Las historias que construyen AsiLEGAL
Doce historias. doce nuevos proyectos de vida que han podido ser retomados, gracias a la fortaleza y resiliencia de las personas que hemos acompañado y que, en nuestra trayectoria, han supuesto retos multidisciplinarios en materia jurídica y defensa de derechos humanos.
Las historias, enmarcadas en una línea de tiempo emblemática del crecimiento y transformación de la organización a través de los años, delinean una misión que supera nuestra propia individualidad y trabajo profesional de cada colaboradora y colaborador de ASILEGAL; relatan con claridad que, en el fondo, detrás de todas nuestras acciones, nos mueve un sólo objetivo: la defensa, procuración y vigilancia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad.
Hay casos de éxito, casos en progreso y casos en discusión. Enfrentarnos a un sistema de justicia que viola derechos humanos de manera sistemática no siempre es grato ni recompensante; hay veces que este sistema se empeña en seguir perpetuando injusticias. Esto, lejos de significar una derrota, se convierte en un bastión del progreso que existe y la asintótica lucha por mejorar las condiciones de los grupos en situación de vulnerabilidad del país. No importa cuántas batallas se pierdan o ganen: ASILEGAL aquí está, no se irá a ningún lado y, hasta el último aliento, seguiremos luchando.
Pedro

El 30 de agosto de 1999 Pedro fue detenido cuando tenía tan sólo 16 años de edad. Dada su condición como indígena tlapaneco, sin saber hablar o escribir español, fue sometido por las autoridades con golpes y amenazas hasta que terminó recluido en prisión preventiva en el Cereso Ayutla de los Libres, en Guerrero.
A partir de ese momento se fijaron los siguientes 11 años de su vida. Sin recibir sentencia alguna, ni pruebas con respecto al crimen que se le imputaba, fue completamente aislado del mundo exterior durante más de una década, destruyendo su juventud y proyecto de vida en el proceso.
Gracias al trabajo del equipo jurídico de AsiLEGAL, hoy Pedro puede disfrutar de su vida en libertad, construyendo un nuevo futuro para sí mismo y su familia.

Salustia

Salustia fue criminalizada por el Estado. Su caso ejemplifica a la perfección cómo la actuación de jueces desde estereotipos de género y machismo, puede derivar en una condena a una mujer por “no haber sabido ser madre”.
En febrero de 1999, Salustia comenzó a sentir dolores de parto, pero sin acceso a servicios de salud en su comunidad fue asistida por sus familiares. Ya en el hospital, después de perder el conocimiento, supo que “su bebé venía lastimado” y que había sufrido una hemorragia vaginal.
Sin estar recuperada y sin orden de aprehensión fue retenida ilegalmente en el Ministerio Público y obligada a firmar una declaración que no entendía porque no sabía leer ni escribir. Su defensor público nunca le explicó el proceso que enfrentaba.
Después de 20 años en la cárcel, Salustia recuperó la libertad que el Estado machista un día le arrebató.

Miriam

En una noche de mayo de 2004 Miriam sufrió un parto fortuito, sin ningún problema previo ni complicación de ningún tipo, perdió su bebé y, en el proceso de recuperación, su libertad.
Miriam fue víctima de violencia obstétrica y de un trato estigmatizante e inhumano a través del cual fue sometida a ver fotografías de su bebé fallecido conseguidas sin orden judicial. Sin aún estar recuperada, fue detenida y sentenciada a 27 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco consanguíneo.
Después de 14 años Miriam obtuvo su libertad, sin embargo, está condicionada a múltiples limitaciones que le impiden rehacer su vida con normalidad. Su inocencia aún no ha sido reconocida por el Estado.

Melina

Con desconocimiento de su embarazo, una noche de octubre de 2015, Melina fue al baño y “expulsó un coágulo de sangre”. Como el sangrado no paró, fue al hospital. Sin tener idea de lo que sucedía, su familia descubre un cuerpo sin vida en la letrina y avisan a la policía.
La “justicia” determina privar de libertad a Melina por homicidio en razón de parentesco. Su vida cambió radicalmente y con ello la vida de sus hijos y de su madre. Un traslado involuntario dificultó aún más situación, pues su familia tiene que hacer viajes maratónicos de un día entero para verla, a gran coste de su precaria situación económica.
Melina se ha enfrentado a patrones graves de criminalización y perjuicio contra las mujeres. Hasta la fecha continúa privada de libertad.

Marina

Marina sospechaba de un embarazo, pero no estaba segura por seguir con su menstruación. En el ejercicio de un derecho sexual y reproductivo, como lo mandatan organismos internacionales, tomó unas pastillas abortivas y comenzó a sangrar hasta que expulsó al producto. Ese mismo día se encontraba una trabajadora del DIF en su hogar, quien al ver el sangrado de Marina le recomendó ir a un hospital.
Como es usual en los funcionarios de los Ministerios Públicos, Marina fue juzgada, maltratada psicológicamente y enjuiciada sin perspectiva de género.
Existe un elemento común que permanece durante todo el proceso penal de Marina: el reproche del Estado por no haber actuado como una “buena madre” lo haría. Rechazar ser madre, en México, puede costar más de 22 años de cárcel, como es el caso de Marina quien continúa privada de libertad.

Zenaida

Un día en su casa, Zenaida se percató de que su esposo y un amigo llegaban a su casa tomados. Ella sale para
darle de comer a sus animales y, al regresar, encuentra un cuerpo sin vida con un golpe en la cabeza y que su
marido no se encontraba. Su comunidad la culpabiliza del asesinato e intentan lincharla, momento en el que
intercede la policía local.
Al ser de orígen indígena sin conocimiento de español, se le presenta con un traductor para explicarle su
proceso, sin embargo, éste no hablaba su dialecto. Zenaida, por lo tanto es obligada, coercida y torturada para
aceptar su situación sin entenderla.
Zenaida fue víctima de una falta profunda de debido proceso, acceso a la justicia y abuso de prisión
preventiva. Estuvo más de 8 años privada de libertad por un crimen que no cometió, en Tlapa, Guerrero.

Yamel

En marzo de 2008 Yamel fue detenida por un conflicto en el que ella, después de 8 años de relación y al menos
4 años siendo víctima de violencia doméstica, terminó con la vida de su ex pareja. Previo a esto Yamel intentó
denunciar ante el Ministerio Público a su ex pareja por violencia de género, sin embargo, fue ignorada pues
“no tenía suficientes golpes”.
Con 3 hijos, Yamel se encontraba completamente sumergida en una relación asimétrica de poder donde él,
también, era su único sustento económico. El día de los hechos, actuar en defensa propia no fue suficiente
para determinar su caso favorablemente. Después de pasar más 4,000 días privada de libertad, Yamel con
apoyo de ASILEGAL logró su libertad en septiembre de 2019.
Ahora Yamel busca recuperar un proyecto de vida que la violencia, la disparidad de género y una nula
aplicación de la perspectiva de género en el sistema de justicia detuvo por completo.

Leobardo

Leobardo es un hombre indígena de origen mixteco que sufrió un abuso de prisión preventiva que se extendió
hasta 9 años por un homicidio que no cometió y que nunca fue esclarecido.
A través de declaraciones viciadas, los agentes del Ministerio Público lograron que se girara una orden de
aprehensión en contra de Leobardo sin datos de pruebas contundentes. Durante el proceso de los 9 años en
prisión preventiva, además, Leobardo perdió la vista por completo debido a la poca —o nula— atención
médica del centro penitenciario.
Gracias al trabajo de ASILEGAL, Leobardo salió libre en el 2011 por humanidad, con las limitaciones que
contrajo irremediablemente por su ceguera.

Concepción

Concepción forma parte de la lista interminable de mujeres que son criminalizadas por abortos o partos
fortuitos y juzgadas por homicidio.
El día de los hechos, Concepción, con dolores en el vientre, detuvo su día laboral para acudir a emergencias de
la Cruz Roja. Estando ahí fue al baño y fortuitamente expulsó a un bebé nonato.
Fue víctima de violencia obstétrica al no ser atendida adecuadamente, estando incluso en alcance de
personal capacitado, no fue transferida hasta horas después de lo ocurrido, sin atender sus necesidades. Se le
estigmatizó, culpabilizó y atacó desde los prejuicios machistas por cuestiones naturales de las que no tuvo
control.
Consiguió su libertad después de 7 meses en los que fue culpabilizada y mantenida en prisión preventiva
ilegalmente.

Gladys

Gladys es una mujer que ha vivido en una situación de vulnerabilidad exponencial. El contexto de violencia,
drogodependencia y pobreza en el que vivía, la sometió a un ciclo de conflictos y agresiones interminables
donde, en una ocasión, no logró defender a su hija de una violación sexual.
Ante lo sucedido, el Estado determinó que merecía ser juzgada con una peor sentencia que los agresores.
Gladys fue condenada a cinco años más de prisión por no mantener los más altos estándares de lo que se
espera de una madre.
En este caso los prejuicios de las autoridades han sido superiores a la justicia, Gladys ha sido estigmatizada,
criminalizada y finalmente separada de su familia y de la sociedad.

Monica

Mónica es una mujer que después de una serie de altercados con sus vecinos, prendió fuego a sus cortinas
cuando ellos no estaban en casa.
Tras lo ocurrido y ante la ausencia absoluta de una presunción de inocencia, con una clasificación errónea del
tipo penal del delito, fue condenada a 13 años y 4 meses de prisión en 2012.
Una sentencia exagerada y fuera de perspectiva con los hechos y testimonios, aunado a que en la sentencia
se alude expresamente que Mónica no contaba con pensamiento “sereno”, es decir, por no adecuarse a una
conducta de serenidad que se exige socialmente a las mujeres, Mónica fue criminalizada.
Por sus propios méritos y gracias al acompañamiento que Mónica recibo de parte de ASILEGAL, logró su
libertad condicionada. Hoy en día se encuentra reunida con su familia, trabajando con ánimos de construir un
nuevo proyecto de vida.

Cruz y Nancy

Sin pensar en los riesgos o consecuencias y movido por los efectos que causa el consumo de algunas
sustancias, Cruz participó en un asalto a una gasolinera acompañado de su novia Nancy, causando una
parálisis en su proyecto de vida.
En sus casos, los atropellos omnipresentes del Sistema Penal mexicano tomaron forma en una falta de
seguridad y legalidad jurídica que imposibilitó que ambos llevaran a cabo su proceso en libertad, cuando
eran aptos, por ley, a hacerlo. Siendo víctimas de traslados involuntarios que pudieron atentar contra su
posibilidad de reinserción social, ambos salieron adelante.
Cruz consiguió el beneficio de libertad anticipada, no así Nancy, quien fue revictimizada por el hecho de ser
mujer, quedando sujeta a cumplir su sentencia completa privada de libertad. Hoy se encuentran en vías de
construir una familia con un proyecto de vida reconstruido con las lecciones aprendidas.