13 de enero de 2021

LOS CENTROS DE REINSERCIÓN PRIVADOS (CPS) NO SON «HOTELES DE LUJO»

 

  • Los centros penitenciarios en México son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas sufren atropellos graves a su dignidad humana. 
  • La inversión destinada a los CPS no ha contribuido a garantizar derechos humanos: en todos los CPS hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y en 7 de los 8 centros existen deficiencias en los servicios de salud.

 

 

Las organizaciones de la sociedad civil expresamos grave preocupación por la estrategia llevada a cabo desde el gobierno federal con respecto a los CPS, o centros de reinserción social por Contrato de Prestación de Servicios.

Durante los últimos dos años bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han cerrado 5 de los Centros Federales de Reinserción Social más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros. Estos cierres parecen atender a un foco del que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: se necesitan ocupar los CPS pues se están pagando extraorbitantes cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas personas privadas de libertad dentro de ellos.

El problema, como bien se señaló en la conferencia matutina de hoy, es que a los CPS creados durante el sexenio de Felipe Calderón bajo la supervisión de García Luna, se les otorgaron contratos con 20 años de duración. Hasta este 2021, es decir, a 9 años de su privatización, mantenerlos activos ha representado un costo de $75 mil 661 millones de pesos. Para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el gobierno, restaría un pago de $190 mil 638 millones de pesos, es decir, un total general de $266 mil 300 millones de pesos por 20 años.

Estos centros se han mantenido al margen de sus capacidades tanto de cantidad de personas como servicios presentados, por lo que se han llevado a cabo más de 3500 traslados de personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia ellos. Los traslados, además de generar situaciones de extrema vulnerabilidad para abusos de derechos humanos, causan la transferencia de la pena a sus familiares: ellas y ellos son quienes seguido se ven afectados por los costos para hacer visitas, dar víveres o, en los peores casos, la desaparición, tortura y falta de información de la persona privada de libertad.

La conversación, por tanto, que se llevó a cabo por parte del gobierno federal en la conferencia matutina del presidente del día de hoy, 13 de enero, se enfocó en el entramado de corrupción y opacidad de dichos centros y los elevados costos que tiene mantener a las personas ahí: “(…) En promedio tres mil 500 pesos diarios tener un recluso, pues es lo que yo gano al mes, o sea, 100 mil… Sí, es lo que yo gano diario como presidente. Es un hotel de gran lujo”. Sin embargo, desde la sociedad civil queremos resaltar que si bien la temática de la corrupción es importante, no debe de soslayar de ninguna manera los atropellos y abusos de derechos humanos que suceden cotidianamente en dichos centros privados, CPS. Los centros penitenciarios no son “hoteles de gran lujo”, son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas sufren atropellos graves a su dignidad humana, sin importar el presupuesto que se le destine.

Si, en efecto, el gobierno federal buscará dar un término anterior a los contratos que se generaron en 2010, quedan aún interrogantes muy importantes sobre el uso y efecto de los CPS. En primer lugar, sobre el papel del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder acceder a los centros y generar información sin opacidad de los mismos, atender sus recomendaciones y también la de organismos internacionales como el Sub Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) en 2019. Misma que en su documento público, mostró los graves rezagos que se deben atender, así como el inequívoco señalamiento de la tortura como una práctica sistemática en las prisiones del país.

La CNDH en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2019) registró que en todos los CPS hay “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”; en 7 de los 8 centros existe “deficiencia en los servicios de salud”; en 7 de los 8 centros no hay suficientes actividades laborales, de capacitación o educativas; y en 3 de los 8 hay una “inadecuada vinculación de la persona privada de libertad con la sociedad”. Todos estos rubros mencionados específicamente atienden a la reinserción social de las personas, la cual dentro de los CPS no parece ser importante, aunque ese sea el fin último del sistema penitenciario mexicano.

Estos mismos centros, como bien lo expusieron activistas, litigantes e incluso el Instituto de Defensoría Pública Federal (IFDP), han incurrido en violaciones de derechos humanos que caen en las peores expresiones de tortura sistemática que existen en el país. El IFDP, de hecho, declaró que “los Ceferesos creados por inversión privada son los peor calificados o los más violentos en el Sistema Penitenciario Federal”. Mujeres a las que se les niega el acceso a cualquier tipo de servicio sanitario, restricciones de agua y obligación a beberla de los mingitorios, tortura a través de control de sonidos y luz, depravación de sueño, técnicas despersonalización y de sometimiento, entre otras cosas, se han revisado en amparos señalando más de uno de los CPS.

Reconocemos la intención del gobierno federal de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar los CPS, después de 9 años en la opacidad. No obstante, el peligro de señalar estos centros como “hoteles de lujo”, lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario: tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias.

ATENTAMENTE

Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC ASILEGAL
Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC
Interculturalidad, Salud y Derechos A.C. INSADE
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC
Derechos sin Barreras
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Colectivo Algaraza
Mexicanos Haciendo Bola A.C.
Poliana
Libremente AC
La Cana, Proyecto de Reinserción Social, A.C.
Organización Comunitaria para la Paz A.C.
Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. CODIGO DH
Colectivo Hazme Valer. Estado de México
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC. CEPAD
Educación y Ciudadanía A. C. EDUCIAC
Acciona Transformando Caminos para SER y HACER, A.C.
Almas Cautivas A.C
Casa de las Muñecas Tiresias AC
El Caracol AC
El Día Después
Instituto de Justicia Procesal Penal, Asociación Civil (IJPP)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.
Observatorio Nacional de Detenciones Arbitrarias ONDA
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH), (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Para más información contactar a:
Miguel Hernández, Coordinador de Comunicación de ASILEGAL
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