Personas indígenas privadas de libertad, ¿y la justicia?

 

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Quiero salir para poder ver a mi familia; si yo lo hubiera hecho estaría conforme,
pero este castigo no es para mí

Zenaida Pastrana ―mujer indígena mixteca

Hasta mayo de 2017, en México había 7 mil 433 personas indígenas privadas de libertad [1] en espera de un proceso justo, apegado a la verdad y respetuoso de sus derechos humanos. Infortunadamente, en la mayoría de los casos la espera ha resultado interminable. Rescatemos de la memoria la historia de Zenaida Pastrana, mujer indígena mixteca de Guerrero.

Un día de 2003 su esposo y un acompañante llegaron a su casa en estado de ebriedad. Él la mandó a la tienda por refrescos. Cuando volvió su esposo ya no estaba, solo había un cadáver. Poco después fue linchada por su propia comunidad: La amarraron a un poste y la golpearon. La policía intervino y, de manera arbitraria y violenta, la detuvo. Ella no supo de que se le acusaba, pues los agentes que la detuvieron se hallaban en estado de ebriedad y no le informaron nada.

En su declaración el ministerio público asentó que ese día ella había estado con su esposo y sus dos hijas, lo que jamás ocurrió, pues no tenían hijas. Y una vez consignada al juez le fue asignado un intérprete traductor que no pudo asistirla porque no hablaba su lengua.
 
Zenaida pasó ocho años seis meses tras las rejas, en espera de una resolución justa, hasta que, a partir de un recurso de apelación de la sentencia del juez de primera instancia que, por cierto, la había condenado a 30 años de prisión, el 5 de febrero de 2013 la Sala Penal la absolvió.
 
Aunque México posee una legislación basta en cuanto a reconocimiento y protección de los derechos de las personas indígenas, día a día este grupo social ve reservado un lugar en el escenario de aquellos a quienes más se les violan sus derechos humanos:
  • Falta de asistencia de un intérprete traductor en su misma lengua
  • Discriminación de las y los operadores de justicia y el personal penitenciario
  • Procesos e imposición de condenas en donde es ignorado su contexto
  • Pese a que deberían de ser privadas de libertad en centros de reinserción social cercanos a su comunidad, comúnmente lo son en lugares lejanos, que los someten a una situación de abandono
  • Grave abuso de «prisión preventiva», lo que significa la violación a su derecho a la presunción de inocencia ―por ejemplo, en Oaxaca el 97.44 por ciento de la población indígena privada de libertad se encuentra bajo esta medida cautelar. [2]
En atención a la grave condición de vulnerabilidad que padecen las personas indígenas, en Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) durante 2016 nos dimos a la tarea de visitar once centros de reinserción social de Chiapas y Oaxaca ―entidades que concentran casi la mitad de la población indígena del país―, de lo cual resultó el informe «El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca».
 
Presentaremos esta investigación los próximos 11 y 13 de diciembre [2017] en Oaxaca y Chiapas, respectivamente, después de lo cual podrá ser consultada en línea. Invitamos a todas y todos a estar pendiente de esta publicación, que busca ser una herramienta de análisis en particular sobre dos derechos fundamentales de las personas indígenas, lo mismo que de toda la humanidad: El acceso a la justicia y la libertad.
 

[1] Información obtenida mediante solicitud de acceso a la información al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; fecha de respuesta: Agosto 1, 2017; folio #3670000024917; datos de mayo 2017.
[2] Dato obtenido a través de solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca; fecha de respuesta: agosto 2, 2017; folio #00373817.

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