ASILEGAL logra la liberación de Eduardo ante un proceso marcado por la corrupción y la discriminación

caso Eduardo febrero 2016

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Eduardo es un joven que, junto con uno de sus amigos, fue acusado de robo de automóvil con violencia por unos taxistas que operan en el Estado de México. El caso fue investigado por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Robo de Vehículos con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México quien consignó al joven sin contar con los elementos de prueba necesarios para hacerlo.

La noche del 21 de febrero de éste año, Eduardo iba junto con tres amigos a comprar cerveza cuando un taxista se les cerró y empezó a insultarse con uno de los jóvenes con quien también se golpeó. Mientras esto sucedía, los demás jóvenes fueron solamente espectadores de lo que ocurría hasta que alrededor de seis taxistas, compañeros del primero, comenzaron a golpear a Eduardo con un bate hasta fracturarle un brazo y provocarle otras lesiones.

La versión que el Ministerio Público presentó ante la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue que dos jóvenes se pararon frente al taxi mientras los otros dos jóvenes destrozaban el vehículo. A pesar de que el taxista estaba amenazado con un arma, alcanzó a pedir ayuda por radio y logró que sus compañeros lo apoyaran y detuvieran a dos de los supuestos asaltantes.

ASILEGAL decidió asumir la defensa de Eduardo y le brindó asistencia jurídica durante la celebración de la audiencia de control de legalidad de detención celebrada ante la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz. Los abogados argumentaron la falta de elementos de prueba y la falta de elementos de convicción para acreditar el hecho, así como las graves violaciones a los derechos humanos de los que fue objeto Eduardo desde el momento de su detención. Finalmente, el 23 de febrero, la Juez de Control decidió  resolver que la detención había sido ilegal y dictó su total y absoluta libertad.

Durante todo su proceso, Eduardo y su familia fueron objeto de actos de discriminación por parte del personal del Ministerio Público y del hospital en el que fue atendido de las lesiones provocadas por  los taxistas quienes nunca fueron presentado ante las autoridades aun cuando el Ministerio Público tenía la obligación de iniciar una investigación en su contra y abrir así la posibilidad de que se le reparara el daño causado. 

 

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