MAPA PENITENCIARIO
COVID-19

Con el paso del mes de junio es imposible ignorar que hemos llegado, día tras día, a nuevos picos de contagio a nivel nacional. El pasado 2 de junio, particularmente, se cruzó la línea que no había sucedido hasta ahora: se rebasó el conteo de muertes en un día de Estados Unidos, el país que más contagios registra, con 1092.

El panorama penitenciario, por su parte, continúa avanzando con alarmantes crecimientos en diversos estados como Puebla o Jalisco, mismos que lideran el conteo nacional en centros penitenciarios con 229 y 132, respectivamente. A su vez, otros estados que hasta el momento se habían mantenido en silencio o sin reporte, comienzan a empezar a mostrar contagios y muertes, como es el caso de Colima, con 7 contagios y un deceso o Coahuila con un contagio. Esto, por supuesto, sin contar los casos sospechosos.

Han pasado ya 79 días desde que en ASILEGAL iniciamos este esfuerzo por visibilizar la precariedad que enfrentan las personas privadas de libertad y, sobre todo, cómo esta se exacerbó y desnudó frente a la crisis sanitaria del COVID-19. A la fecha, hemos registrado 672 casos de personas contagiadas, 576 personas privadas de libertad y 96 correspondientes al personal penitenciario, es decir, en promedio se presentan 8.5 contagios por día al interior de los centros penitenciarios.

Así se ve la curva de casos acumulados de COVID-19 presentados al interior de los centros penitenciarios a nivel nacional.

Mientras que las curvas epidemiológicas en los estados con mayor número de casos confirmados de COVID-19, nos hablan de los inicios de brotes de contagio en diferentes momentos de la crisis, por ejemplo, tanto para Jalisco como para el Estado de México, los primeros contagios se presentaron en una etapa temprana: a finales del mes de marzo y principios del mes de abril, respectivamente. Por otro lado, se observa un aplanamiento de la curva epidemiológica, ya que no se han presentado nuevos casos desde inicios del mes de junio, lo cual en apariencia nos habla de un control o disminución en la propagación del virus.

En tanto, en el caso del estado de Puebla, aunque los primeros casos se presentaron hasta el 20 de mayo, la curva ha ido creciendo de manera acelerada, colocando hoy en día a Puebla como la entidad con el mayor número de contagios: (229) al interior de los centros penitenciarios, 195 personas privadas de libertad y 34 casos entre el personal penitenciario.

Como el caso de Puebla, aún podemos ver brotes importantes de contagios al interior de los centros penitenciarios, incluso de aquellas entidades que a la fecha no han reportado ningún caso de contagio ni de personal penitenciario ni de personas privadas de la libertad como los estados de Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

Las liberaciones, a su vez, han ido en un importante descenso: en los últimos 15 días se han liberado a 210 personas, mientras que el conteo total suma 3625. Si bien se empezó con el pie derecho, firmemente ubicado en reconocer que dadas las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y salubridad que imperan en los centros penitenciarios era urgente desahogar los números de población, paulatinamente hemos visto que esta intención ha disminuido.

Es por ello que parece necesario recordar que, al día de ayer, 16 de junio 2020, se cumplen 12 años de la instauración del “nuevo” sistema de justicia y 4 años de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). De haber prestado la atención necesaria a las herramientas que presenta y conforman a la LNEP no estaríamos frente al mismo panorama de peligro de contagios y muertes que atendemos actualmente. Solo por señalar tres ejemplos:

• Los 32 estados contarían con una Unidad de supervisión de beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de libertad, unidad que atacaría integralmente la gravedad del hacinamiento y sobrepoblación.
• 10,696 mujeres que actualmente están privadas de libertad tendrían mejoras dramáticas en sus condiciones de internamiento acorde a estándares internacionales y con un enfoque de género, mismas fallas que hoy en día, a la par del COVID-19, perpetúan el estado de menosprecio de derechos que sufren las mujeres en prisión.
• Finalmente, si se voltea a ver esta herramienta como la llave para atender la pandemia, el riesgo de las más de 200,000 personas privadas de libertad (así como el personal penitenciario) frente a los contagios, muertes e incidentes de violencia, sería reducido a través de liberaciones con apego a la ley y derechos humanos.

Es importante señalar que dadas las condiciones que han supuesto las autoridades de salubridad como el subsecretario Hugo López Gatell, para los centros penitenciarios el semáforo es invariablemente rojo. En el momento que llegan las recomendaciones sobre la llamada “nueva normalidad”, no deja de llamar la falta de atención y de respuestas satisfactorias de las autoridades (fuera de los reportes periódicos de la CNDH) para atender a la población privada de libertad. Es por ello que dados los presentes resultados esperamos que se pueda tener aún más información, desglosada y precisa, sobre cómo se vería un regreso a los derechos que se han negado bajo el contexto de la pandemia, especialmente lo referente a visitas presenciales, conyugales y con los defensores de las personas privadas de libertad.

ASILEGAL continúa investigando y luchando desde la trinchera de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. Recordamos e instamos a las autoridades a redoblar sus acciones y no olvidarse de las personas de quienes el Estado es responsable. La crisis del virus en el sistema penitenciario no puede regresar a la “vieja” normalidad, sino que se debe buscar instaurar con apego a la ley un nuevo horizonte penitenciario donde la reinserción social deje de ser utopía y se convierta en hecho.

• • Sale a la luz la infodemia del gobierno que invisibiliza a las personas privadas de libertad.

• • Ya no hay  liberaciones. La desinformación se propaga desde las autoridades federales hasta el personal penitenciario y familiares, lo que ha derivado en protestas, huelgas de hambre y motines.

Al día de hoy, lunes 25 de mayo, el Sistema Penitenciario presenta 256 contagios (211 personas privadas de libertad y 45 custodias/os y/o personal penitenciario), 41 muertes (29 personas privadas de libertad y 12 custodias/os y/o personal penitenciario), 11 incidentes de violencia y 2 mil 688 liberaciones. A diferencia del reciente anuncio del Subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López Gatell, del aplanamiento de la curva de contagios, el panorama penitenciario no parece prometedor. Las prisiones a lo largo y ancho del país están sufriendo de una manera completamente diferente al resto de la población, y con ello suponen un sector exageradamente vulnerable donde el número de contagios y muertes sigue avanzando, mientras que la atención de las autoridades ha menguado notablemente en los últimos quince días.

En la conferencia de prensa del 24 de mayo, el Dr. López Gatell y el Dr. José Luis Alomía, al ser cuestionados sobre la actualidad del sistema penitenciario frente al Covid-19, respondieron de manera evasiva e inconclusa. Lo mencionado por ambos, no colabora en esclarecer la realidad a la que se están enfrentando las personas privadas de libertad y el personal penitenciario. Resaltando con particular atención y gravedad el hecho de que se señaló la inexistencia de una variable que identifique si una persona contagiada o fallecida, se encontraba en estado de reclusión al momento de contraer el virus. Además, citando al Dr. López Gatell, la noción de que “se ha logrado segmentar a la población para evitar más riesgos y contagios”, desde nuestro monitoreo en redes así como conversaciones con familiares y personas privadas de libertad en distintos puntos del país, es complicada de respaldar. Cabe señalar, además, que tal y como mencionamos en abril, el protocolo indicado por el Dr. López Gatell para atender la emergencia en los CEFERESOS, es inaplicable a la realidad de los centros estatales del país.

A comparación de nuestro último corte, publicado el pasado 11 de mayo, el flujo de información se hizo paulatinamente más lento, mientras que los reportes de la CNDH presentaban cifras difíciles de contrastar con lo publicado en medios de comunicación. A su vez, las autoridades parecen haber dejado de un lado la recomendación que se ha hecho reiteradamente desde la sociedad civil por acelerar los procesos preliberacionales como la mejor vía para atender la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población privada de libertad. Fue precisamente dicho 11 de mayo que pudimos constatar la última acción de liberaciones por parte de las autoridades, desde entonces no se ha dado seguimiento en ninguna de las entidades federativas del país.

Después de dos meses de que se presentara el primer caso de contagio de COVID-19 al interior de los centros penitenciarios, al día de hoy se han contabilizado un total de 211 casos de personas privadas de libertad. Este número, no obstante, aún siendo alarmante y elevado, continúa sin ser conclusivo ni exacto. A lo largo de las últimas semanas, según pudimos constatar, se han presentado protestas y demandas al interior de los centros que exigen atención médica ante los cuadros de enfermedad que presentan varios internos, dando cuenta de que podrían haber más casos de los que se confirman.

Si bien en algunas entidades se han implementado medidas para frenar la propagación, como cancelación de visitas, traslados, aislamiento a personas con síntomas y algunas preliberaciones, seguimos señalando que esto no es suficiente. Con el progreso de las últimas semanas, se ha hecho patente que la atención médica oportuna no ha sido una prioridad para el sistema penitenciario, lo cual por supuesto incluye la aplicación de pruebas a todas las personas y personal en los centros penitenciarios. La muestra mencionada en la conferencia del Dr. López Gatell de 11 centros con 1578 pruebas, no es sólo insuficiente sino también inverosímil que podría señalar la situación que se vive en los más de 300 centros que existen en el país, que albergan a más de 200,000 personas privadas de libertad, además de que es obvio que muchos centros se encuentran aislados entre sí.

En países como Ecuador, Estados Unidos e incluso Haití se han implementado pruebas no sólo a las personas que presentan un cuadro clínico similar al del COVID-19, sino a toda la población en prisión como en el caso de California en Estados Unidos, donde 443 de 1,055 personas dieron positivo a la prueba o el caso de Ecuador donde de una población de 610, 420 resultaron positivo.

En este sentido, las pruebas al interior de los centros se hacen imprescindibles, ya que las personas privadas de libertad se encuentran totalmente bajo responsabilidad del Estado, quien debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de estas minorías, su seguridad y sobre todo acceso a una atención médica efectiva, oportuna y de calidad.

Continuar con un subregistro como el que se ha presentado, donde en sólo 14 de las 32 entidades se han reportado casos de contagios, sólo contribuirá a continuar con esta cultura de corrupción, opacidad que subyace dentro de nuestro sistema de justicia, lo cual tiene como consecuencias, graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es necesario exigir a las autoridades de los 18 estados restantes, más de la mitad del país, a rendir cuentas como deben y detener ante todo que los abusos se sigan replicando.

Ante todas estas complicadas aristas de la crisis penitenciaria por Covid-19, es absolutamente esencial que se tomen las siguientes acciones a la brevedad: abran de nuevo los juzgados de ejecución penal que llevan semanas cerrados, que se centralice y desglose la información aportada por cada estado con respecto a su población penitenciaria y, finalmente, que se retomen con urgencia las liberaciones que se plantearon al inicio de la pandemia, pero que han caído en olvido o letargo de las autoridades correspondientes.

El día de hoy, 11 de mayo 2020, nos encontramos ante un incremento exponencial de contagios en los centros penitenciarios a lo largo de todo el país. Como lo hemos anunciado en anteriores y reiteradas ocasiones, la necesidad de acelerar procesos preliberacionales a través de la LNEP es absoluta y urgente.

Los datos que hemos podido recopilar para nuestro Mapa Penitenciario Covid-19, constatado a través de reportes oficiales y de medios tanto estatales como nacionales, a este segundo corte indican lo siguiente: 126 contagios, 12 defunciones y 6 incidentes de violencia teniendo como causa directa temas relacionados con contagios, visitas y acceso a la salud. A su vez, se han llevado 2 mil 431 liberaciones en el contexto de la pandemia.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, a partir de la última semana de abril fue cuando despuntó la curva de casos aculumados. En dicha semana es donde se registró el mayor número de contagios, alcanzando la cifra de 63 personas confirmadas con COVID-19: 61 personas privadas de libertad y 2 del personal penitenciario. Además, esta semana inició con el reporte de 16 personas contagiadas, de las cuales 9 corresponden a personal penitenciario. 

No podemos dejar de enfatizar la idea de que si bien podría parecer un número importante 2 mil 431 liberaciones, aún quedan más de 200 mil personas privadas de libertad y, a su vez, custodios, doctoras y demás personal no privado de libertad que están en riesgo. Los números, inevitablemente, seguirán subiendo y con ello la urgencia de entender que este contexto no sólo es una crisis humanitaria acentuada por el derecho al acceso a la salud, sino que tal y como sucedió en Wuhan, China, las prisiones son focos de infección en los que potencialmente se generará mayor propagación e infección en las entidades donde se encuentran.

Por otra parte, tal y como sucede en el mundo exterior, es altamente probable que exista un subregistro de contagios, dado que en muchos casos hemos tenido noticias de familiares o personas privadas de libertad con síntomas, pero no son atendidos de ninguna manera y por tanto no se reportan. Es importante mencionar que al estar bajo un encierro prolongado y extraordinario, los centros penitenciarios del país tienen la capacidad de tener una menor transparencia con respecto al conteo de defunciones, contagios e incidentes de violencia. Esto, a fin de cuentas, se refleja en que en ciertos estados puede haber una correlación exacta entre número de defunciones con el de contagios, haciendo muy complicado saber a ciencia cierta si, en efecto, se están reportando todos los contagios o solo los casos graves o letales.

Actualmente existen 295 centros penitenciarios, de los cuales por medio de los reportes a la CNDH u otras instituciones se debería tener un registro centralizado del crecimiento de la ola de contagios en el país. Sin embargo, esto no se ha logrado por la falta de transparencia antes mencionada, así como la dificultad práctica de centralizar la información a través de reportes de medios que atienden a diversas coyunturas fuera del tema penitenciario. Hemos notado, además, que se está generando información con respecto de los mismos centros continuamente, pero hay un silencio grave de cientos de otros más, por lo que es lógico pensar que los reportes o atenciones que están dando ante la crisis de salubridad son escasas o nulas.

La curva de casos acumulados aún se encuentra lejos de ser aplanada y de manera ineludible seguirá incrementándose. Por ello es necesario que, a la par, mejoren las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad, disminuyan los niveles de sobrepoblación y hacinamiento; y se garantice el acceso al derecho a la salud.

Al día de hoy 30 de abril de 2020, existen 2 casos de defunciones, 2066 liberaciones, 73 contagios y 6 incidentes de violencia. Si bien los datos podrían parecer señalar que se están tomando acciones acertadas para el tratamiento de la crisis, es importante señalar que, de ninguna manera, es suficiente.

Esto se debe, en primer lugar, que aún existen muchas dudas con respecto a la Ley de Amnistía y los efectos que tendrá con la población privada de libertad en México en el marco de esta pandemia. Como hemos mencionado anteriormente, esta ley no podrá tener su efecto (ni los alcances al grueso de la población penitenciaria) con la velocidad idónea que la coyuntura demanda. En cualquier caso, por tanto, es necesario recordar a las autoridades con severidad que es imperante hacer uso de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) y de todos los juzgados de ejecución de penas en todas y cada una de los entidades del país para poder hacer frente a la propagación, violencia y/o muertes derivadas del virus.

En este sentido, los datos presentados en el Mapa Penitenciario COVID-19 nos permiten comprender que para lograr un efecto que, como tal, haga un frente unido ante COVID-19, aún faltan muchísimas acciones por parte de las autoridades. Una lamentable noticia, por ejemplo, en la Ciudad de México fue el plazo extendido de la suspensión de labores de juzgados de ejecución, cuestión posiblemente replicada en otros estados de la República.

Asimismo, debemos puntualizar el caso del Centro Penitenciario de Puente Grande, Jalisco que en poco menos de una semana pasó de tener 8 contagios a 45, en contraste con la pasividad de las autoridades jurisdiccionales que no han implementado medidas para despresurizar ese sistema.

Para finalizar, la información compartida en el Mapa Penitenciario COVID-19 fue conseguida a través de monitoreo de medios y en contraste con la información obtenida en colaboración con la CNDH. Sin embargo, esto no significa  que se tenga una visión íntegra y completa de todo lo que está pasando en los centros penitenciarios del país, sino una aproximación. Como hemos podido constatar a través de entrevistas con personas privadas de libertad y familiares en diferentes entidades del país, en varios y preocupantes casos, las autoridades han hecho atención mínima a la salubridad de las personas, negándoles el acceso a cloro, mascarillas o guantes y sin atender el hacinamiento que existe en ciertos centros penitenciarios del país, cosa que solamente beneficiará la propagación y crisis de salud.