El proceso electoral 2021 será el más grande en la historia de México, debido al gran número de cargos que se elegirán. Es decir, 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, así como 15 gubernaturas, la renovación de congresos locales, ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Por ello debemos hablar de la importancia de la postulación de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQPA para revertir los impactos negativos que ha vivido este sector a lo largo de la historia político-social en México.
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) establecieran que los partidos políticos debían postular como candidatas/os a puestos de elección popular a personas pertenecientes a grupos vulnerables (personas de la diversidad sexual LGBTTIQPA, personas indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad), al menos siete candidatas/os de esta comunidad tenían que haber aparecido en las boletas para las elecciones a gobernador. Asimismo, cada partido debía contar con al menos dos fórmulas con personas de la diversidad sexual en cualquiera de las trescientas (300) diputaciones federales y al menos una fórmula de los primeros 10 lugares de la lista de candidatos a representación proporcional.
Conforme a los datos del Proceso electoral 2020-2021 publicados en un acuerdo del INE los partidos registraron un mínimo de candidaturas que se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQPA, o en algunos otros casos no registraron candidatura alguna:
- El partido político Movimiento Ciudadano registró 28 (31.81%) de 88 candidaturas
- El partido político Redes sociales Progresistas registro 17 (19.31%) de 88 candidaturas
- El partido político Partido de la Revolución Democrática registró 10 (11.36%) de 88 candidaturas
- La coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Partido del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Verde, no postularon personas de la diversidad sexual en ninguna de sus candidaturas.
- Las candidaturas independientes tampoco postularon a personas pertenecientes a esta comunidad.
Del total de candidaturas (5,165), 88 (1.7%) se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQPA, en cambio, 596 (11.53%) prefirió no contestar.
Estos datos son relevantes, porque evidencian la insuficiencia normativa partidista para favorecer la inclusión y acceso a candidaturas a personas pertenecientes a la comunidad diversa o incluso el miedo a que no se salvaguarde el ejercicio efectivo de los derechos político electorales
La existencia de prejuicios sociales y prácticas discriminatorias hacia este grupo de la población sigue impregnada en diferentes ámbitos cotidianos y el político no es una excepción.
Es por ello que el INE, desde 2016, ha puesto en marcha algunas resoluciones como el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana” para las elecciones de 2018. Sin embargo, los partidos políticos son quienes deben tener la voluntad para postular a personas LGBTTTIQPA en candidaturas viables y competitivas.
El INE no ha sido transparente respecto al proceso para la constitucionalidad de las plataformas políticas (propuestas legislativas de carácter político, económico, y social), pues es recurrente encontrar propuestas que conllevan un enorme retroceso para la comunidad LGBTTTIQPA y para las mujeres.
Para este proceso electoral se tendría que hacer realidad la erradicación de violencia hacia la comunidad LGBTTTIQPA hacia sus derechos político electorales que conforme a el TEPJF es “un derecho fundamental que tiene todo ciudadano para intervenir en actividades de carácter público así como votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular, asociación libre y pacífica para formar parte en los asuntos políticos, afiliación libre e individual a los partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas”.
Alejandra Ramírez Martinez, es estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, actualmente realiza su servicio social en el área de comunicación de ASILEGAL
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