MAPA PENITENCIARIO
COVID-19

Monitoreo de la pandemia en centros penitenciarios mexicanos.

Última actualización: 06 de abril de 2021

4,388

CONTAGIOS

352

FALLECIMIENTOS

21

INCIDENTES DE VIOLENCIA

3,972

LIBERTADES OTORGADAS

1,214

VACUNAS APLICADAS

DESGLOSE DE CIFRAS

DATOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

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SEXTO BALANCE: 3 DE MARZO DE 2021

La vacunación de la población penitenciaria es una responsabilidad social y sanitaria urgente

  • Entre personal penitenciario y personas privadas de libertad, a un año de la pandemia, fallecieron 350 personas y se contabilizaron 4 mil 305 contagios.
  • Todo el país corre riesgos graves si no se atiende a esta población.
  • A la fecha, ninguna persona privada de libertad ha sido vacunada. Por ello, incorporamos un nuevo indicador en el MapaCOVID-19: vacunas aplicadas a personas privadas de libertad.

El 31 de marzo de 2020, 5 personas en un centro de reinserción social del Estado de México reportaron malestares con sintomatología propia de la Covid-19. A los pocos días, serían confirmados como los primeros casos de infección dentro del sistema penitenciario. Después, el patente desorden, desinterés e incapacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza comenzó a cobrar vidas. Las acciones precisas y conjuntas tardaron en aparecer en las 289 prisiones del país, mientras en algunas, nunca llegaron. Si bien se cancelaron visitas o se restringió inhumanamente la salida de estancias, elevando las horas de hacinamiento en las celdas de por sí sobrepobladas -45.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional comparte su celda con más de cinco personas1, el estatuto de las personas privadas de libertad como ciudadanas de segunda clase, jugó gravemente en su contra y hoy, se siguen contando las consecuencias.

A un año de los primeros contagios registrados en el país, la pandemia continúa en el sistema penitenciario. Del último balance que se llevó a cabo del Mapa Penitenciario-COVID19, el pasado 11 de noviembre, los números de contagios y muertes han mantenido un crecimiento constante: 350 fallecimientos y 4 mil 305 contagios, de las cuales corresponden a personas privadas de libertad, 280 decesos y 3 mil 791 contagios. Sin embargo, estos números recopilados a partir del monitoreo de medios locales y nacionales, así como solicitudes de acceso a la información, continúan siendo mucho más elevados que los reportados por la CNDH, el 2 de marzo, 3 mil 309 contagios y 251 decesos.

La falta de transparencia del sistema penitenciario, ya sea estatal o federal, se puede señalar como una razón importante de esta disincronía. A pesar de las reiteradas demandas de la sociedad civil por esclarecer las metodologías y mecanismos para evitar contagios dentro de los centros, especialmente aquellas que pudieran sobrepasar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, no se podría decir que en 11 meses hubo particular atención a estas demandas. Más bien, si ya existía un blindaje de información en el sistema penitenciario, esto se agudizó durante la pandemia. Generando violencia al interior, protestas al exterior, angustia en familiares y, por supuesto, alarma para el respeto de los derechos humanos en el país, el sistema penitenciario no ha podido con la magnitud del problema que le aqueja. Por ello, con el objetivo de contribuir a la visibilización de la urgencia de vacunar a la población privada de libertad, desde ASILEGAL, incorporaremos un nuevo indicador al Mapa Penitenciario Covid-19: vacunas aplicadas.

Las personas privadas de libertad han adolecido como ningún otro grupo poblacional los estragos de la pandemia. Se les quitó el trabajo, el deporte, la salud, el acceso a visitas familiares, visitas íntimas, y el simple hecho de salir a tomar el sol y, aún así, el esquema de vacunación mencionado por Hugo López Gatell, el pasado 2 de febrero, solo contempló a las personas mayores de 60. Esto no es suficiente y, a largo plazo, dañino para el resto de la población.

El contexto de deficiencias de servicios de salud en el 40.44%2 de todos los centros penitenciarios del país, así como la sobrepoblación en el 33%3 de los centros estatales hizo impensable la posibilidad de la sana distancia desde el inicio. Como consecuencia, el hacinamiento anteriormente mencionado y la reclusión a celdas de castigo se empezaron a convertir en normas. Los atropellos a derechos humanos llevaron a la absoluta desesperación de familiares que rogaban por saber el mínimo de información, que las autoridades se rehusaron a proporcionar. Esto llevó a que, como anunció la CNDH, se hicieran en este año 1,038 quejas, de las cuales el 51% fueron sobre el derecho a la salud. Un incremento de 717% a comparación con el 2019, donde se hicieron 138, pero sorprendentemente ameritó la misma cantidad de recomendaciones en ambos años: tan solo 13.

Sin la protección de los organismos fundados y puestos para velar por los derechos humanos de todo el grueso poblacional o, más bien, con apoyos que parecieron inconsecuentes e irrelevantes para atacar los efectos de la pandemia, las personas privadas de libertad se han visto forzadas a sobrevivir en la pandemia con todos los elementos en su contra. Además, como ya se dijo anteriormente, de los 4 mil 305 contagios contabilizados, 3 mil 791 corresponden a personas privadas de libertad, mientras 514 corresponden a personal de los centros. Esto tiene efectos profundos en la población general, no solo en lo que respecta al sistema penitenciario.

Los centros de reinserción social, estatales, federales y militares, no son espacios asilados completamente herméticos como lo podría ser un hospital Covid-19. Las personas, inclusive con rotaciones y medidas de salubridad relativas, regresan a sus casas, a sus comunidades que pueden estar en los centros de ciudades, van a hacer compras del supermercado, tienen familias y el potencial de contagios que pueden propagar por cumplir sus funciones no pueden ser menospreciadas. Vacunar a las personas privadas de libertad, así como al personal penitenciario, tiene una mayor importancia que solamente podría ser comparable con el personal médico. Las consecuencias de hacer caso omiso, por punitivismo, estigma y resentimiento social hacia lo que suceda dentro de los centros penitenciarios, tiene efectos graves en el resto de la población.

En el caso, además, de centros que se encuentran alejados de zonas urbanas, puede ser aún más agudo. En pequeñas poblaciones donde la economía local recae principalmente en la existencia de dicho centro, la posibilidad de contagios masivos terminará por decimar a poblaciones que no tendrían acceso a hospitales preparados para hacer frente a la crisis. Defender los derechos de las personas privadas de libertad, su acceso a la salud en el contexto pandémico, significa cuidarnos a todas y todos.

Tenemos la responsabilidad social de vacunar a las personas más vulnerables, a las personas que más han arriesgado y perdido por los efectos de la pandemia. Entender que las personas privadas de libertad forman parte de ese grupo es esencial para poder comenzar a reconstruir el país.

El problema parece ser que las propias autoridades penitenciarias no han podido abstraer la importancia del papel que tienen para poder cuidar no solo a la población que atienden, sino a las miles de personas que convergen a través del sistema penitenciario. Desde ASILEGAL, hace una semana litigamos el caso de Esthela, una mujer privada de libertad con condiciones médicas que la convierten en población altamente vulnerable, por lo que se presentó una petición administrativa para que pudiera tener acceso a la vacuna antes de que su vida se ponga aún más en riesgo.

Al ser presentadas las autoridades penitenciarias con la oportunidad por pugnar e interesarse por su población, la respuesta ante la petición fue negativa y defensiva. Argumentaron que en tanto la secretaría de salud no hizo una referencia específica a la población privada de libertad, no perciben estar obligados a proporcionar la vacuna. Esto demuestra que las autoridades no tienen la intención de colaborar y demandar a otros organismos por la población que es su responsabilidad. Afortunadamente, el juez resolvió a favor de Esthela y las autoridades penitenciarias se verán obligadas a exigir a la secretaría de salud que se tome su población en cuenta, pero al mismo tiempo, queda la duda sobre cuántos sistemas penitenciarios estatales seguirán la pauta si no son obligadas por un juez.

El caso de Esthela, el peligro que corre su vida, se replica en todos los centros penitenciarios del país. Y debemos no bajar el dedo del renglón: la responsabilidad social por vacunar a las personas privadas de libertad, se relaciona íntimamente con lograr darle fin a esta crisis sanitaria. Debemos vacunar a todas las personas que convergen dentro del sistema penitenciario urgentemente.

[1] Informe especial CNDH junio 2020 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/IE_COVID19_Penitenciarios.pdf
[2] CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2019), pg. 8
[3] Ibíd. Pg. 9

QUINTO BALANCE: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

La pandemia en prisiones está en inminente riesgo de agudizarse por rebrotes

  • Tras 8 meses de iniciada la crisis sanitaria por COVID19 en las prisiones, continuamos frente a una curva de contagios en constante crecimiento y con poca información para defender derechos humanos.

El último trimestre del COVID-19 en los centros penitenciarios describe opacidad y peligro. Después de semanas consecutivas donde la información sobre el sistema penitenciario ha sido cada vez más escasa, la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado 7 de noviembre, relató la inminencia de un peligroso rebrote dentro de los centros del país.

La Comisión detalló, como advertencia, la necesidad de apoyo psicoemocional, social y sanitario para todas las personas privadas de libertad, así como para aquellas que trabajen como plantilla regular de los centros, pues el futuro próximo probará ser complicado: “Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa la imperante necesidad de reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas en carácter de urgente que eviten en la medida de lo posible un repunte de casos al interior de los centros penitenciarios del país; lo anterior, tomando en cuenta que, en meses pasados, los grupos de atención prioritaria mayormente afectados fueron significativamente las personas privadas de la libertad dadas las condiciones en las que se encuentran, pese a los importantes esfuerzos realizados por las autoridades competentes para mitigar el menor número de contagios”.

En ASILEGAL, con base en lo que hemos podido analizar en los últimos dos meses de monitoreo y seguimiento de la pandemia en el sistema penitenciario, consideramos oportunas y acertadas las apreciaciones de la CNDH. La pandemia desde la privación de la libertad se mueve y evoluciona con parámetros diferentes al exterior. En abril, mientras se pedía al grueso de la población que se guardara en casa y exagerara los cuidados sanitarios, el sistema penitenciario comenzaba a cancelar visitas y restringir los accesos a los centros en mayor medida posible. Sin embargo, como era previsible, esto no fue suficiente y una vez registrado el primer contagio, ha sido imposible detener el crecimiento de la curva.

De acuerdo al monitoreo que realizamos en ASILEGAL, del 31 de marzo al 30 de junio, se registraron 904 contagios. Es decir, 301.3 cada mes. En el siguiente trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre, el acumulado asciende a 2 mil 453 (817.6 por mes), lo que significa que, para el segundo trimestre, el número de contagios aumentó hasta en un 271% respecto del primero. En el último, que aún está en curso, del 30 de septiembre al 10 de noviembre, se registraron 172 contagios; es decir en las primeras seis semanas del tercer trimestre se registró una disminución en un 9.7% respecto a las primeras seis semanas del segundo trimestre. Es importante notar que esto no quiere decir que la amenaza decrece, sino que la información a la mano aún no se termina de recopilar, pues los accesos han sido cada vez más limitados.

El incremento continuo puede verse reflejado en que 20 entidades en el país presentaron más contagios en el segundo trimestre en comparación con el primero, donde en 7 entidades se presentaron los primeros contagios por primera vez: Baja California Sur, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Hasta la fecha, Aguascalientes es el único estado que no ha reportado contagios por COVID-19.

La pandemia no cede en el sistema penitenciario. A la fecha, después de 8 meses de un esfuerzo interdisciplinario por mantener el registro vivo de cómo la propagación afecta a las personas privadas de libertad, en ASILEGAL contamos 3 mil 529 personas que se han infectado y 332 defunciones (cifras totales de personas privadas de libertad y personal penitenciario).

Los tres estados con más contagios son la CDMX con 1,394; seguido de Puebla con 353 y Jalisco con 303. En contraste, las entidades con menos contagios son: Querétaro (4), Michoacán (3) y Tlaxcala (3). De esto, a su vez, es importante resaltar el silencio con el cual han operado diversos estados de la República al fallar en hacer una notificación concisa y continua de la evolución de contagios y muertes dentro de sus centros penitenciarios.

En el paso de los últimos dos meses, desde ASILEGAL, enviamos solicitudes de acceso a la información correspondientes a todos los estados de la República, así como a centros penitenciarios particulares para conocer qué medidas se han implementado, así como una revisión general entre la información publicada periódicamente por la CNDH sobre contagios y defunciones derivadas del virus en el sistema penitenciario. Si bien pudimos constatar una coherencia entre lo publicado por la CNDH con la respuesta de los estados, al menos 13 entidades fallaron en responder las solicitudes, abonando a la opacidad y falta de rendición de cuentas necesarias para la defensa y procuración de las personas privadas de libertad. Entre los estados que no respondieron o se declararon incompetentes, por demás, es grave que no respondan ante las preguntas de la ciudadanía pues configuran 2 mil 185 contagios en dichas entidades. Es decir, albergan el 61.91% de las personas que se han contagiado en privación de la libertad: CDMX, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Yucatán. Siendo los casos más graves de falta de información la CDMX y Puebla, pues como se señaló anteriormente, son las dos entidades con más contagios del país.

No podemos bajar el renglón de que las afectaciones derivadas de la pandemia transversan gravemente, por un lado, el derecho a la salud de las personas, el cual “se considera como un derecho que integra no sólo la idea de curar la enfermedad, sino también de prevenirla, por lo que el entorno físico y social del hombre adquiere una nueva relevancia dentro de este derecho”, según señaló la CNDH. Y, por otro, la urgencia de comprender que conforme han avanzado los meses, también han descendido las temperaturas en todo el país, por lo que catarros comunes o gripas, se convertirán en un móvil de infección y contagio sumamente alarmante.

Tal y como hemos dicho en repetidas ocasiones, desde ASILEGAL consideramos que la única vía para hacer un frente efectivo y contundente contra la propagación de contagios y defunciones por el virus es la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal a través de los beneficios preliberacionales, de manera que la sobrepoblación y hacinamiento bajen en todo el país, en el caso de las personas sentenciadas. A su vez, exigimos que se revise con atención el innecesario punitivismo y exagerado uso de la prisión preventiva como arma predilecta del sistema judicial en contra de la población, pues a septiembre 2020 aún hay 78 mil 329 (el 36.57% de toda la población) personas sin sentencia dentro del sistema penitenciario.

Finalmente, demandamos que se exageren las precauciones a grupos en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres que viven con sus hijas e hijos en reclusión, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, pues su atención es una responsabilidad del Estado y fallar en otorgarla constituye una falta grave a los derechos humanos de la población privada de libertad.

CUARTO BALANCE: 18 DE JUNIO DE 2020

No puede haber regreso a la normalidad con el semáforo penitenciario en rojo

Con el paso del mes de junio es imposible ignorar que hemos llegado, día tras día, a nuevos picos de contagio a nivel nacional. El pasado 2 de junio, particularmente, se cruzó la línea que no había sucedido hasta ahora: se rebasó el conteo de muertes en un día de Estados Unidos, el país que más contagios registra, con 1092.

El panorama penitenciario, por su parte, continúa avanzando con alarmantes crecimientos en diversos estados como Puebla o Jalisco, mismos que lideran el conteo nacional en centros penitenciarios con 229 y 132, respectivamente. A su vez, otros estados que hasta el momento se habían mantenido en silencio o sin reporte, comienzan a empezar a mostrar contagios y muertes, como es el caso de Colima, con 7 contagios y un deceso o Coahuila con un contagio. Esto, por supuesto, sin contar los casos sospechosos.

Han pasado ya 79 días desde que en ASILEGAL iniciamos este esfuerzo por visibilizar la precariedad que enfrentan las personas privadas de libertad y, sobre todo, cómo esta se exacerbó y desnudó frente a la crisis sanitaria del COVID-19. A la fecha, hemos registrado 672 casos de personas contagiadas, 576 personas privadas de libertad y 96 correspondientes al personal penitenciario, es decir, en promedio se presentan 8.5 contagios por día al interior de los centros penitenciarios.

Así se ve la curva de casos acumulados de COVID-19 presentados al interior de los centros penitenciarios a nivel nacional.

Mientras que las curvas epidemiológicas en los estados con mayor número de casos confirmados de COVID-19, nos hablan de los inicios de brotes de contagio en diferentes momentos de la crisis, por ejemplo, tanto para Jalisco como para el Estado de México, los primeros contagios se presentaron en una etapa temprana: a finales del mes de marzo y principios del mes de abril, respectivamente. Por otro lado, se observa un aplanamiento de la curva epidemiológica, ya que no se han presentado nuevos casos desde inicios del mes de junio, lo cual en apariencia nos habla de un control o disminución en la propagación del virus.

En tanto, en el caso del estado de Puebla, aunque los primeros casos se presentaron hasta el 20 de mayo, la curva ha ido creciendo de manera acelerada, colocando hoy en día a Puebla como la entidad con el mayor número de contagios: (229) al interior de los centros penitenciarios, 195 personas privadas de libertad y 34 casos entre el personal penitenciario.

Como el caso de Puebla, aún podemos ver brotes importantes de contagios al interior de los centros penitenciarios, incluso de aquellas entidades que a la fecha no han reportado ningún caso de contagio ni de personal penitenciario ni de personas privadas de la libertad como los estados de Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

Las liberaciones, a su vez, han ido en un importante descenso: en los últimos 15 días se han liberado a 210 personas, mientras que el conteo total suma 3625. Si bien se empezó con el pie derecho, firmemente ubicado en reconocer que dadas las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y salubridad que imperan en los centros penitenciarios era urgente desahogar los números de población, paulatinamente hemos visto que esta intención ha disminuido.

Es por ello que parece necesario recordar que, al día de ayer, 16 de junio 2020, se cumplen 12 años de la instauración del “nuevo” sistema de justicia y 4 años de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). De haber prestado la atención necesaria a las herramientas que presenta y conforman a la LNEP no estaríamos frente al mismo panorama de peligro de contagios y muertes que atendemos actualmente. Solo por señalar tres ejemplos:

  • Los 32 estados contarían con una Unidad de supervisión de beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de libertad, unidad que atacaría integralmente la gravedad del hacinamiento y sobrepoblación.
  • 10,696 mujeres que actualmente están privadas de libertad tendrían mejoras dramáticas en sus condiciones de internamiento acorde a estándares internacionales y con un enfoque de género, mismas fallas que hoy en día, a la par del COVID-19, perpetúan el estado de menosprecio de derechos que sufren las mujeres en prisión.
  • Finalmente, si se voltea a ver esta herramienta como la llave para atender la pandemia, el riesgo de las más de 200,000 personas privadas de libertad (así como el personal penitenciario) frente a los contagios, muertes e incidentes de violencia, sería reducido a través de liberaciones con apego a la ley y derechos humanos.

 

Es importante señalar que dadas las condiciones que han supuesto las autoridades de salubridad como el subsecretario Hugo López Gatell, para los centros penitenciarios el semáforo es invariablemente rojo. En el momento que llegan las recomendaciones sobre la llamada “nueva normalidad”, no deja de llamar la falta de atención y de respuestas satisfactorias de las autoridades (fuera de los reportes periódicos de la CNDH) para atender a la población privada de libertad. Es por ello que dados los presentes resultados esperamos que se pueda tener aún más información, desglosada y precisa, sobre cómo se vería un regreso a los derechos que se han negado bajo el contexto de la pandemia, especialmente lo referente a visitas presenciales, conyugales y con los defensores de las personas privadas de libertad.

ASILEGAL continúa investigando y luchando desde la trinchera de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. Recordamos e instamos a las autoridades a redoblar sus acciones y no olvidarse de las personas de quienes el Estado es responsable. La crisis del virus en el sistema penitenciario no puede regresar a la “vieja” normalidad, sino que se debe buscar instaurar con apego a la ley un nuevo horizonte penitenciario donde la reinserción social deje de ser utopía y se convierta en hecho.

TERCER BALANCE: 25 DE MAYO DE 2020

Se disparan contagios en centros penitenciarios

    • Sale a la luz la infodemia del gobierno que invisibiliza a las personas privadas de libertad.
    • Ya no hay  liberaciones. La desinformación se propaga desde las autoridades federales hasta el personal penitenciario y familiares, lo que ha derivado en protestas, huelgas de hambre y motines.

Al día de hoy, lunes 25 de mayo, el Sistema Penitenciario presenta 256 contagios (211 personas privadas de libertad y 45 custodias/os y/o personal penitenciario), 41 muertes (29 personas privadas de libertad y 12 custodias/os y/o personal penitenciario), 11 incidentes de violencia y 2 mil 688 liberaciones. A diferencia del reciente anuncio del Subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López Gatell, del aplanamiento de la curva de contagios, el panorama penitenciario no parece prometedor. Las prisiones a lo largo y ancho del país están sufriendo de una manera completamente diferente al resto de la población, y con ello suponen un sector exageradamente vulnerable donde el número de contagios y muertes sigue avanzando, mientras que la atención de las autoridades ha menguado notablemente en los últimos quince días.

En la conferencia de prensa del 24 de mayo, el Dr. López Gatell y el Dr. José Luis Alomía, al ser cuestionados sobre la actualidad del sistema penitenciario frente al Covid-19, respondieron de manera evasiva e inconclusa. Lo mencionado por ambos, no colabora en esclarecer la realidad a la que se están enfrentando las personas privadas de libertad y el personal penitenciario. Resaltando con particular atención y gravedad el hecho de que se señaló la inexistencia de una variable que identifique si una persona contagiada o fallecida, se encontraba en estado de reclusión al momento de contraer el virus. Además, citando al Dr. López Gatell, la noción de que “se ha logrado segmentar a la población para evitar más riesgos y contagios”, desde nuestro monitoreo en redes así como conversaciones con familiares y personas privadas de libertad en distintos puntos del país, es complicada de respaldar. Cabe señalar, además, que tal y como mencionamos en abril, el protocolo indicado por el Dr. López Gatell para atender la emergencia en los CEFERESOS, es inaplicable a la realidad de los centros estatales del país.

A comparación de nuestro último corte, publicado el pasado 11 de mayo, el flujo de información se hizo paulatinamente más lento, mientras que los reportes de la CNDH presentaban cifras difíciles de contrastar con lo publicado en medios de comunicación. A su vez, las autoridades parecen haber dejado de un lado la recomendación que se ha hecho reiteradamente desde la sociedad civil por acelerar los procesos preliberacionales como la mejor vía para atender la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población privada de libertad. Fue precisamente dicho 11 de mayo que pudimos constatar la última acción de liberaciones por parte de las autoridades, desde entonces no se ha dado seguimiento en ninguna de las entidades federativas del país.

Después de dos meses de que se presentara el primer caso de contagio de COVID-19 al interior de los centros penitenciarios, al día de hoy se han contabilizado un total de 211 casos de personas privadas de libertad. Este número, no obstante, aún siendo alarmante y elevado, continúa sin ser conclusivo ni exacto. A lo largo de las últimas semanas, según pudimos constatar, se han presentado protestas y demandas al interior de los centros que exigen atención médica ante los cuadros de enfermedad que presentan varios internos, dando cuenta de que podrían haber más casos de los que se confirman.

Si bien en algunas entidades se han implementado medidas para frenar la propagación, como cancelación de visitas, traslados, aislamiento a personas con síntomas y algunas preliberaciones, seguimos señalando que esto no es suficiente. Con el progreso de las últimas semanas, se ha hecho patente que la atención médica oportuna no ha sido una prioridad para el sistema penitenciario, lo cual por supuesto incluye la aplicación de pruebas a todas las personas y personal en los centros penitenciarios. La muestra mencionada en la conferencia del Dr. López Gatell de 11 centros con 1578 pruebas, no es sólo insuficiente sino también inverosímil que podría señalar la situación que se vive en los más de 300 centros que existen en el país, que albergan a más de 200,000 personas privadas de libertad, además de que es obvio que muchos centros se encuentran aislados entre sí.

En países como Ecuador, Estados Unidos e incluso Haití se han implementado pruebas no sólo a las personas que presentan un cuadro clínico similar al del COVID-19, sino a toda la población en prisión como en el caso de California en Estados Unidos, donde 443 de 1,055 personas dieron positivo a la prueba o el caso de Ecuador donde de una población de 610, 420 resultaron positivo.

En este sentido, las pruebas al interior de los centros se hacen imprescindibles, ya que las personas privadas de libertad se encuentran totalmente bajo responsabilidad del Estado, quien debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de estas minorías, su seguridad y sobre todo acceso a una atención médica efectiva, oportuna y de calidad.

Continuar con un subregistro como el que se ha presentado, donde en sólo 14 de las 32 entidades se han reportado casos de contagios, sólo contribuirá a continuar con esta cultura de corrupción, opacidad que subyace dentro de nuestro sistema de justicia, lo cual tiene como consecuencias, graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es necesario exigir a las autoridades de los 18 estados restantes, más de la mitad del país, a rendir cuentas como deben y detener ante todo que los abusos se sigan replicando.

Ante todas estas complicadas aristas de la crisis penitenciaria por Covid-19, es absolutamente esencial que se tomen las siguientes acciones a la brevedad: abran de nuevo los juzgados de ejecución penal que llevan semanas cerrados, que se centralice y desglose la información aportada por cada estado con respecto a su población penitenciaria y, finalmente, que se retomen con urgencia las liberaciones que se plantearon al inicio de la pandemia, pero que han caído en olvido o letargo de las autoridades correspondientes.

SEGUNDO BALANCE: 11 DE MAYO DE 2020

Falta de transparencia crea un subregistro de contagios y defunciones

El día de hoy, 11 de mayo 2020, nos encontramos ante un incremento exponencial de contagios en los centros penitenciarios a lo largo de todo el país. Como lo hemos anunciado en anteriores y reiteradas ocasiones, la necesidad de acelerar procesos preliberacionales a través de la LNEP es absoluta y urgente.

Los datos que hemos podido recopilar para nuestro Mapa Penitenciario Covid-19, constatado a través de reportes oficiales y de medios tanto estatales como nacionales, a este segundo corte indican lo siguiente: 126 contagios, 12 defunciones y 6 incidentes de violencia teniendo como causa directa temas relacionados con contagios, visitas y acceso a la salud. A su vez, se han llevado 2 mil 431 liberaciones en el contexto de la pandemia.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, a partir de la última semana de abril fue cuando despuntó la curva de casos aculumados. En dicha semana es donde se registró el mayor número de contagios, alcanzando la cifra de 63 personas confirmadas con COVID-19: 61 personas privadas de libertad y 2 del personal penitenciario. Además, esta semana inició con el reporte de 16 personas contagiadas, de las cuales 9 corresponden a personal penitenciario. 

No podemos dejar de enfatizar la idea de que si bien podría parecer un número importante 2 mil 431 liberaciones, aún quedan más de 200 mil personas privadas de libertad y, a su vez, custodios, doctoras y demás personal no privado de libertad que están en riesgo. Los números, inevitablemente, seguirán subiendo y con ello la urgencia de entender que este contexto no sólo es una crisis humanitaria acentuada por el derecho al acceso a la salud, sino que tal y como sucedió en Wuhan, China, las prisiones son focos de infección en los que potencialmente se generará mayor propagación e infección en las entidades donde se encuentran.

Por otra parte, tal y como sucede en el mundo exterior, es altamente probable que exista un subregistro de contagios, dado que en muchos casos hemos tenido noticias de familiares o personas privadas de libertad con síntomas, pero no son atendidos de ninguna manera y por tanto no se reportan. Es importante mencionar que al estar bajo un encierro prolongado y extraordinario, los centros penitenciarios del país tienen la capacidad de tener una menor transparencia con respecto al conteo de defunciones, contagios e incidentes de violencia. Esto, a fin de cuentas, se refleja en que en ciertos estados puede haber una correlación exacta entre número de defunciones con el de contagios, haciendo muy complicado saber a ciencia cierta si, en efecto, se están reportando todos los contagios o solo los casos graves o letales.

Actualmente existen 295 centros penitenciarios, de los cuales por medio de los reportes a la CNDH u otras instituciones se debería tener un registro centralizado del crecimiento de la ola de contagios en el país. Sin embargo, esto no se ha logrado por la falta de transparencia antes mencionada, así como la dificultad práctica de centralizar la información a través de reportes de medios que atienden a diversas coyunturas fuera del tema penitenciario. Hemos notado, además, que se está generando información con respecto de los mismos centros continuamente, pero hay un silencio grave de cientos de otros más, por lo que es lógico pensar que los reportes o atenciones que están dando ante la crisis de salubridad son escasas o nulas.

La curva de casos acumulados aún se encuentra lejos de ser aplanada y de manera ineludible seguirá incrementándose. Por ello es necesario que, a la par, mejoren las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad, disminuyan los niveles de sobrepoblación y hacinamiento; y se garantice el acceso al derecho a la salud.

PRIMER BALANCE: 30 DE ABRIL DE 2020

La pandemia alcanza las prisiones mexicanas

Al día de hoy 30 de abril de 2020, existen 2 casos de defunciones, 2066 liberaciones, 73 contagios y 6 incidentes de violencia. Si bien los datos podrían parecer señalar que se están tomando acciones acertadas para el tratamiento de la crisis, es importante señalar que, de ninguna manera, es suficiente.

Esto se debe, en primer lugar, que aún existen muchas dudas con respecto a la Ley de Amnistía y los efectos que tendrá con la población privada de libertad en México en el marco de esta pandemia. Como hemos mencionado anteriormente, esta ley no podrá tener su efecto (ni los alcances al grueso de la población penitenciaria) con la velocidad idónea que la coyuntura demanda. En cualquier caso, por tanto, es necesario recordar a las autoridades con severidad que es imperante hacer uso de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) y de todos los juzgados de ejecución de penas en todas y cada una de los entidades del país para poder hacer frente a la propagación, violencia y/o muertes derivadas del virus.

En este sentido, los datos presentados en el Mapa Penitenciario COVID-19 nos permiten comprender que para lograr un efecto que, como tal, haga un frente unido ante COVID-19, aún faltan muchísimas acciones por parte de las autoridades. Una lamentable noticia, por ejemplo, en la Ciudad de México fue el plazo extendido de la suspensión de labores de juzgados de ejecución, cuestión posiblemente replicada en otros estados de la República.

Asimismo, debemos puntualizar el caso del Centro Penitenciario de Puente Grande, Jalisco que en poco menos de una semana pasó de tener 8 contagios a 45, en contraste con la pasividad de las autoridades jurisdiccionales que no han implementado medidas para despresurizar ese sistema.

Para finalizar, la información compartida en el Mapa Penitenciario COVID-19 fue conseguida a través de monitoreo de medios y en contraste con la información obtenida en colaboración con la CNDH. Sin embargo, esto no significa  que se tenga una visión íntegra y completa de todo lo que está pasando en los centros penitenciarios del país, sino una aproximación. Como hemos podido constatar a través de entrevistas con personas privadas de libertad y familiares en diferentes entidades del país, en varios y preocupantes casos, las autoridades han hecho atención mínima a la salubridad de las personas, negándoles el acceso a cloro, mascarillas o guantes y sin atender el hacinamiento que existe en ciertos centros penitenciarios del país, cosa que solamente beneficiará la propagación y crisis de salud.

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA

¿Qué está sucediendo al interior de los centros penitenciarios?

La crisis de salubridad que atraviesa el país es un problema de múltiples aristas, donde destaca especialmente el exceso de información. Ante la dificultad de contrastar y dar seguimiento a lo publicado con respecto a las acciones entorno a los centros penitenciarios de México, desde ASILEGAL, presentamos el Mapa Penitenciario COVID-19. Una herramienta interactiva que busca condensar en una sola plataforma la información necesaria para abstraer cómo se está atendiendo la pandemia global en los centros penitenciarios del país. 

El objetivo del Mapa Penitenciario COVID-19 es visibilizar la magnitud de la crisis que se está desarrollando dentro de los centros del país y, a su vez, contrastar con las libertades que están otorgando las autoridades judiciales, como medida básica y necesaria para despresurizar el sistema penitenciario. 

Para atender la evolución de la coyuntura, el Mapa se vale de 4 rubros básicos, mismos que se visualizan según la entidad donde se presentan. Estos son:

Número de personas contagiadas de COVID-19 (se engloban personas privadas de libertad y personal penitenciario).

Número de defunciones por COVID-19 (se engloban personas privadas de libertad y personal penitenciario).  

Número de incidentes de violencia derivados de las medidas sanitarias implementadas (motines, riñas, entre otros).

Número de libertades otorgadas a personas privadas de libertad. 

A través de un monitoreo constante de medios de comunicación y en seguimiento de los reportes del Mecanismo de Monitoreo Nacional por Covid-19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Mapa Penitenciario COVID-19 mantendrá una actualización constante para lograr ser una herramienta útil para el análisis de esta crisis.

Cabe resaltar que la información vertida en el mapa se afianzará sobre datos confirmados y contrastados, por lo que se tomó la decisión de no incluir casos sospechosos o mociones de las autoridades por buscar liberar personas.

ACTUALIZACIÓN 03 DE MARZO 2021

Se incorpora al monitoreo el indicador «Vacunas aplicadas», con el cual se busca visibilizar las acciones que realiza el gobierno para proteger la salud de las personas privadas de libertad.

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