Pronunciamiento sobre la creación de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales
- La creación de la comisión llega 3 años tarde. Es un paso importante, pero aún falta mucho por hacer.
- Una llamada de atención a las autoridades para reconocer que la atención de la población privada de libertad es su responsabilidad.
- Esto puede afectar profunda y positivamente la realidad de las personas privadas de libertad que están compurgando sus penas en centros federales.
Ayer 16 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales. ¿Qué significa esto? Una oportunidad para comenzar a cerrar la brecha entre la ley y la realidad. Una oportunidad para garantizar efectivamente los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley penal.
Aunado a las reformas constitucionales de 2008 al sistema de justicia y 2011 en materia de derechos humanos, se sumó, en junio de 2016, la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con esta ley se buscaba cambiar el paradigma dentro y fuera de las prisiones para que las personas en conflicto con la ley, en específico, las personas privadas de libertad, pudieran ejercer los derechos humanos de los que son sujetas, y de los cuales han sido arbitraria e históricamente despojadas.
Responsiva a las graves condiciones y retos presupuestales dentro y fuera de las prisiones, esta ley busca garantizar derechos mediante la cooperación y colaboración de diversas autoridades. Con lo establecido en el artículo 7 de dicha ley, ya no solo es responsabilidad del sistema penitenciario el proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, sino que contempla la intervención obligatoria de todas aquellas instituciones estatales que, en el marco de sus funciones, tienen un papel fundamental para lograr el ejercicio efectivo de los derechos humanos como la salud, la educación, y el trabajo.
Para cumplir con este propósito, la propia ley obliga a que se cree, tanto a nivel federal como local, una Comisión Intersecretarial que comprenda a todas las autoridades corresponsables (por ejemplo, la Secretarías de Salud, Trabajo y Previsión Social, Gobernación, Educación Pública, entre otras) con el fin de diseñar e implementar programas para garantizar la reinserción social tanto al interior de los centros penitenciarios como a través de los servicios postpenales.[1]
Si bien esta ley reconoce múltiples derechos humanos, su ejercicio es aún materia pendiente, ya que, no han logrado materializarse, por la falta de mecanismos adecuados que los hagan efectivos. A pesar de que la obligación de crear esta Comisión surge desde 2016, es hasta ahora, 3 años después, que el Ejecutivo Federal ordena su creación, quedando todavía pendiente su creación en muchas entidades de la república, así como su efectivo funcionamiento.
Desde AsiLegal aplaudimos la creación de esta Comisión. Sin duda alguna, con la publicación de este decreto, el Estado mexicano avanza un paso más hacia garantizar condiciones dignas de internamiento a las más de 17 mil personas privadas de libertad en México en Centros Federales, así como a garantizar efectivamente su derecho a la reinserción social mediante un acompañamiento integral que comprenda condiciones de internamiento dignas y que concluya con la oferta de servicios postpenales de calidad.
Sin embargo, es importante destacar que la simple creación de esta comisión no garantiza, aún, nada. Se requiere de un verdadero compromiso de todas y cada una de las autoridades corresponsables para que el ejercicio de los derechos se empiece a hacer efectivo, sobre todo considerando la facilidad con la que las autoridades se han desentendido de las personas privadas de libertad, bajo el argumento de que la atención a esta población no se encuentra dentro de sus facultades. En las últimas semanas, AsiLegal realizó diversas solicitudes de acceso a la información a 6 autoridades corresponsables a nivel federal[2] con el fin de conocer el estatus de la creación y labores de la Comisión Intersecretarial (que hasta ese momento no existía) a nivel federal. En algunos casos no se ha recibido respuesta, sin embargo, en el caso de la Secretaría de Salud y de Gobernación, ambas contestaron no contar con facultades para intervenir en esta materia, haciendo caso omiso a las obligaciones expresas que en materia de derechos humanos les impone la LNEP.
[1] La reinserción social debe entenderse como un DERECHO HUMANO, que implica una obligación continua del Estado de garantizar condiciones de internamiento dignas, así como servicios postpenales de calidad.
[2] Solicitudes de Acceso a la Información con números de folio 0000400331719 (SEGOB), 0001400160019 (STyPS), 0001200392119 (SS), 0001100477419 (SEP), 0001000231319 (SE), y 1114100117219 (SC), realizadas el 20 de septiembre de 2019.
VER DECRETO DOF: 16/10/2019 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575545&fecha=16/10/2019
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