09 julio de 2020
LA PANDEMIA DENTRO DEL SISTEMA PENITENCIARIO SE AGUDIZA: 1100 CONTAGIOS
1100 contagios en centros penitenciarios. Después de tres meses que comenzó la cancelación de visitas y diferentes medidas para hacer frente a la crisis de salud por la que sigue atravesando el país, por medio de nuestro monitoreo permanente frente al COVID-19, es posible constatar que el brote del virus ha golpeado a centros penitenciarios en 26 de los 32 estados, cobrando 112 vidas de personas privadas de libertad, 130 custodias y causando 939 contagios entre la población y 161 entre trabajadoras y trabajadores regulares de los centros.
Estas lamentables cifras, a todas luces, pudieron haber sido evitadas de implementarse una planificación coherente y apegada a los derechos humanos de excarcelación de personas. La inacción, el cierre de juzgados y tanto la inhabilidad como la misma indiferencia a hacer un impacto han resultado en una catástrofe penitenciaria en la que las “soluciones” menospreciaron derechos fundamentales y, a fin de cuentas, no han servido.
En el gráfico de arriba, se observa que existen 26 brotes que no iniciaron ni se han desarrollado de manera homogénea. Por ejemplo, existen entidades como el Estado de México cuyos primeros contagios se presentaron durante la última semana de marzo; en Baja California el 30 de abril; en Puebla hasta el 20 de mayo: mientras que existen entidades cuyos primeros casos se presentaron hasta el mes de junio como fue el caso de Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán y Nayarit; o el caso de Nuevo León que reportó casos hasta el 6 de julio.
En este sentido, cabe mencionar que las entidades con mayor número de contagios como lo son Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua y Estado de México, no necesariamente son las que presentan la mayor tasa de letalidad como sí lo hacen Baja California, Morelos y Guerrero, donde en el caso de las primeras dos entidades 8 de cada 10 personas contagiadas por COVID-19 mueren, mientras que en el caso de Guerrero 4 de cada 10 lo hacen. Ello evidentemente tiene que ver con una serie de factores como la atención médica oportuna y de calidad; una alimentación sana, variada y suficiente; así como la aplicación de medidas de higiene en los espacios concurridos tanto por las personas privadas de libertad como del personal penitenciario.
Así, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), Baja California, Morelos y Guerrero se encuentran entres las 16 entidades con una calificación promedio de 5 al sufrir un abasto insuficiente de medicamentos; y la falta de personal para atender a los internos; mientras que las últimas dos entidades presentan graves deficiencias en la existencia de un área médica y consultorio y de una alimentación de calidad, al alcanzar calificaciones promedio de apenas 4 de un parámetro de medición de 0 a 10.
La actualidad del sistema penitenciario, es una conclusión de lo poco que se ha avanzado en la materia: el año pasado, por ejemplo, el promedio de calificación de los centros penitenciarios según el DNSP 2019 fue de 6.75, donde el 33% presentaron condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, así como el 26.78% presentan deficiencias en alimentación, el 32.79% en servicios de salud y 26.78% en condiciones materiales y de higiene en áreas médicas. Como fue reiteradamente señalado anterior y durante la explosión de la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención a este punto, solo para encontrar oídos sordos. Con este tipo de condiciones, por tanto, era del pleno conocimiento de las autoridades lo que estaba por desarrollarse, acelerado por la crisis de salud.
Para poder delinear un plan de acción que pueda evitar aún más estragos derivados del virus, es importante tener un factor determinante para este tipo de monitoreo, así como el propio de la CNDH: el subregistro. Si bien hemos sido capaces de constatar información oficial, así como lo reportado por medios, también reiteradamente hemos tenido contacto con personas privadas de libertad o personas involucradas con el sistema quienes han hecho énfasis en mencionar que lo visto públicamente no es un reflejo irrestricto de la realidad, sino una porción de la misma.
La transparencia es un derecho y exigencia que ejercemos desde la sociedad civil para poder defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país. De otra manera, no será posible hacer frente a la crisis en desarrollo y, aún más, se profundizarán las peores prácticas que suceden desde el aparato estatal en contra de sus ciudadanos.
Para más información contactar a:
Miguel Hernández, Coordinador de Comunicación ASILEGAL
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