07 de julio de 2020

EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS JUDICIALES MENOSCABA DERECHOS

  • El caso de Ana Antonia ilustra cómo el simple hecho de que no se respeten los plazos judiciales puede afectar profundamente los derechos de inocentes, como su hija.

 

Hoy en día, la falta de acceso a la justicia representa un aspecto imprescindible de la agenda pública del país. Sin embargo, esta falta siempre se revela señalando su reiterada presencia: la falta de acceso a la justicia no solo se materializa como un hecho aislado, sino como una realidad omnipresente, convirtiéndose en un monstruo al cual únicamente pueden llegar a enfrentarse aquellas personas que gozan del privilegio de tener recursos económicos.

En el caso de Ana Antonia, haber nacido dentro del 80% de la población vulnerable en México se convirtió en un grave error, generando un incumplimiento en los requisitos de facto que exige la justicia mexicana para poder llegar a ser efectiva.

Como si únicamente se tratara de letra muerta en una hoja de papel, el derecho a la maternidad, a la reinserción social, al interés superior del niño y a la integridad física de un adulto mayor, en su caso, ha pasado completamente desapercibido por la autoridad jurisdiccional. Esta, con total ineptitud y descuido en el cumplimiento de sus funciones, ha decido programar una audiencia para “garantizar” un derecho el cual ya no existe.

En el mes de julio de 2019, gracias a la preocupación de la autoridad penitenciaria, se nos brindó la oportunidad de obtener una entrevista con Ana Antonia. De esta manera, pudimos conocer el contexto de su caso, la falta de perspectiva de género que sufrió al momento de ser juzgada por un delito que no cometió, y cómo había logrado obtener una forma de compurgar su pena bajo un régimen de semilibertad con reclusión únicamente de los fines de semana. Sin embargo, el centro de su preocupación se transformó cuando su madre, una mujer de más de 70 años, cayera víctima de una grave enfermedad y, por si fuera poco, recayendo en las manos de su hija menor de edad, todo el peso de tener que brindarle los cuidados y las atenciones que la señora requiere.

Frente a esta situación decidimos actuar inmediatamente. Ingresando una solicitud dirigida al juez en turno en materia de ejecución penal, buscamos lograr un efecto útil de los derechos establecidos la Ley Nacional de Ejecución Penal y a los cuales Antonia tuviera pleno derecho, pues era evidente que la pena que le fuera impuesta en ese momento ya no era compatible, por ninguna circunstancia, con su situación actual. Bajo este supuesto, entonces, ella podía llegar a obtener una modificación a la forma de compurgar su pena aún menos restrictiva que le permitiera hacer frente no solo al grave estado de salud al que se enfrentaba su madre sino también evitar imponerle a un niño una carga que nadie a su edad debe, ni puede, soportar.

Sin embargo, a pesar de las gestiones legales conducentes, incidencias que afectaron el rumbo del procedimiento y haber sido víctimas de un sistema judicial rebasado por la carga de trabajo, logramos obtener una fecha de audiencia el día 13 de abril del 2020. Es decir, 8 meses después de presentada nuestra solicitud y a solo 5 días de que Antonia compurgara el 100% de su pena. Fecha que, además, fue suspendida hasta nuevo aviso como consecuencia del contexto de emergencia sanitaria al cual nos estamos enfrentando.

En el caso en Antonia nos enfrentamos a una autoridad prepotente y sin un enfoque interseccional, que tomara en consideración todos aquellos aspectos que agravaban su situación y por lo tanto su estatus frente a la ley. Y si bien existen medios de defensa y de control constitucional para combatir aquellos actos u omisiones cometidos por la autoridad en perjuicio de los derechos otorgados por nuestra constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte, también lo es el uso de estos debe fungir estrictamente como una última instancia. Cuando una problemática de esta naturaleza —como lo es la dilación excesiva del procedimiento—, adquiere un carácter estructural y sistemático, este se convierte en una especie de requisito, convirtiéndose de facto en un obstáculo para lograr el acceso a la justicia de la ciudadanía.

En conclusión, hoy en día todos somos plenamente conscientes del contexto de falta de recursos económicos, materiales, y humanos a los que se enfrentan las instituciones gubernamentales para cumplir con sus exigencias sociales. A su vez, también es imposible no darse cuenta de que, en la práctica, el respeto por los plazos pertenece al terreno de la ficción. Con el caso de Ana Antonia se demuestra que no estamos tratando de un tema menor, ya que por consecuencia de las omisiones de las autoridades una menor debió cuidar durante 8 meses, sola y con poco apoyo, a una mujer enferma de gravedad de 70 años.

El tema de los plazos debe ser un punto primordial en las agendas públicas y políticas de nuestro país, para evitar que casos como el de Ana Antonia sigan perpetrándose a lo largo y ancho del país, como sucede hoy en día.

Desde ASILEGAL, poniendo el dedo en la herida, exhortamos a las autoridades jurisdiccionales, al pleno respeto por el derecho de las personas a disfrutar de un recurso efectivo, que evite como en muchos lugares de nuestro país en donde la justicia, solo es una ilusión, que las personas desde su descontento y hartazgo hagan justicia por sus propias manos.

Por Alfredo Utrera Dimas, abogado del área jurídica de ASILEGAL

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