Urge atender seguridad de custodios de todo el país.
El pasado 13 de mayo, personal del CEFERESO 16, Morelos convocaron a un paro nacional para atender, con urgencia, la falta de atención que se tiene a la seguridad de custodios por todo el país. El paro surge después de un ataque por un comando armado a un convoy que transportaba personal administrativo de dicho Centro Federal de Readaptación Social, en el que murieron 6 personas, 4 en el lugar del ataque, Puente de Ixtla, y dos más en el hospital, el 10 de abril de 2019.
Las demandas del personal giran entorno a mejoras salariales y garantes de seguridad que, reclaman, los Centros de Readaptación Social no han podido proveer en los últimos años. Acorde al estudio Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, realizado por el INEGI, en el 2016, en promedio de todos penitenciarios de la república, había 8.24 personas privadas de libertad por cada custodio, con disparidades alarmantes como en Quintana Roo (el caso más llamativo) donde hay 25.7 personas privadas de libertad por personal de seguridad y en Guanajuato, el único caso donde hay 2.9 personas por custodio. A diferencia del promedio nacional de 8.24 personas por custodio, por ejemplo, un estudio generalizado del 2017 sobre las prisiones en Europa, el promedio es de un 3.0, esto termina reflejándose, por supuesto, en la seguridad y calidad de vida y trabajo de los custodios.
El año pasado se declaró en el libro Condiciones de vida y de trabajo del personal de los centros penitenciarios federales, la primera investigación de este tema en el país, una realidad alarmante: “Al menos 43 de cada 100 custodios del Sistema Penitenciario Federal considera que su vida es igual o peor a la de los reclusos”, según notó El Universal. Aunado a este hecho, además, cuando se preguntó a custodios para dicha investigación si dejarían el trabajo en caso de tener una opción diferente el 53.3% respondió afirmativamente. El 60.5% de los hombres y el 43.5% de las mujeres, respectivamente.
La poca percepción de seguridad en términos de salud, seguridad personal y familiar, es una realidad compartida por la mayoría de personal de custodia: el 80% afirmó sentir que su trabajo es riesgo para su salud, otro 88.24 para su seguridad personal y un 73.53% para sus familias. Mismo que, se asevera en el libro, tiene la justificación clara: “El 68% de las personas respondió que sí a la pregunta: ¿alguna vez usted ha recibido o conoce algún compañero que haya recibido alguna amenaza relacionada con su trabajo? (…) Además, el 36.4% de los entrevistados dijo que alguna vez había enfrentado una situación de peligro grave durante el desempeño de su trabajo”.
El paro que se llevó a cabo por el personal del CEFERESO 16 busca cambiar las condiciones que permitan esta sensación de inseguridad arraigada en la línea de trabajo. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, conducido por la CNDH, en este penitenciario se notó “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”. El promedio del 2016 en el estado de Morelos, por ejemplo, ya hace alusión a esta temática: 6.4 personas privadas de libertad por personal de seguridad. El trabajo que desempeñan los custodios y custodias, personal administrativo y la relación que tienen con las personas que vigilan, tiene un profundo impacto en cómo se desarrollan las relaciones de poder dentro de cualquier Centro de Readaptación Social. El derecho a sentir seguridad dentro del desempeño de su trabajo es un derecho que debe de ser garantizado, procurado y alimentado desde todas las esferas que le competen.
En los más de 13 años trabajando dentro de las prisiones en México, hemos comprobado que la labor del personal de custodia penitenciaria es esencial en la construcción de un paradigma de seguridad que respete y garantice los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es por eso que urgimos a las autoridades a atender las demandas expresadas y garantizar condiciones de trabajo dignas así como la integridad personal y de las familias del personal de custodia penitenciaria.
Autor: Sergio Pérez Gavilán
Asistencia Legal por los Derechos Humanos
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