El rol de los jueces de ejecución penal no puede ser minimizado
Los jueces de ejecución penal se encuentran en una posición de poder con la que se puede cambiar la realidad de las personas que viven en conflicto con la ley penal. Sin embargo, para poder lograr esos cambios, es necesario usar como herramienta el litigio estratégico y reconocer, como en cualquier encuentro deportivo, los elementos esenciales del juego: hay que identificar la cancha (el tribunal), el árbitro (el juez o jueza) y medir los contrincantes (ministerios públicos y autoridades penitenciarias, defensor, etc.), para poder tener el efecto de justicia social deseado.
El problema es, ¿qué sucede cuando los árbitros no se sienten parte del juego? Un problema actual y complicado del panorama de la ejecución penal en México, tiene que tratar con prejuicios, en ciertos casos infundados y en otros no, sobre qué significa ser juez o jueza de esta parte del sistema. Estos prejuicios que pueden iniciarse desde conseguir la posición por compadrazgo, hacía falta de credenciales y capacitación, desembocando en el olvido de las obligaciones que se tienen con las personas con beneficios de libertad anticipada o las que tienen una medida diferente a la prisión y, peor aún, en ciertos jueces o juezas que se mueven, actúan y piensan como si tuviesen total control del sistema penitenciario. No todos los casos son malos, pero incluso en otros, dejan de ser productivos por sobre enfocarse en el asistencialismo y no en la reivindicación de sus derechos. El reto para poder jugar este encuentro es uno grande, complicado, pero ampliamente posible con la atención requerida de los árbitros.
La realidad es que, independientemente de la veracidad o falsedad de ciertos prejuicios, el papel de los y las jueces de ejecución penal es fundamental para el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad. Su figura legal se creó con la reforma al sistema penal acusatorio en el 2008 y, a la par, han enfrentado grandes retos en más de 10 años desde su implementación en todo el país. Por una parte, casi sin recursos, deben acabar con las malas prácticas enquistadas en el sistema judicial. Por otra, el desconocimiento de sus atribuciones por parte de actores tan importantes como las autoridades penitenciarias o la defensoría pública, han ocasionado una sobrecarga de trabajo en peticiones relacionadas a la lógica del viejo sistema.
La responsabilidad de las y los jueces es muy grande, pero cuentan con mecanismos innovadores con potencial de ser catalizadores del cambio. Uno de ellos es el de la figura de la corresponsabilidad institucional, que consiste en que las dependencias de gobierno coadyuven a garantizar los ejes de la reinserción social. Así, el o la juez, usando su potestad, podría ordenar a la secretaría de salud llevar a cabo acciones concretas como proveer de personal médico, medicinas, atención de 2do nivel, etc. a las personas privadas de libertad.
Aunado a lo anterior, la capacidad de las y los jueces de judicializar la etapa de ejecución penal así como de sentar precedentes en la aplicación de controles de convencionalidad, utilizando la interpretación conforme y el principio pro persona, representa una gran oportunidad de cambiar las condiciones de internamiento, no solo de una persona, sino de un colectivo que en su conjunto se vea afectado por la misma problemática.
Pero no solo juezas y jueces deben aprovechar el potencial de los mecanismos contenidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es necesario que la sociedad civil también se involucre y sea parte del cambio. En conjunto con juezas y jueces, autoridades penitenciarias y defensoría pública, podemos empezar a construir, compartiendo el conocimiento experto que muchas OSC tenemos en estándares internacionales y de litigio estratégico. También fungiendo como intermediarios observadores de la coordinación entre autoridades corresponsables y el Sistema de Justicia, así como de las acciones necesarias para que todas las partes se involucren en la tarea urgente de lograr una verdadera reinserción social.
Las reglas del juego están listas. Las y los árbitros no están solos; en el partido por la Justicia, la sociedad civil organizada trabaja para que los obstáculos sean derribados desde la construcción colectiva, y que el marcador final sea favorable para todas y todos. Que gane la Justicia Social.
Autor: José Luis Gutiérrez Román, Director de AsiLEGAL
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