Documento de política pública «Entre la realidad y la justicia. Cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca»

 

  • Informe presentado muestra las violaciones a derechos humanos que viven personas indígenas privadas de libertad

  • Presenta propuestas de políticas públicas encaminadas a solucionar las principales causas de dichas violaciones

 

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2018.- En el marco del informe de la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, basado en su visita a México y en el diagnóstico planteado por la ONU, particularmente en su análisis de los obstáculos en el acceso a la justicia de las personas indígenas, tenemos el orgullo de presentar el Documento de Política Pública, “Entre la realidad y la justicia. Cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca.»

Consideramos que existen principalmente dos problemas en este ámbito: el primero es la falta de garantías dentro del sistema de justicia estatal, y el segundo es el no reconocimiento de los sistemas normativos indígenas. En ambos casos, a pesar de un reconocimiento formal, el Estado no respeta en la práctica los derechos de las personas indígenas, lo cual conlleva una situación de discriminación estructural.
Al enfrentarse al sistema de impartición de justicia, las personas indígenas no obtienen las garantías para acceder a un juicio justo dentro de las instituciones de impartición de justicia. Retomando el informe de la relatora, “las personas indígenas detenidas y procesadas enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y la defensa adecuada por motivo de la escasez de intérpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas o conozcan las culturas indígenas.” En particular, la falta de intérpretes no permite que las personas indígenas puedan defenderse frente a las acusaciones.

Por otra parte, el Estado mexicano no reconoce la vigencia, legitimidad y eficacia de los sistemas normativos indígenas. En varias zonas de México, y en particular en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, muchas comunidades han conservado sus propias formas de resolución de conflictos, sin pasar por las instituciones estatales. Este derecho es reconocido por tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y por la Constitución mexicana. Retomando el análisis de la relatora, “frente a la inseguridad y desprotección, organizaciones indígenas han desarrollado varias iniciativas (…) lo que ha reducido la violencia e impunidad.” Sin embargo, el Estado no le ha dado a estas iniciativas el pleno reconocimiento que se merecen, y, al contrario, tiende a criminalizar a las comunidades que las impulsan.

Desde AsiLegal, consideramos necesario construir, a partir de un diagnóstico claro de la situación, propuestas concretas encaminadas a reducir la brecha entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y la realidad de violaciones a los derechos humanos que viven al enfrentarse al sistema de justicia estatal. Por ello, hoy presentamos un documento que contiene propuestas de políticas públicas, dirigido a las autoridades de Oaxaca y de Chiapas, dos de las entidades con mayor población indígena en México, y en las cuales está concentrada gran parte de la población indígena privada de libertad en el país.