El  2020 será un año que nunca olvidaremos. Y motivos para ello no faltan: la crisis sanitaria que vivimos como consecuencia de la propagación del virus Sars-CoV-2, el retroceso en el sistema de acceso a la justicia, el ataque mediático a las organizaciones de la sociedad civil, la invisibilización del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, el aumento exponencial de feminicidios y la violencia generalizada hacia las mujeres, entre otros factores, que no solo han provocado la inconmensurable pérdida de vidas humanas, sino también el agravamiento de la histórica crisis en materia de derechos humanos.

Día a día, hemos observado cómo mediante la inadecuada implementación de medidas sanitarias, el Estado ha establecido ciertas restricciones a nuestros derechos que nos han orillado a adoptar nuevas formas de sobrevivir. Mientras algunas de estas medidas son implementadas con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas, otras más, han representado no solo un estado de incertidumbre jurídica, sino también la materialización de actos constitutivos de tratos crueles, inhumanos o degradantes para los sectores más vulnerados de la sociedad.

Ante este contexto tan adverso, la sociedad civil organizada emprendió acciones para mitigar y proteger los derechos de las personas que por sus contextos interseccionales1 estaban condenadas a vivir un panorama desfavorable y desigual. Como primeras acciones, las personas defensoras de derechos humanos levantamos la voz para denunciar la inacción del Estado en materia de servicios de salud, acceso a la justicia, desapariciones forzadas, desplazamiento y violencia de género. No obstante, las autoridades responsables nunca mostraron interés en atender o mitigar la crisis, incluso justificaron la violencia institucional que día con día crece.

Las organizaciones de la sociedad civil en México atravesamos por una grave crisis en el acceso a financiamientos esenciales para cumplir nuestro objeto social. Anunciado desde hace varios años, el Gobierno de México cortó de tajo los recursos destinados a organizaciones civiles y las pocas oportunidades que teníamos para obtener financiamientos de agencias internacionales, embajadas, misiones y fundaciones extranjeras fueron focalizadas en atender la emergencia por COVID-19.

Desde Asistencia Legal por los Derechos Humanos, una organización que desde hace 14 años defiende y promueve los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente de las que se encuentran en conflicto con la ley penal —mujeres, personas indígenas y personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica—, emprendimos un monitoreo constante de la situación que se vivía dentro de los centros penitenciarios. Nuestra preocupación tenía amplia justificación en los diagnósticos y seguimiento puntual que hemos realizado durante estos 14 años donde identificamos rutinariamente condiciones de hacinamiento, inaccesibilidad a servicios de salud, condiciones indignas de internamiento y prácticas crueles, inhumanas y torturantes.

Derivado de ello, pusimos en marcha el funcionamiento del Mapa Penitenciario2, una plataforma digital donde periódicamente publicamos los números de contagios de COVID-19, decesos e incidentes de violencia al interior de los centros penitenciarios del país en el contexto de la pandemia. Tenemos metodologías rigurosas, diseñadas e implementadas por parte de un equipo multidisciplinario especialista en Derechos Humanos, con enfoques diferenciados, interculturales, de género y paridad. A partir de las investigaciones, encontramos que las autoridades no solo no atienden a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que esconden los datos, en varios balances nuestros diagnósticos distaban en gran medida de lo que las autoridades reportaban.

Durante estos meses hemos continuado el trabajo a marchas forzadas, encontrando caminos y atajos que nos permitan seguir transitando al acceso de justicia de las personas privadas de libertad. A pesar de que los órganos de impartición de justicia pararon actividades a nivel nacional, hemos pugnado por lograr acceder a los centros penitenciarios para monitorear de primera mano las condiciones de internamiento y el contexto que se vive en los centros penitenciarios en esta contingencia sanitaria.

El panorama, como es visible, no es demasiado favorable. Sin embargo, tenemos algo muy claro: no todo se encuentra perdido, pues existen actoras y actores clave, así como miles de personas interesadas, que creen en nuestro trabajo. Mientras existan jóvenes con vocación y empatía de defender lo que en muchas ocasiones y a ojos de muchos parece indefendible, siempre existirá una esperanza para aquellas personas que, por razón de su género, raza, religión, orientación sexual, condición económica o cualquier otra característica inherente a la desigualdad han tenido que enfrentar la violencia institucionalizada del Estado heteropatriarcal en el que vivimos.

Desde ASILEGAL, seguiremos impulsando esfuerzos que tiendan a erradicar la violencia, la desigualdad y la injusticia, a pesar de que se enarbole el Estado con un discurso democrático, igualitario y de respeto por los derechos humanos, esta situación dista de ser una realidad. Si algo dejó en evidencia esta pandemia, es la grave crisis que atraviesa la estructura del pacto federal, la inexistencia de mecanismos de exigibilidad de derechos y la sentencia que condena a las personas vulneradas a no recibir condiciones humanas de salud e incluso a la muerte.

La pandemia hizo que las nuestro trabajo se convirtiera en la única esperanza de muchas personas privadas de libertad que han visto como se viven los contagios en espacios de hacinamiento; donde los productos que sus familiares les brindan para tener condiciones de higiene se les son vendidos por los propios custodios; y donde las muertes al interior de los centros de reinserción son una constante que es minimizada, incluso ocultada.

Cerramos este año con un sabor amargo y con el ánimo desgastado. Tenemos esperanza, pasión y vocación por nuestra labor, seguiremos trabajando para devolver la justicia a las personas que están olvidadas en centros penitenciarios y que el Estado ha puesto en lista de espera, porque no considera que son un grupo prioritario.

ATENTAMENTE
José Luis Gutiérrez, Director de ASILEGAL

[1] La noción de interseccionalidad surgió en el movimiento de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Su teoría afirma que una persona que vive en contextos vulnerables posiblemente es atravesada por otras más que agravan su situación y desprotección y accesibilidad de derechos.
[2] Ver sitio web, Mapa Penitenciario ASILEGAL 2020  https://asilegal.org.mx/mapa-penitenciario-covid-19/

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