El cierre de Islas Marías, una oportunidad para revisar nuestro sistema penitenciario
Ciudad de México, 18 de febrero de 2019
En México contamos con 308 centros penitenciarios que albergan a 197 mil 988 personas privadas de libertad; de estos, 16 centros son femeniles y atienden solamente al 34.7% de las mujeres en situación de reclusión. Entre los Centros Penitenciaros 19 son federales y entre ellos se encontraba el Complejo Penitenciario de Islas Marías cuyo cierre fue decretado el día de hoy[1].
Con el cierre del complejo penitenciario “Islas Marías” vale la pena hacer un breve recuento de lo que ha ocurrido en los últimos años en el sistema penitenciario mexicano. En 2008 se realizó una reforma al sistema que no veíamos desde 1965. Dejamos atrás el viejo modelo de la readaptación social y nos encaminamos hacia el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de personas privadas de libertad. Pese a las importantes contribuciones, aquella, ha sido una reforma que el Estado mexicano no ha sabido capitalizar, no ha sabido entender y no ha querido transitar.
Desde el sexenio de Felipe Calderón (2006 – 2012) el sistema penitenciario mexicano, en los hechos, ha guiado su política priorizando la seguridad de los centros y el reforzamiento de su infraestructura sin importar que para ello se violen los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Prueba de ello es el avance que el país ha tenido en su proceso de certificación por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés), a las que ésta mañana Francisco Garduño, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), hizo mención en la conferencia de prensa en la que se anunció el cierre de las Islas Marías.
Las acreditaciones ACA constituyen uno de los objetivos del Programa de Correccionales que forma parte de la Iniciativa Mérida (2008) y plantea su ejecución a partir de estructuras penitenciarias de máxima seguridad de conformidad con el modelo de Estados Unidos con base en las cuales se han establecido regímenes que restringen las visitas, el contacto con el exterior, actividades recreativas y se desarrollan revisiones físicas arbitrarias[2].
El Programa de Correccionales está enfocado en prevenir que las organizaciones criminales transnacionales operen desde los centros penitenciarios, por lo que el reforzamiento de la seguridad resulta el principal objetivo. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por este tipo de modelos represivos y contrarios a todos los estándares internacionales, pues la priorización de recursos va encaminada a la limitación de las libertades en lugar de dignificar y humanizar las estancias penitenciarias[3], así como garantizar una efectiva reinserción social.
Al respecto, es preciso mencionar que, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, hasta enero de 2017, había 58 centros penitenciarios acreditados, dentro de los cuales están todos los centros federales[4].
Como parte de la política de reforzamiento de seguridad, en todos los Centros Penitenciarios Federales más del 80% de las personas pasan entre 19 a 24 horas[5] sin tener la posibilidad de realizar alguna actividad al exterior de sus celdas que contribuya a su derecho a la reinserción social. Las prolongadas horas de encierro-con los impactos negativos a nivel físico y psicológico que acarrean- constituyen elementos claros de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Con relación al cierre del complejo penitenciario “Islas Marías”, esperamos que los traslados anunciados por el presidente de la República se realicen sobre la base del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y que los lleve a compurgar su pena en lugares cercanos a sus comunidades. Hasta diciembre de 2018, las Islas Marías contaban con una población de 651 personas, 263 por delitos del fuero común y 388 por delitos del fuero federal. De entre toda la población había una mujer. El 99.4% de las personas privadas de libertad en el Complejo se encuentran sentenciadas[6].
Sin duda, el cierre de Islas Marías representa un importante mensaje que esperamos simbolice también el cierre a la puerta de entrada a los tratos arbitrarios en contra de las personas privadas de libertad. Esperamos que parte de ésta cuarta transformación anunciada esté conformada de una política penitenciaria basada en el respeto de los derechos humanos y no solamente del reforzamiento de la seguridad.
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[1] Comisión Nacional de Seguridad; Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional; diciembre de 2018.
[2] Cfr. CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. 31 diciembre 2015. Doc. 44/15, párr. 344
Cfr. AsiLegal. Centros penitenciarios certificados VS derechos humanos (Comunicado); 2 de octubre de 2018. En línea <https://asilegal.org.mx/comunicados/comunicado-centros-penitenciarios-certificados-vs-derechos-humanos/>
[3] Cfr. CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. Op. Cit. Párr. 345
[4] Embajada de los Estados Unidos en México; México avanza en la acreditación internacional de centros penitenciarios; logra plena acreditación de cárceles federales; Noticias y eventos; 23 de enero de 2017. En línea, disponible en: < https://mx.usembassy.gov/es/mexico-avanza-en-la-acreditacion-internacional-de-centros-penitenciarios-logra-plena-acreditacion-de-carceles-federales/>
[5] INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2017 (ENPOL); Tabulados básicos; <http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/>
[6] Comisión Nacional de Seguridad; Op. Cit.
