Yadira logró una libertad condicionada por un homicidio que no cometió

“Antes yo era una persona que no se preocupaba por los demás”, dice Yadira, sentada, esperando a que su familia llegue a recogerla minutos después de salir en libertad del CERESO. La historia que la situó en conflicto con la ley penal, culminando en 8 años tras las rejas y aceptando un crimen capital que nunca cometió, parece haber terminado.

En enero de 2011, Yadira se vio implicada en diversos ilícitos motivados por las carencias económicas y la búsqueda por tener una vida mejor. En un enfrentamiento con las autoridades, uno de sus acompañantes —sin previo aviso—, disparó y asesinó a un policía.

Lejana a una meditación del homicidio o, siquiera, cercana a ser partícipe intelectual en el mismo, Yadira tuvo pánico. Un ciclo grave de drogodependencia que se encauza y evoluciona en una progresiva separación de la realidad, contribuyó a que el flujo de decisiones erróneas continuara su curso. Intentan huir sin éxito; son detenidos pocas cuadras después. “Cuando yo le grité, él ya estaba disparando”, recuerda Yadira, argumentando aún en su libertad que se le hicieron todas las pruebas balísticas —mismas que superó— y aun así fue imputada con el delito de homicidio por aceptar el procedimiento abreviado, mecanismo que, frecuentemente en la práctica, genera culpables bajo la promesa de menor tiempo tras las rejas.

“Como es cotidiano, Yadira se vio implicada en un crimen grave a través de una relación cercana con un hombre, y terminó aceptando un crimen que no cometió”, comentó Alfredo Utrera, abogado de ASILEGAL, titular del caso de Yadira. “Ella admite su responsabilidad por el delito de robo pero no por el de homicidio, mientras que su sentencia, haciendo caso omiso a esto, igual la contempló como partícipe y culpable del delito de homicidio calificado cuando es claro que no fue así. Temiendo por una pena que excedería los 29 años en prisión, fue coaccionada a tomar el procedimiento abreviado, aceptando su culpa de ambos delitos, creyendo que solamente se contemplaría el robo con violencia. Terminó con una condena de 13 años con 10 meses”.

8 años después nos encontramos con Yadira en la terracería que encubre la salida del CERESO en el que estuvo internada durante la última parte de su condena. Desde la audiencia, se nota que ella está nerviosa pero manteniendo un cierto estoicismo que encubre y olvida pero también caracteriza el crecimiento que afirmó tener durante sus años privada de libertad: “Trabajé en mi educación, estudié la secundaria y la preparatoria. He luchado contra mi carácter, he trabajado por este beneficio [preliberacional], aunque no sean remuneradas las horas de trabajo. Tengo ánimo por retomar mi proyecto de vida”.

La última audiencia fue celebrada el pasado 22 de octubre después de ser aplazada dos veces. Desarrollándose en el transcurso de dos horas, la fiscalía se enfocó en repetidas ocasiones por trabar los beneficios preliberacionales que Yadira había logrado obtener durante todo su proceso privada de libertad y conseguir un nuevo aplazamiento de la audiencia basado en la falta de notificación a la víctima, peticiones que fueron negadas en diferentes momentos por la jueza. El resultado, a fin de cuentas, se tiñó con cada recurso agotado de una fiscalía que, sin éxito, quería obligar a Yadira pasar el resto de su condena privada de libertad.

Yadira, como muchas otras, optó por un procedimiento abreviado que culminó por inculparla por el homicidio que hizo otra persona, sin su consentimiento o ayuda material al perpetrarlo. Todo parece olvidarse, al menos para ella, cuando llora de gozo al abrazar a su hija y a su nieta por primera vez. Mientras tanto, nosotros como espectadores, nos limitamos a preguntar, ¿cuál es la cifra, caso o persona que sigue malentendida por hacer caso omiso a la investigación y los hechos? La impunidad no sólo se cosecha en la estadística de la cifra negra, sino en los casos que fueron cerrados, olvidando el justo y digno acceso a la justicia.

Por Sergio Pérez Gavilán

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