niñas y adolescentes desaparecidas son víctimas de trata de personas. La investigación de WOLA muestra que ninguna de ellas, durante el periodo de 2018 a 2020, fue registrada como víctimas de este delito.
Si las autoridades no empiezan por reconocer las desapariciones como hechos delictivos, no se podrá avanzar en la identificación del paradero de personas desaparecidas y conocimiento de los patrones que les dan origen, así como en el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas. Hay que reconocer los problemas para resolverlos de otra manera la impunidad seguirá prevaleciendo en estos hechos.

Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, señala que “llevar a cabo investigaciones eficaces es fundamental para revertir la crisis de desapariciones. Esclarecer los casos es esencial para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, mapear los patrones de desaparición y perseguir penalmente a las redes de perpetradores, pasos clave para prevenir futuras desapariciones”.

Un segundo problema es la diferencia entre las carpetas de investigación iniciadas por estos dos delitos de desaparición y las personas registradas en el RNPDNL. WOLA solicitó a 10 estados las investigaciones que habían comenzado por este ilícitos entre 2018-2020, las cuales comparó con las personas desaparecidas identificadas en el registro nacional.

Los datos son los siguientes: Aguascalientes con 43 personas desaparecidas y 6 carpetas de investigación iniciadas; Chihuahua 727 personas y 10 carpetas de investigación; Colima 305 personas y 2 mil 515 investigaciones; Durango 111 desaparecidos y una sola carpeta; Guanajuato mil 649 personas y 25 carpetas; Michoacán mil 876 personas y 510 carpetas; Puebla 709 desaparecidos y seis carpetas; San Luis Potosí 114 personas y 60 carpetas; Sonora mil 646 desaparecidos y una carpeta; Zacatecas 446 personas y 402 carpetas de investigación. Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) inició 640 diligencias.

Esta información da cuenta que, por lo menos en sus inicios, las autoridades ministeriales no están investigando las desapariciones de personas como lo tipifica la Ley General o simplemente no están siendo investigadas. Además, esto vuelve a invisibilizar a las víctimas y las deja en un estado de indefensión.

Al mismo tiempo, se evidencia que las fiscalías no cuentan con la infraestructura necesaria para investigar las desapariciones en el país, ya sea la falta de planes y objetivos en casos individuales, ausencia de un plan de persecución penal en materia de desaparición, así como de un análisis de estos sucesos.

Un tercer problema es el poco avance que existe para atender casos particulares y enfrentar la crisis de desapariciones en el país. Estas fallas de origen en las investigaciones penales, provoca que los familiares de las víctimas tengan que seguir impulsando los avances, seguir buscando a sus familias e investigando sus casos.

Esta situación coloca a las familias en un entorno riesgoso debido a las amenazas, asesinatos y ataques contra las personas buscadoras en el país. El ejemplo más lamentable de esta situación es del homicidio contra 12 buscadores en los últimos tres sexenios. Estos ataques ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, según un reportaje de A donde Van los Desaparecidos.

Un ejemplo de la situación de riesgo que viven las personas buscadoras es lo que vivieron las integrantes del colectivo Hasta Encontrarte en Cuerámaro, Guanajuato. Alrededor de las 15:00 horas, las buscadoras reportaron un hallazgo de restos humanos cerca de Presa Uribe. Cuatro horas después, se retiraron del lugar debido a que no acudió personal de la fiscalía local y del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos.

Mientras se retiraban, hombres armados las persiguieron, por lo que tuvieron que resguardarse en los maizales. Posteriormente, las defensoras dieron a conocer que estaban a salvo.

Lo anterior afecta el derecho a la verdad de las víctimas. La verdad entendía como resultado de una investigación exhaustiva y diligente. Un relato que brinde una explicación de lo sucedido, que tome en cuenta las versiones de los afectados y que reconozca el sufrimiento de miles de familias.

A más de tres años de la publicación de la Ley General en la materia, siguen existiendo deficiencias en el quehacer gubernamental, las cuales siguen siendo superadas por las familias de las víctimas. Estas fallas siguen impidiendo que se pueda avanzar en este tema, que las víctimas tengan tranquilidad y conocimiento de lo que ha sucedido, así como permiten que sigan las violaciones sistemáticas a los derechos de estas. Cada deficiencia, es volver a darle la espalda a quienes están enfrenado todo para buscar a sus seres queridos y, aun mas, es dejarlos en un contexto de desprotección y violencia creciente.

El Estado mexicano es el responsable no solo de buscar, sino garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas de desaparición y, mientras no se emprendan cambios en favor de los afectados, esta situación seguirá creciendo. Es importante que cada engranaje del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas funcione como esta descrito, si uno falla, todo falla.
Lo que está en juego es la vida y esperanza de más de 90 mil personas y el primer paso para solucionar esta situación es reconocer que existen delitos, es conocer el problema. Esto permitiría acceder a los derechos de verdad, acceso a la justicia, no repetición y el derecho a ser buscado.
Las familias seguirán exigiendo, seguirán buscando y enfrentándose a la violencia, pero es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno atiendan cada una de las fallas en este sistema, desde lo que se hace en las fiscalías hasta la protección de los ciudadanos. No solo son palabras, también, hechos.