México, XX de abril de 2019

 Sra. Michelle Bachelet

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

P R E S E N T E

Ref.: Visita a México

Estimada Alta Comisionada:

Quienes suscribimos la presente carta le damos una calurosa bienvenida a México. Su visita, al igual que las de sus predecesores y predecesoras, es fundamental para mantener la agenda de derechos humanos como un tema actual, necesario y urgente en nuestro país.

Como es de su conocimiento, México vive una crisis en materia de derechos humanos. Las visitas y pronunciamientos de distintos mecanismos especiales[1], los informes de los órganos de tratados[2], los resultados del Examen Periódico Universal[3], los pronunciamientos de su Oficina en México[4] y los realizados desde la sede en Ginebra lo demuestran[5]. De lo anterior, es razonable afirmar que todos los derechos humanos en México necesitan una atención prioritaria.

Las altas tasas de violencia que vive el país y la falta de una respuesta adecuada, proporcional, coordinada y basada en derechos humanos, nos preocupan sobremanera. Esa violencia se ve reflejada en un alto número de feminicidios y homicidios registrado en el país[6], las más de 40,000 personas desaparecidas -y cuyo número sigue en ascenso-, los ataques y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las violencias de toda índole hacia niñas y mujeres, la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional pero también la letalidad de algunas instituciones de seguridad así como el involucramiento directo funcionarios de los tres niveles de gobierno en la perpetuación de la violencia.  Esas y otras facetas, hacen que la violencia sea desmesurada y descontrolada.

A lo anterior se suma el escenario relacionado con la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: la falta de calidad y acceso a la educación; la precarización de los derechos laborales y sindicales; los servicios de salud sin gratuidad, medicamentos o personal suficiente y profesional para garantizar una amplia cobertura; la pésima calidad del agua a partir de la contaminación de la hidrografía mexicana; la tala ilegal, la presencia de proyectos de desarrollo que dividen comunidades y afectan seriamente territorios y el medio ambiente; y la carencia de una vivienda que respete los estándares internacionales, son algunos de los temas de preocupación actuales.

Más aún, esas violaciones de derechos humanos tienen un mayor impacto en sectores históricamente discriminados: Niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas y campesinos/as; mujeres; personas adultas mayores; personas en movilidad; y personas integrantes de la comunidad LGBTTTI.

Todos esos temas -y muchos más- encuentran mayor preocupación en un contexto en el que tanto el actual gobierno federal como los de las 32 entidades federativas tienen una concepción paternalista y clientelar, y se encuentran en proceso de recortes presupuestales injustificados y sin diagnósticos previos en políticas públicas instauradas para niñas y mujeres que necesitan refugios por encontrarse en situaciones de violencia, o el cambio de visión sobre estancias infantiles o los recortes de programas relacionados con personas con discapacidad. Ello, aunado a la visión de seguridad militarizada a partir de la reforma a la Constitución Política mexicana para la conformación de una Guardia Nacional integrada en su mayoría por elementos militares y navales; al ataque a instituciones autónomas; la designación de funcionarios y funcionarias cercanas al Presidente de la República; la firma de permisos de explotación de aguas o recursos naturales sin previo informe de impacto ambiental; la posición sobre ciertos medios de comunicación (como “adversarios”); o la deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil (como intermediarias de recursos o simuladoras pero no transformadoras de la realidad). Esa y otras posiciones nos hacen temer que durante el sexenio de la administración federal actual se vaya a avanzar decididamente en materia de derechos humanos.

En nuestro país es excepcional tener una investigación adecuada y diligente que termine en una sentencia judicial cuando se cometen violaciones de derechos humanos, como lo reflejan tanto el subregistro[7] en la denuncia como la tasa de 98% de impunidad. La colusión e incapacidad de las instituciones se ve reflejada en la saturación de servicios forenses que tienen miles de personas asesinadas sin ser identificadas y sin lograr cruces de identificación eficaces; en la falta de coordinación entre autoridades (lo cual se dificulta aún más por la organización política de un país federal), en la falta de sensibilidad y debida diligencia de las fiscalías; en servicios periciales carentes de autonomía; y, salvo excepciones, en un poder judicial más enfocado en la formalidad de sus actuaciones que en abordar las causas estructurales que siguen generando violaciones masivas de derechos humanos en el país.

Ante ese escenario desolador y adverso, quienes defendemos derechos humanos hemos encontrado en quienes integran la Oficina en México a agrandes aliados y aliadas que, desde un rol de acompañamiento técnico a las instituciones mexicanas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos y colectivos, han logrado mantener una interlocución fundamental para el avance del discurso y de políticas públicas de derechos humanos en el país. La capacidad técnica que han demostrado, sumada a una dosis de creatividad, inteligencia, análisis estratégico y mediación, hacen que la Oficina en México se haya posicionado como uno de los interlocutores más importantes y legítimos en el tema.

Pero la Oficina en México ha ido más allá de su mandato oficial: su sensibilidad, solidaridad y acompañamiento para quienes hemos estado en situaciones de desprotección y desesperanza, les han merecido un infinito agradecimiento de familiares de personas desaparecidas, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, defensores y defensoras en riesgo, periodistas que han sufrido diversas agresiones, académicos/as e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Jan Jarab, junto con su incansable y valiente equipo, nos siguen reafirmando la relevancia del escrutinio internacional para el avance nacional de los derechos humanos y, asimismo, han demostrado el lado humano de las Naciones Unidas.

Señora Alta Comisionada: el 7 de octubre de 2015, su antecesor emitió una declaración al finalizar su visita a México. También presentó 14 recomendaciones, las cuales mantienen una indiscutible vigencia.[8] Esperamos que en su visita al país usted reafirme su apoyo tanto a su Oficina de país como al Estado mexicano (instituciones, organizaciones y personas) para el cumplimiento de esas recomendaciones y las demás emitidas por distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De nuestra parte, tendrá todo el apoyo y agradecimiento por su interés y acompañamiento porque tenemos el convencimiento que el dolor, la desolación, la discriminación, la violencia y la impunidad en nuestro país deben terminar.

 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

 

ATENTAMENTE,

FIRMAS

[1] Ver, entre otros, los informes de visita de los y las relatores sobre personas defensoras de derechos humanos; pueblos indígenas; libertad de expresión; derecho al agua; empresas y derechos humanos; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica; ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada e involuntaria; independencia de magistrados y abogados; y venta de niños/as, prostitución infantil y utilización de niños/as en pornografía. A lo anterior, vale la pena añadir los pronunciamientos individuales y conjuntos de procedimientos especiales sobre todo en el marco de las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional, así como los informes individuales del Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria.

[2] En los dos últimos años, el Estado mexicano ha sido revisado por los Comités sobre Desapariciones forzadas (2018), discriminación contra la mujer (2018), económicos, sociales y culturales (2018) y trabajadores migratorios y sus familiares (2017). En este año se encuentra pendiente la revisión el CAT, el CERD, el CRPD y el CCPR.

[3] Recientemente acaba de finalizar el tercer ciclo de evaluación de México por el Consejo de Derechos Humanos. En marzo pasado, el Estado mexicano compareció ante el Consejo y aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas. Ver, Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre México. Adición: Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado. Doc ONU A/HRC/40/8/Add.1, de 12 de febrero de 2019.

[4] Existe un sinnúmero de pronunciamientos de la Oficina en México en los que expresa preocupación o saluda los avances en distintas materias: periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo o asesinados/as; políticas de seguridad adoptadas; decisiones judiciales y de otros órganos autónomos relevantes; búsqueda de personas desaparecidas; reformas legislativas; etc.

[5] A ello se suman los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea, entre otros.

[6] De acuerdo con una nota periodística, durante 2018 “fueron asesinadas, en promedio, casi 94 personas todos los días, un aproximado de cuatro personas asesinadas violentamente cada hora.” Asimismo, “[e]ste balance también confirma un incremento de los homicidios dolosos por cuarto año consecutivo. Mientras que en 2014 la tasa de homicidio doloso era de 12.96 casos por cien mil habitantes, para 2015 pasó a 13.32, en 2016 ascendió a 16.49, en 2017 se disparó hasta 20.27 casos, y 2018 cierra con 23.1 casos.” De acuerdo a la misma fuente, “en cuatro años el nivel de los homicidios dolosos en México ha crecido, sin detenerse, más de 74%. Para ponerlo en proporción, en 2014 el total de personas asesinadas (siempre de acuerdo con los datos del SESNSP) fue de 17 mil 336 víctimas, mientras que en 2018 asciende 34 mil 202, es decir, 16 mil 866 asesinatos más.” Ver, Animal político. 2018, el año más violento con más de 34 mil homicidios; en diciembre aumentaron 9%. Nota de 21 de enero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violencia-homicidios-delitos-mexico/ (Resaltado en el original)

[7] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra (subregistro) de 2017 fue de 93.2%: “En 2017 se denunció el 10.4% de los delitos” y en ese mismo año “se inició averiguación previa en el 6.8% del total de delitos. En 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.” Ver, INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018). Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf.

[8] Las recomendaciones fueron las siguientes: 1) establecer un consejo asesor sobre derechos humanos e impunidad; 2) investigar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos; 3) reformar las normas militares para asegurar que el fuero militar no conozca de ninguna violación de derechos humanos; 4) garantizar un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con enfoque de derechos humanos; 5) adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación; 6) crear una institución nacional forense autónoma e independiente; 7) implementar un registro de todas las detenciones; 8) garantizar la autonomía de distintos órganos, incluyendo las instituciones de procuración y administración de justicia; 9) ratificar algunos instrumentos internacionales pendientes; 10) establecer un mecanismo interinstitucional de alto nivel participativo para la implementación de estándares y decisiones internacionales; 11) garantizar una consulta indígena adecuada en temas que les afecten; 12) reforzar las políticas públicas a favor de las mujeres; 13) implementar efectivamente la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH; y 14) Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Tanto la declaración del Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein del 7 de octubre de 2015 como las recomendaciones emitidas y la respuesta del Estado mexicano a las mismas se encuentran disponibles en: http://www.hchr.org.mx/images/Comunicados/2015/151007_HC_Statement_MexVisit_SP.pdf.