10 de mayo de 2020
Las madres privadas de libertad deben acceder a su derecho a la salud
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI de 2019, en México hay 255 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijas e hijos dentro de los centros penitenciarios; por cada una de ellas existe al menos 1.6 niños menores de seis años, es decir, al menos 415 niñas y niños, al día de hoy forman parte de la población penitenciaria. Ninguna de ellas puede continuar en el olvido y abandono.
Desde ASILEGAL hacemos un llamado a la acción de las autoridades estatales, federales y penitenciarias para tomar cartas frente a la crisis que se está desarrollando con respecto a la pandemia global COVID-19 y el acrecentado riesgo al que se enfrentan madres e hijos en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación.
De acuerdo con el #MapaPenitenciarioCOVID19, al día de hoy, existe registro de 108 personas privadas de libertad contagiadas, mientras que el último informe de la CNDH reporta sólo 93, es decir, podemos suponer la existencia de un subregistro en las cifras de contagios. Si desde la interseccionalidad analizamos que los hombres privados de libertad con COVID-19 no son contados, (como es el caso de Baja California que reporta la misma cifra para fallecidos y contagiados), ¿qué podemos esperar para las mujeres privadas de libertad que siempre han vivido mayor exclusión o más aún cuando son madres y se enfrentan al estigma de la prisión?
Lo anterior lo observamos también en el detalle de los casos: tanto la CNDH como el #MapaPenitenciarioCOVID19 reportan sólo dos mujeres contagiadas, una de ellas falleció en su celda sin que el sistema médico corresponsable considerará brindarle atención médica. Esta es la realidad a la que se están enfrentando las mujeres madres privadas de libertad, esta es la realidad que también viven sus hijas e hijos en prisión: el olvido y abandono a su suerte.
Por ello, instamos a las autoridades de todos los niveles responsables de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, a no cerrar los ojos ante esta crisis. Urge que el Estado mexicano aplique las reglas Bangkok, pues en ellas está contemplado que “el régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las mujeres embarazadas, lactantes y mujeres con hijos, se habilitarán servicios o disposiciones para el cuidado del niño”.
Como defensoras y defensores de derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, desde el mes de marzo advertimos sobre la bomba de tiempo que significa el sistema penitenciario en su conjunto. Con la llegada de la pandemia por COVID-19 a México y su crecimiento latente, lanzamos llamados constantes al Estado para aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal, mejorar las condiciones de internamiento y acelerar los procesos de libertad condicionada y anticipada. Nos hemos sumado a otras voces de la sociedad civil para exigir acciones concretas ante la contingencia COVID-19 y de igual forma hemos apoyado la petición de diversas organizaciones feministas para conceder el indulto a las mujeres madres, embarazadas, con hijas e hijos, primodelincuentes, mayores de 65 años, entre otras. Hasta la fecha, las autoridades aún no han establecido un protocolo de actuación objetivo y apegado a la realidad para salvaguardar la salud y vida de las personas privadas de libertad, ni se han pronunciado con acciones concretas dirigidas a las mujeres madres y a sus hijas e hijos que viven en las prisiones.
Basta de ignorarlas, es momento de actuar. No debemos olvidar que las mujeres privadas de libertad, madres con hijos dentro o fuera del centro penitenciario, sufren un estigma y olvido de sus círculos cercanos, recibiendo un doble castigo por no cumplir con los roles sociales establecidos para ellas. El Estado no puede continuar perpetuando y legitimando este abandono.
ATENTAMENTE
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