• La criminalización por enfrentar problemas de adicciones, la falta de perspectiva de género y la (in)aplicación de justicia a través de los juicios abreviados son comunes denominadores en el sistema de justicia de Baja California.
  • En esta entidad no se promueve el otorgamiento de beneficios preliberacionales para favorecer la reinserción social, las personas están saliendo con penas compurgadas.

 

Tras poco más de tres años y cinco meses de haber estado privada de libertad en el centro penitenciario de Mexicali, Baja California, Victoria logró obtener la libertad anticipada este 25 de julio, después de haber sido juzgada sin perspectiva de género y criminalizada por un sistema que no reconoce las adicciones como una cuestión de salud pública.

En 2016 Victoria fue detenida y sentenciada a una pena privativa de libertad por haber sido cómplice de su novio en un asalto a un negocio local. Ella enfrentaba una enfermedad que aqueja a poco más del 18.7% de mujeres entre 18 y 34 años de edad en Baja California: las adicciones. Esta entidad es la tercera a nivel nacional con mayor población femenil drogodependiente, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaria de Salud Federal.

Al momento de ser juzgada, las fiscalías y los jueces omitieron analizar este contexto (clave fundamental para impartir justicia con perspectiva de género), Victoria fue convencida de aceptar un juicio abreviado y terminó con una condena de cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de robo con violencia.

A decir de Layla Almaraz, coordinadora del equipo jurídico de AsiLegal, en nuestro país las adicciones difícilmente se reconocen como un tema de salud pública, “en lugar de que el Estado garantizara los derechos de Victoria y le brindara el apoyo necesario para recuperar su salud, obligación del Estado mexicano a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la criminalizó y la metió a la cárcel”.

Asimismo, las y los operadores de justicia que juzgaron a Victoria omitieron hacerlo con un enfoque de género, dado que nunca se examinó su contexto, en particular no se tomó en cuenta que fuera madre de una niña de dos años y que ella sólo tuviera 18 años, para aplicar una medida no privativa de libertad, tal como lo dictan las Reglas Bangkok.

La supuesta saturación de trabajo de las y los operadores del sistema de justicia y la falta de capacitación tiene graves consecuencias. Por ejemplo, sentencias sin enfoque de derechos humanos, en los que imperan los estereotipos y estigmas, teniendo efectos por demás negativos sobre las mujeres que se encuentran en conflicto con la ley penal. Además, el procedimiento abreviado es utilizado como una salida exprés que busca despresurizar el sistema de justicia pero que deriva en procedimientos apresurados que no siempre respetan el debido proceso ni garantizan el acceso a la justicia para todas y todos. “Derivado de una política de Estado que opta por el encarcelamiento masivo, se está privilegiando la reclusión, aunado a la falta de conocimiento de los instrumentos internacionales que se pronuncian por medidas no privativas de libertad en aras de la reinserción. “, afirma la abogada defensora de derechos humanos, Layla Almaraz.

En esta entidad, desde el inicio de la implementación del Sistema Penal Acusatorio hasta diciembre de 2018, se han dictado poco más de 8 mil 250 sentencias, de las cuales 8 mil diez fueron resueltas por procedimientos abreviados; esto significa que un 96.9% de los casos no llegaron a un juicio oral.

Tras el acompañamiento a diversos casos de mujeres privadas de libertad, AsiLegal ha identificado que el caso de Victoria no es un caso aislado, tanto la criminalización por adicciones, la falta de perspectiva de género y de acceso a la justicia para todas, son temas pendientes dentro del sistema de justicia de esta entidad.

Ya en materia de ejecución penal, la reinserción social se ve obstaculizada por la falta de capacitación, los largos procesos y la supuesta saturación de trabajo en juzgados, fiscalías y defensorías públicas. Lo anterior obstruye el acceso a los beneficios preliberacionales, tal como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Victoria, al cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos, pudo haber quedado en libertad desde hace más de un año bajo la figura de la libertad condicionada, con el 50% de su condena purgada. A pesar de que dicho beneficio fue solicitado en tiempo y forma, a decir del abogado del equipo jurídico de AsiLegal, Alfredo Utrera, nos se respetaron los plazos de ley para otorgarle una audiencia, aplicando incluso un traslado involuntario. Victoria terminó cumpliendo el 70% de su condena, por lo que había que comenzar un nuevo proceso ahora para solicitar la libertad anticipada.

Un gran porcentaje de las personas privadas de libertad en Baja California están saliendo con penas compurgadas y, en muchos casos, cuando no se cuenta con defensorías adecuadas, salen sin siquiera saber que pudieron haber quedado en libertad con anticipación.

En el caso de Victoria, es importante también puntualizar el traslado involuntario al centro penitenciario de Ensenada que sufrió en vísperas de su última audiencia en mayo de 2019. Este tipo de medidas responde únicamente a la necesidad de las autoridades de despresurizar el sistema penitenciario, pero vuelve a afectar sólo a las personas privadas de libertad, a quienes no se les garantiza su derecho a la reinserción social, al fracturar los lazos con su familia.

Para AsiLegal lograr la liberación de Victoria representa una oportunidad para visibilizar la urgencia de cambiar el sistema de justicia y el sistema penitenciario a través de políticas y mecanismos que favorezcan la reinserción sobre la reclusión, en particular de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

 

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