14 de octubre de 2020

¿Amnistía o prisión?: Cámara de Diputados aprueba continuar criminalizando la precariedad con prisión preventiva

Ayer 13 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Bajo el falaz estandarte de querer atacar la impunidad, la propuesta de la expansión, aprobada por diputadas y diputados de MORENA en su mayoría, vuelve a menoscabar los preceptos basados en derechos humanos que rigen la Constitución, el Sistema de Justicia Acusatorio y el Sistema Penitenciario.

Si la reforma de 2008 en materia de derechos humanos previó, precisamente, transformar la manera como históricamente se ha ejercido en contra de la población el uso y abuso de la prisión preventiva, la resaca de hoy señala que las mismas medidas punitivas y vengativas del pasado siguen con vigencia. De manera que la supuesta excepcionalidad con la que se debería usar la prisión preventiva para un catálogo delimitado de delitos, es la normalidad absoluta del sistema penitenciario: 41.7% de las personas privadas de libertad se encuentran en su situación por prisión preventiva; 89 mil 67 personas que son jurídicamente inocentes y que, ilegal y regularmente, se les obliga a estar más de dos años sin sentencia en un centro estatal o federal.

El mismo partido que abanderó y públicamente hizo campaña a favor de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad y precariedad del país con la Ley de Amnistía, ahora les da la espalda, redoblando en la criminalización de la pobreza que ha caracterizado al sistema penal del país. Una irónica “transformación generacional” que ahora busca cambiar la impunidad y la corrupción, haciendo lo mismo que sus antecesores: creyendo que con el endurecimiento de las penas, expansiones de prisión preventiva y criminalización de actividades, afectará de alguna manera el acelerado incremento de delincuencia y reincidencia en el país.

Expertas y expertos en la materia, reiteradamente, han señalado que este tipo de medidas enfocadas en combatir la impunidad con agravamiento de penas y medidas privativas de libertad, no funcionan. Sin embargo, ahora, la expansión de delitos contempla los siguientes: robo a casa habitación, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, uso de armas de fuego y explosivos de manejo exclusivo militar, feminicidio, delitos electorales y corrupción.

La tendencia del endurecimiento al trato que se da a dichos delitos si bien podrían parecer responder a la necesidad social por frenar la comisión de los mismos, la realidad es que atienden una necesidad vengativa más que una restaurativa que fortalezca las instituciones que atañen. El atropello a la presunción de inocencia y a los derechos humanos de las personas imputadas se hace aún más probable. Con cada reforma a la medida idealmente excepcional de la prisión preventiva, nos alejamos más de la justicia y funcionamiento de las instituciones, pues en realidad se dan más herramientas para generar corrupción, opresión y malas prácticas que desembocan en vidas perdidas en prisión.

La Guerra contra el Narco que comenzó hace 14 años sigue vigente, pues se continúan empleando los mismos mecanismos legales para aterrorizar a la población, propulsando el encarcelamiento masivo (con mayores y más serias aproximaciones a delitos contra el Estado) y contribuyendo a la decadente realidad penitenciaria que se vive: hacinamiento, arraigo, reincidencia, sobrepoblación, tortura y menosprecio a los derechos humanos.

Desde ASILEGAL exhortamos a las autoridades revisoras a escuchar la voz de organizaciones de la sociedad civil, así como expertas y expertos en materia de derechos humanos y justicia penal. La población privada de libertad es una de las más vulnerables del país y este tipo de efectos legislativos afectan gravemente el tejido social que buscan salvaguardar. Extendemos nuestra intención por trabajar con autoridades que ubiquen la necesidad de reevaluar los altos costos que pagarán ciertos sectores marginados y vulnerados históricamente por este tipo de medidas.

 

ATENTAMENTE

Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, ASILEGAL

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