COMUNICADO 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA JUSTICIA EN MÉXICO, DE LA RED IBEROAMERICANA DE JUECES

 

Después de cinco días en el país, entrevistando a diferentes actores de la sociedad civil, autoridades y poderes judiciales, de diferentes entidades federativas, los comisionados informantes comunican a los pueblos de México, a los pueblos de Latinoamérica y a la comunidad internacional el siguiente resultado preliminar de su informe acerca del estado de la justicia en México:

1.- Los comisionados firmantes reconocemos al estado mexicano por la aprobación reciente de la reforma en Derechos Humanos de junio de 2011, y llamamos a los jueces y juezas mexicanas a aplicar el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, que significa, en los hechos, una verdadera revolución jurídica, que tiene en los jueces y juezas sus verdaderos hacedores, así por ejemplo, los juzgadores y juzgadoras, consecuentemente, deberán inaplicar las normas de arraigo que fueron elevadas a nivel constitucional por el legislador, terminando con esta institución violadora de garantías mínimas que tiene todo mexicano y toda mexicana. El arraigo además de atentatorio de los derechos de los justiciables, es absolutamente ineficiente para la persecución penal. 

2.- Los comisionados informantes observan que la Secretaría para la implementación del sistema de Justicia Penal no prioriza el enfoque de derechos humanos en la propuesta de políticas públicas de las reformas al sistema de justicia penal, tanto policías, procuradurías como nuevas instituciones judiciales. Los comisionados esperan que las nuevas autoridades federales den un decisivo impulso a la reforma procesal penal desde y con los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, así como asegurando los recursos necesarios para su puesta en marcha a cabalidad.

 3.- Los comisionados advierten que las informaciones indican que en México no existe tutela jurisdiccional efectiva sobre las condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad. Para cumplir seriamente con el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad debe existir, asimismo, una defensoría especializada penitenciaria, y jueces penitenciarios que asuman integralmente la ejecución de la pena. El sistema carcelario debe cambiar el paradigma de controlar la violencia con violencia, puesto que este no es exitoso en el reintegro de los condenados a la sociedad. Las cárceles son el reservorio de la tortura institucionalizada del estado, a través del hacinamiento, falta de acceso a los derechos que no son objeto de la pena, como derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, etc. esto no es aceptable y debe cambiar, siendo los jueces, a través de su mandato constitucional responsables de las condiciones en que se cumplen las penas que imponen. Los internos al no tener a quien acudir normalizan los abusos y torturas perpetuando el sistema de abusos y torturas. El estado mexicano debe asimismo crear las condiciones de transparencia del sistema carcelario que permita su debida fiscalización por la sociedad civil. Los jueces y las juezas no pueden subsidiar a un estado abusivo, convalidando actuaciones no reglamentarias, no legales, no constitucionales o no convencionales de la autoridad.

 4.- Los comisionados informantes perciben que persistiría una cultura de corrupción en los poderes judiciales de las entidades mexicanas, que se expresa desde la existencia de altos grados de informalidad estructural, a través de personas que prestan servicios gratuitamente, como la figura de los meritorios, intendentes, que en el papel, se encargan de la limpieza pero que redactan proyectos; todo lo cual permea el trato con los litigantes en diversas irregularidades como propinas o pagos por servicios propios del quehacer judicial, es un marco que, como se ha establecido en otros países de la región, da inicio y permite la corrupción institucional a mayor escala.

 5.- Los comisionados de la red de jueces exhortan al estado mexicano a garantizar la autonomía e independencia de los poderes judiciales de los estados federados, como garantía de los ciudadanos, que no tengan autonomía los transforma en débiles frente a las numerosas presiones a que se ven sujetos. Debe establecerse la desvinculación efectiva del jefe de gobierno con el nombramiento directo de los miembros de los tribunales superiores, estableciéndose mecanismo transparentes y que incluyan a la comunidad como garantes de dichas promociones.

Asimismo es necesario llegar a una verdadera profesionalización de la función judicial separando las esferas de lo decisorio de lo meramente administrativo. De la misma manera para que exista una política criminal seria, el Ministerio Público debe ser autónomo constitucional del ejecutivo. Se hace presente que nos han informado reiteradamente que, en muchas entidades federativas, sencillamente no existe separación de poderes.

 6.- De la información recogida, el estado mexicano debe establecer mecanismos expeditos de rendición de cuentas en materia del sistema judicial, los mismos jueces y juezas deben abrir sus tribunales al escrutinio público, pues el sano ejercicio de la revisión por parte de la ciudadanía del trabajo de los jueces y juezas redundará finalmente, en una mayor confianza en sus jueces y juezas.

7.- Unido a lo anterior, también informaron que no se observa, en todos los poderes judiciales mexicanos un adecuado mecanismo de reclutamiento de nuevos jueces y juezas, a quienes les encarguen la delicada tarea de declarar lo justo y velar por los derechos de los pueblos mexicanos, es así que todo indica que dichos nombramientos se siguen manejando a través de lazos clientelares, no pudiendo, hasta el momento, la educación judicial reemplazar la formación discipular.

 8.- Los comisionados abajo firmantes, afirmamos que el actual modelo de justicia del trabajo, basado en las juntas de conciliación y arbitraje, en México se encuentra en un estado que no permite, estructuralmente, constituirse en una verdadera jurisdicción que proteja a los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Creemos que ha llegado el momento de reformar la justicia del trabajo en México, no disminuyendo los derechos de los y las trabajadoras en México, sino que fortaleciendo la justicia laboral a través de un proceso expedito, rápido, oral y público, frente a Jueces y juezas laborales, independientes y autónomos. Señalamos que el actual proyecto de reforma laboral constituye un retroceso inaceptable a estadios prerevolucionarios no dignos de los pueblos mexicanos, de aprobarse dejará aún más en la indefensión a millones de personas que verán frustradas sus aspiraciones de una vida mejor y gravemente comprometida la seguridad social existente...

 

En Ciudad de México, a 5 de octubre de 2012

 

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