En México, uno crece con la mentalidad de que lo peor que te puede pasar es terminar en la cárcel. Vivimos pensando que las personas que se encuentran privadas de libertad deben ser castigadas aún después de recuperar su libertad y, sin duda, uno de los peores castigos lo reciben cuando salen y se dan cuenta que son rechazados y violentados por la misma sociedad, dejándolos muchas veces solos, sin trabajo y con la única opción de volver a delinquir para sobrevivir en esta selva de cemento.

La reinserción social, definida por el artículo 4 de la LNEP, es “la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, para llevar a cabo una realista reinserción social, se deben aplicar cinco ejes que se basan en el respeto a los derechos humanos: otorgar capacitación para el trabajo, trabajo, educación, deporte y salud.

Dichos ejes son una gran herramienta para la vida en libertad, ya que se genera un Plan de Actividades para cada persona, donde pueden iniciar o concluir sus estudios, desarrollar alguna actividad artística o incluso capacitarse en algún oficio. Lamentablemente, estos ejes no han podido llevarse a cabo dentro de los Centros Penitenciarios, entre otras cosas, debido a la sobrepoblación, donde según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 19) de la CNDH, ha crecido en un 33.3% en los Centros Penitenciarios del país. Este problema, que nunca se ha terminado de atender, genera violencia y condiciones indignas violatorias de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Por tanto, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio denota una gran falla: se cometen omisiones en las que los procesos no se concluyen, o no se aplica una investigación real de los casos, y sobre todo el abuso indiscriminado de la prisión preventiva.

Actualmente el 36.12% de las personas no tienen aún una sentencia y se encuentran en prisión preventiva siendo víctimas de tortura y de violaciones a sus derechos.

Esto gracias a que la mayoría de esas personas pertenecen a grupos vulnerables o no tienen los recursos para poder tener una defensa digna.

Otro problema para la reinserción social, sin duda es el pensamiento que la sociedad tiene sobre las personas privadas de libertad. Existe el estereotipo y prejuicio fundamental de que todos son “malos”, sin siquiera saber si esa persona era inocente o no, si fue víctima de tortura o no se le llevó a cabo su debido proceso. Y al llegar el momento de su libertad, no se les da una oportunidad en sociedad y esto genera el círculo vicioso en el que vuelven a delinquir por falta de oportunidades.

Sin duda, se necesita que las secretarías apoyen a los Centros Penitenciarios para poder lograr que los ejes de reinserción social se lleven a cabo y dejen de invisibilizar que las personas privadas de libertad tienen derechos, garantizando el cumplimiento y respeto a los derechos humanos.

Aún falta mucho por trabajar en este tema que es sumamente importante en nuestro país. Estoy convencida que podemos lograr un cambio real, pero para ello debemos sumarnos, dejar de juzgar y entender los contextos que se viven en México día con día y no dejar que nuestro privilegio nos ciegue: seamos empáticos y luchemos juntos contra aquellos que creen que todo se soluciona con más cárcel sin poner verdaderas soluciones. La  reinserción social aún  podemos verla muy lejana pero, ¿qué es lo que se necesita como mínimo para poder soñar que es posible?

Luisa Rubio Castro, es egresada de la carrera de relaciones internacionales de la FES Acatlán, UNAM. Actualmente realiza su servicio social en las áreas de investigación y monitoreo y evaluación de ASILEGAL. 

luisa@asilegal.org.mx

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