4 de diciembre de 2019
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH):
El anuncio y publicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria siempre es un momento importante para las organizaciones que, como ASILEGAL, estamos profundamente preocupadas con el estado del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Este año, al igual que los anteriores, no fue la excepción: el insumo que presenta permitió de manera prácticamente inmediata comenzar a generar más información, análisis y conversación con respecto al futuro y presente del sistema penitenciario mexicano.
Para nosotras, desde nuestros bastiones de mayor interés, las mujeres privadas de libertad es un tema de extrema urgencia y un sector sumamente vulnerable que, social e institucionalmente, ha sido negligido durante años. La presentación del DNSP 2019, por lo tanto, con la mención de un apartado específico con respecto a mujeres y centros femeniles no era una cuestión solamente emocionante, sino también de justicia histórica. Sin embargo, la revisión de lo publicado, a comparación de lo postulado, es estigmatizante e insuficiente.
Ustedes como autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen el deber de reconocer y amplificar la situación que viven las mujeres procesadas o sentenciadas dentro del sistema y parece alarmante el trato que se ha dado en el DNSP 2019. Las páginas de introducción (pg. 433) describen y argumentan con cierto orgullo que el trabajo del diagnóstico ha terminado en repercutir positivamente con la creación de cinco nuevos centros femeniles. Si bien, desde la perspectiva de que es necesario generar espacios exclusivos y específicos para mujeres dentro del sistema penal, esto puede ser un rasgo positivo; desde la perspectiva de la alza en números de criminalización de mujeres, en cambio, esto solamente puede señalar que se están usando más medidas privativas de libertad para las mujeres en conflicto con la ley penal.
Acorde al DNSP, “las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios, son un tema prioritario para la Comisión Nacional”, por lo que decidieron hacer un apartado específico en el que se muestra, a muy grandes rasgos, el estado de los centros femeniles y mixtos. Entre otras cosas, se pueden ver cifras como: el número de personas en relación con la capacidad del centro, la calificación general de los centros, cuántos menores de edad viven con sus madres privadas de libertad y, finalmente, cuántas mujeres se encuentran privadas de libertad en el país. Es digno de apuntar que dentro de éstos, el único dato que refiere a situaciones únicamente posibles a razón de género, es la relación de mujeres que viven con sus hijos dentro de los centros del país. Aprovechamos la oportunidad para señalar que si el único análisis hecho por razones de género es referente a la maternidad, esto quiere decir que el estigma de solamente comprender a las mujeres como madres sigue vivo. Resultando en que las muchas otras situaciones estamentales que viven las mujeres, sean invisibilizadas, ignoradas y desatendidas.
Respetuosamente pedimos no bajar el dedo del renglón de analizar los patrones de criminalización, así como el déficit bilateral que se ha generado con respecto a la información sobre grupos vulnerables privados de libertad: primero, sin la Encuesta Nacional de la Población Privada de Libertad, cancelada “temporalmente” a inicios del año, pero sin ser llevada a cabo desde 2017, no hay una recopilación sistemática y profunda sobre cómo las personas privadas de libertad experimentan, en su propia voz, el estado del sistema penitenciario; y segundo, solamente con lo recopilado por el DNSP no se visibiliza los problemas culturales, institucionales y particulares que contribuyen a que las personas sean recipientes de medidas privativas de libertad. En otras palabras, debemos celebrar el intento que hace la CNDH por generar más información con respecto a las privadas de libertad, pero la información únicamente correspondiente al estado de los centros a los que pertenecen, no agota, ni de cerca, la información necesaria para atacar los problemas que les acontecen dentro, ni los que las llevan a tener conflicto con la ley penal.
Recordamos a las autoridades competentes que hacer apartados con números específicos como los mencionados anteriormente, no es llevar a cabo un análisis que, realmente, comprenda los sistémicos abusos a los que son vulnerables y constantemente víctimas las mujeres. En cualquier caso, se trata de un paradigmático comienzo que no tiene en cuenta factores fundamentales para llevar a cabo un análisis con enfoque de género. En Tortura sexual en México: Contexto, prácticas e impactos (Centro ProDH, et al. 2015) lo señalan con claridad: “En el contexto mexicano se ha registrado que gran parte de los casos de tortura a mujeres se dan cuando se encuentran privadas de la libertad”.
Por esto mismo, y de acuerdo con los indicadores más importantes notados en el diagnóstico de Centro ProDH, como los altos niveles de vulnerabilidad al momento de la detención, la violencia sexual ejercida con el fin de conseguir bienes básicos de cualquier índole o protección y, entre otras cosas, la prostitución, hostigamiento y humillación dentro de los centros del país, es imprescindible que se brinde información detallada y profunda con las capacidades que tiene la CNDH para generar estos diagnósticos.
La deuda histórica que se tiene con las mujeres mexicanas con respecto a garantizar sus derechos humanos básicos no se saldará si no somos conscientes de dónde, precisamente, se generan la mayor cantidad de abusos a su integridad. Saber cuántas mujeres se encuentran privadas de libertad es un paso, pero el compromiso detallado en la introducción del apartado del DNSP no será verdadero hasta que se haga un análisis completo y sistemático del universo de violencia, abuso y tortura en el que, por razones también importantes de detallar, se encuentran: el sistema penitenciario mexicano.
Atentamente
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.
#16DíasDeActivismo
Para más información contactar a:
Miguel Hernández, coordinador de comunicación AsiLEGAL
miguel@asilegal.org.mx
5687 8759
