En mayo de 2022, se calculó que un total de 7561 personas indígenas en México se encuentran privadas de la libertad.[1] Según la ENPOL (Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021), el 5.4% de la población indígena o afrodescendiente fue víctima de discriminación por su identidad étnica.
Estas cifras reflejan cómo la violencia estructural forma parte de todo su proceso jurídico desde el momento de la detención. Un caso reciente es el de Aitana[2], una mujer indígena que sufrió diversas agresiones físicas y verbales dentro del centro penitenciario donde cumplía su sentencia.
A través del acercamiento jurídico, ASILEGAL documentó cómo las autoridades penitenciarias fueron negligentes ante los problemas de salud que la mujer presentó[3]; la administración interna no le brindó la atención médica necesaria y le negó el acceso a un tratamiento adecuado.
Estos hechos demuestran que la discriminación sufrida por las personas indígenas privadas de libertad no sólo se refleja en agresiones físicas o verbales, sino en el nulo reconocimiento de sus derechos y necesidades básicas.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2018, el 69,5% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, en comparación con el resto de la sociedad (39%), generando una limitación al acceso de recursos básicos como el agua, vivienda, luz, educación, salud y alimentación.[4]
Identificar a la comunidad indígena dentro de los sectores más vulnerables, permitiría atender de mejor manera las problemáticas que padecen.
Por si fuera poco; se enfrentan a situaciones de discriminación, malos tratos e incluso violencia[5], problemática que en su mayoría no atañe al resto de la población. Esta vulnerabilidad estructural también se reproduce dentro del sistema penal mexicano debido a los prejuicios existentes en torno a su lenguaje, costumbres y tradiciones.
De acuerdo con la fracción VIII, apartado A del artículo 2 de la Constitución mexicana, durante el proceso de sentencia, las personas pertenecientes a los pueblos originarios tienen derecho a recurrir a un intérprete-traductor para asegurar el cumplimiento de sus derechos durante el proceso jurídico. Sin embargo, el 85.2% declaró que no recibieron esa atención; lo que significa que el sistema de justicia penitenciario no toma en cuenta las necesidades institucionales de este sector.
Siguiendo la línea de inclusión y respeto a los derechos humanos, hoy 9 de agosto, se celebra el Día internacional de los pueblos indígenas, esta efeméride fue creada para concientizar sobre la precaria situación que viven las personas pertenecientes a estas comunidades, junto con sus necesidades culturales. Las Prácticas multiculturales y el reconocimiento de las lenguas indígenas dignifican a la población que se encuentra dentro de los centros penitenciarios y garantizan el acceso adecuado a la justicia.
[1] Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero, febrero 2022
[2] Se cambió su nombre para garantizar su anonimato.
[3] No se revela la identidad de la mujer entrevistada por cuestiones de seguridad y respeto a su anonimato.
[4] CONEVAL. (2019). La pobreza en la población indígena de México, 2008 – 2018, https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf
[5] CONEVAL. (2019). La pobreza en la población indígena de México, 2008 – 2018, https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf
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