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04 de agosto de 2019

En México, las mujeres tienen que sortear una serie de obstáculos al enfrentarse con el sistema de justicia penal. No basta con las diversas manifestaciones de violencia que sufren cotidianamente, y abandono de un Estado que proteja y garantice sus derechos, además son víctimas de una violencia institucional que se ve reflejada en la ausencia de una perspectiva de género al investigar, defender y juzgar a las mujeres.

Las Fiscalías y Policías realizan investigaciones cargadas de estigmas, en las que no existe igualdad y presunción de inocencia; las defensoras y los defensores públicos no cuentan con sensibilización ni profesionalización en derechos humanos y perspectiva de género. Por su parte, las juezas y jueces dictan sentencias sin perspectiva de género. No se analiza el contexto de las mujeres que están en conflicto con la ley, ni se cuestionan las actuaciones de los demás actores estatales involucrados en los procesos penales.

En este contexto, es necesario que la Ley de Amnistía que se analiza desde el ejecutivo federal, comprenda los casos de mujeres procesadas y sentenciadas desde la desigualdad y la violencia estructural para devolverles la justicia que el Estado les ha negado históricamente. AsiLEGAL ha documentado en específico casos de mujeres procesadas y/o sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, criminalizadas por ser drogodependientes y mujeres del fuero federal.

Homicidio en razón de parentesco

México es un país en el que las mujeres pagan con cárcel el haber sufrido partos o abortos fortuitos. Las mujeres son condenadas por el delito de homicidio, y enfrentan penas excesivas de hasta 40 años de prisión. El Estado, en lugar de cumplir su papel de garante en materia de salud sexual y reproductiva, criminaliza a las mujeres que sufren emergencias obstétricas, o, que han sido víctimas de actos u omisiones que se traducen en violencia obstétrica por parte del personal de salud.

Los procesos penales de estas mujeres reflejan las excesivas y desproporcionadas cargas que la sociedad, y los operadores del sistema de justicia imponen sobre ellas. Los reproches de Fiscales, Jueces y Defensores por no haber otorgado el cuidado “debido”, por no haber llevado su embarazo a término, o por falta de conocimiento de sus propios estados de embarazo, son argumentos comunes en los procesos llevados en su contra.

La normalización de la violencia estructural e institucional contra las mujeres agrava su situación ya que, socialmente, persiste la visión naturalizada de la maternidad. La concepción de la maternidad como “deber natural” ha implicado que su “incumplimiento” sea una fuente de criminalización que al trascender al ámbito jurisdiccional se ha proyectado en el hecho de la imposición de penalidades severas, como las previstas para el homicidio.

Criminalización de las adicciones

La mayoría de los casos que acompaña AsiLEGAL, son mujeres que enfrentan severos problemas de adicciones y que se encuentran en contextos graves de violencia. El problema comienza desde que las autoridades estatales no reconocen a la adicción como una enfermedad, a pesar de que es ya reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud. La situación empeora si se considera la inexistencia de políticas públicas en materia de salud que reconozcan esta situación como un problema de salud pública, pues en lugar de otorgar la atención que, para enfrentar este tipo de enfermedades se requiere, se implementa una política punitiva de encarcelamiento masivo.

Lo anterior se agrava cuando de mujeres se trata. Esto en virtud de que ellas deben enfrentar estigmas por tener problemas de adicciones, rompiendo con la concepción social imperante de que las mujeres son “buenas” y “puras”. Todo esto crea las condiciones idóneas para crear un sistema de justicia que criminaliza de forma sistemática y generalizada a estas mujeres.

En la actual transformación que vive nuestro país y en el marco del programa Juntos por la Paz, anunciado este 2 de agosto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende desde la Subsecretaría de Salud la resignificación de las adicciones como un tema de salud pública en aras de acabar con la criminalización de la drogodependencia, resulta más que pertinente una Ley de Amnistía que contemple devolver la justicia a las mujeres que ya están privadas de libertad criminalizadas por enfrentar esta enfermedad.[1]

Mujeres del Fuero Federal[2]

En AsiLEGAL se han documentado decenas de casos de mujeres víctimas de un uso excesivo de la prisión preventiva, que han sido olvidadas por el sistema de justicia penal. Todas ellas fueron detenidas de forma arbitraria y/o ilegal, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Fue a partir de 2011, que, como resultado de la Guerra contra el Narcotráfico se efectuó un encarcelamiento masivo de mujeres bajo causas penales conjuntas (con más coacusados) llevadas dentro del fuero federal, cuyos casos hasta la fecha no han recibido sentencia.

Aunque la figura de la prisión preventiva debiera ser una medida excepcional que tiene como finalidad asegurar la presencia de la persona acusada a su proceso, en México existe un abuso significativo, que afecta de forma considerable y desproporcionada a las mujeres: mientras el 41% de los hombres acusados de delitos del fuero federal están en espera de juicio, esta situación afecta al 58% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal. Además, a pesar de que el límite constitucional es de máximo dos años bajo esta medida cautelar, muchas de las mujeres que enfrentan procesos en el fuero federal llevan más de 2 años bajo esta medida.

En AsiLEGAL creemos en la importancia de articular acciones entre las y los actores de gobierno responsables de crear la Ley de Amnistía, con el objetivo de compartir información y experiencias en aras de lograr la transformación que México necesita en materia de justicia, que garantice el respeto a los derechos humanos de todas y todos.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC.

 

[1]Montserrat Sánchez. (2019). Gobierno Federal presenta al nuevo comisionado contra las adicciones. 2019, de Reporte Índigo Sitio web: https://www.reporteindigo.com/reporte/gobierno-federal-presenta-al-nuevo-comisionado-contra-las-adicciones/

[2] ASILEGAL. (2019). “Tortura en México: Elemento estructural del Sistema de Justicia”, de ASILEGAL Sitio web: https://asilegal.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/CAT.-Additional-Report-for-the-66th-session-submitted-by-AsiLegal-USAI….pdf

 

 

Para más información contactar a:

Miguel Hernández
Coordinador de comunicación
comunicacion@asilegal.org.mx
5687 8759

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