Justicia sin perspectiva de género.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.

 

Cruz y Nancy fueron detenidos por el mismo delito. Como resultado de un procedimiento abreviado, se les impuso una pena privativa de libertad de 3 años, 7 meses y 25 días. Desde entonces, se encontraban en el Centro de Reinserción Social de Mexicali hasta el día 7 de enero de 2019 cuando Cruz fue trasladado involuntariamente al Complejo Penitenciario “El Hongo 2”, en Tecate.

Desde el 13 de febrero de 2019, AsiLegal presentó la solicitud de concesión del beneficio de libertad anticipada a que tenía derecho Cruz por haber cumplido más del 70% de la pena impuesta, de hecho, para ese momento ya tenía 1169 días privado de su libertad, lo que correspondía al 87.96%. Lo anterior significa, que, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, pudo haber salido libre desde que cumplió con el 50%, es decir el 29 de septiembre de 2017. La omisión de la autoridad de cumplir con sus obligaciones relativas a dar aviso a las personas privadas de libertad cuando tengan derecho a alguno de los beneficios establecidos en la ley, resultó en una innecesaria prolongación de la pena privativa de libertad en perjuicio de Cruz.

Asimismo, Cruz fue trasladado a un Centro de Reinserción diverso al de la ciudad donde residía, situación que generó una grave violación a sus derechos humanos no sólo porque se realizó de manera arbitraria y sin su consentimiento, sino que, además, fue trasladado sin carpeta de ejecución. El haber llegado a Tecate sin carpeta resultó en un estado de completa indefensión e inseguridad jurídica en virtud de que Cruz se encontraba en un “limbo procesal” donde la autoridad de Mexicali ya no era competente para conocer de la solicitud de audiencia promovida, a la vez que la autoridad de Tecate no podía acordar su competencia. Cruz se mantuvo en ese estado hasta el día 25 de marzo de 2019, momento en que, finalmente, el Órgano Jurisdiccional en Tecate aceptó la competencia.

Inmediatamente después de acordar competencia, el Juez de Ejecución de Tecate señaló fecha de audiencia para Cruz. Cumpliendo así con sus obligaciones de actuar con la debida diligencia, así como otorgar celeridad y seguridad jurídica en los procesos jurisdiccionales.

Aunque Nancy y Cruz han tenido que enfrentar similares obstáculos y decisiones arbitrarias por parte de las autoridades jurisdiccionales, hoy Cruz ha recuperado la libertad, mientras que Nancy continúa en situación de reclusión.

Desde AsiLegal aplaudimos la decisión del Juez de Ejecución de Tecate de otorgar la libertad anticipada a Cruz, para que pueda rehacer su proyecto de vida y logre reinsertarse en la sociedad, después de haber sido alienado y separado de sus familiares y demás redes de apoyo por un sistema penal incapaz de garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, hacemos énfasis en el hecho de que, para Nancy, el acceso a la justicia está siendo obstaculizado por autoridades, estereotipos y prejuicios. Esto se ha visto materializado en:

  • Dilaciones procedimentales que no encuentran sustento legal alguno, y que han atentado contra su derecho a la libertad personal y a la reinserción social.
  • Incumplimiento por parte de las autoridades de notificar a las personas privadas de libertad cuando son candidatas a los beneficios preliberacionales, lo cual debió haber sucedido desde que Nancy cumplió el 50% de su condena.
  • Argumentos en audiencia basado en criterios ya superados y contrarios a los derechos humanos.

La falta de celeridad y debida diligencia en los procesos no solo obstaculizan el ejercicio de los derechos en este país, sino que también vulneran el derecho a la reinserción social, en particular a la construcción de un proyecto de vida en libertad. En el caso de Nancy, al ser madre, las dilaciones en su procedimiento y la falta de garantía de sus derechos, prolongaron innecesariamente la separación con su hijo, faltando al principio del interés superior del niño.

Es por todo lo anterior, que desde AsiLegal vemos con preocupación la falta de perspectiva de género y derechos humanos en la impartición de justicia, así como la renuencia de las autoridades a garantizar a las personas privadas de libertad la protección más amplia, y, por el contrario, privilegiar el abuso del encarcelamiento.

En AsiLegal continuaremos acompañando a mujeres que se encuentran privadas de libertad y en condiciones de vulnerabilidad, en un esfuerzo por garantizarles un acceso efectivo a la justicia. El trabajo que realizamos busca también visibilizar y combatir la violencia de género institucional que enfrentan las mujeres durante sus procesos penales, dándole voz a las mujeres que, como resultado de la falta de oportunidades y de un sistema de justicia que perpetra todas las desigualdades estructurales presentes en la sociedad, han sido olvidadas en los centros penitenciarios en México.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos

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Daniel Islas
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