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El 30 de abril se celebra el día de las infancias en México, un día en el que miles de niñas y niños realizan actividades de recreación y de fomento a su bienestar.

No obstante, también es un día de reflexión, pues las infancias que se encuentran dentro de los centros penitenciarios lo viven de una forma distinta. Por ello, resulta necesario visibilizar las condiciones en las que las niñas y los niños que acompañan a sus madres viven y se desarrollan día con día, con el fin de reivindicar sus derechos a través del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades del sistema penitenciario.

Conforme al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2021, se registraron un total de 340 mujeres con hijos y de 343 niños y niñas que viven dentro de los centros penitenciarios con sus madres. En contraste, el Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero de febrero de 2023, registró a 335 mujeres que viven con sus hijos dentro de los centros penitenciarios, pero no al número de infancias que se encuentran dentro. La poca claridad en las cifras presentadas por ambas herramientas de supervisión, implican la invisibilización de las infancias, pues al no haber una cifra exacta y congruente, no hay forma de delimitar las problemáticas del sistema penitenciario y, por lo tanto, resolverlas.

En el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se reconoce el derecho a la maternidad de las mujeres privadas de la libertad y a contar con las instalaciones adecuadas para ellas y sus hijos e hijas. Por otro lado, en el artículo 36 de la misma Ley, se establece que las infancias podrán permanecer con sus madres dentro del centro durante la etapa postnatal, de lactancia o hasta que hayan cumplido tres años de edad. Durante este tiempo, sus derechos deben de ser respetados y garantizados por la autoridad penitenciaria, atendiendo el principio de interés superior de la niñez y el principio pro persona. 

A pesar de la existencia de este marco normativo, de las visitas realizadas por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) y otras organizaciones de la sociedad civil, así como los datos proporcionados por los organismos que se encargan de monitorear las condiciones de internamiento, se han evidenciado problemáticas en la alimentación, educación y la insuficiencia de materiales y juguetes; mismas que las autoridades deben atender para garantizar los derechos de las infancias.

En 85 de los centros que fueron evaluados para el DNSP 2021, se encontraron deficiencias en las condiciones de internamiento de las mujeres e infancias que se encuentran en ellos. Además, se destaca la falta de presupuesto ejercida por parte del Estado, que impacta en la falta de infraestructura adecuada para el pleno goce y ejercicio de sus derechos; con base en información obtenida por Documenta, a la fecha sólo existen 11 áreas de maternidad y 27 espacios de educación temprana –12 de ellos se encuentran en Michoacán–, en el total de centros penitenciarios del país.

De acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria 2021 (ENPOL) y Documenta, el 58% de las mujeres que ejercen la maternidad en los centros consideran que la alimentación no es adecuada para las infancias; el 79.2% no recibe educación adecuada; el 96% no recibe materiales escolares y el 89% no tiene acceso a juguetes, lo que afecta directamente al desarrollo personal y cognitivo de los niños y niñas.

En ASILEGAL, estamos preocupados por el bienestar de las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en los centros penitenciarios, pues las condiciones tan precarias en las que se encuentran son un síntoma de un sistema penitenciario enfermo, en el que los derechos humanos de las personas privadas de la libertad no se están garantizando a pesar de la reforma constitucional de 2011 y todo el marco normativo, nacional e internacional, al que el Estado mexicano debería apegarse.

Reinserta, ha documentado que el aislamiento en el que se encuentran representa para ellxs un ambiente en el que su integridad emocional, física y su desarrollo social se ven comprometidos. A esto, se le agrega que en muchas ocasiones son víctimas de maltratos físicos o psicológicos, no sólo relacionados con golpes, sino aquellos que derivan de la sobrepoblación que presentan los centros penitenciarios y el hacinamiento en el que se encuentran en las estancias que comparten con sus madres y otras mujeres privadas de libertad.

Hacemos un llamado a las autoridades responsables a crear políticas públicas con la finalidad de subsanar las deficiencias que hemos expuesto y que garanticen que el presupuesto ejercido en el sistema penitenciario sea adecuado para cubrir las necesidades de las infancias. Asimismo, invitamos a la sociedad civil a reflexionar y sensibilizarse sobre estas problemáticas que perjudican directamente a las niñas y niños. 

ATENTAMENTE 

ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS HUMANOS