A un año del feminicidio de Victoria Salazar, sin justicia ni reparación del daño

28 de marzo de 2022

• Dilaciones en el proceso penal, falta de perspectiva de género y de cumplimiento de la Recomendación de la CNDH, algunos de los obstáculos que enfrenta la familia de Victoria para acceder a la justicia.

Ciudad de México, 28 de marzo de 2022.- A un año del feminicidio de Victoria Salazar, mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México desde 2018, las autoridades del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, siguen dilatando la celebración de la audiencia del caso, al suspenderla sin previo aviso a quienes representan legalmente a la familia, mientras que la investigación carece de perspectiva de género y exhaustividad, dando lugar a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia para la familia de Victoria. 

El 27 de marzo de 2021, Victoria fue asesinada a la luz del día y en la vía pública por cuatro elementos de la policía local de Tulum. Aunque el gobierno de México y de El Salvador se comprometieron desde el más alto nivel, a dar seguimiento al caso y garantizar el acceso a la justicia, a un año de los hechos, ésta no ha llegado para la madre e hijas de Victoria. 

La representación legal del caso está en manos de la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Asylum Access México, organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a la familia y  documentado las inconsistencias en el proceso penal de Victoria y de su hija, como la demora de las autoridades por más de siete meses para el reconocimiento de la representación legal de la adolescente, la suspensión de las audiencias intermedias y la falta de perspectiva de género en ambos casos. Incluso, en algún momento del proceso las autoridades quisieron eliminar el caso como feminicidio. 

A siete meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 34/2021, el 24 de agosto de 2021, la cual señala entre otras cosas, una disculpa pública 30 días después de la aceptación de la recomendación; atención médica, psicológica y tanatológica, para la familia de Victoria; la reparación del daño; y su reconocimiento como víctimas indirectas, tanto de las hijas de Victoria como de su madre y sus dos hermanos, ha sido ignorada por las autoridades. El Ayuntamiento de Tulum ha justificado el incumplimiento diciendo que no solo es su responsabilidad, sino también de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tulum, pese a que en 2021 aceptaron lo establecido en el documento emitido por la CNDH.

Para las representantes legales, “aunque la Recomendación no contempla la opinión de las víctimas indirectas, no tiene una perspectiva de género ni transnacionalidad, no establece los mecanismos para el cumplimiento de esta, no contempla los tiempos del proceso legal en la disculpa pública, y no hace hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva, después de siete meses de emitida no se observa el mínimo esfuerzo de las autoridades por cumplirla”.

La búsqueda de justicia no se limita al caso de Victoria, sino que es un proceso que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que el Estado mexicano no les garantiza la protección y el acceso a la justicia, por el contrario, las violenta reiteradamente al invisibilizarlas, discriminarlas y perpetua la violencia institucional, por lo que a un año del feminicidio de Victoria Salazar hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales en México, a dejar la simulación, la omisión y brindar una reparación integral del daño, acceso a la justicia y a la verdad, a garantizar la no repetición y coordinarse con las autoridades salvadoreñas para el acompañamiento y atención de necesidades transnacionales de la familia en el proceso de justicia, porque Victoria no murió, a Victoria la mataron autoridades del Estado, públicamente, con la ciudadanía como testigo.