El reflejo de la imperante homofobia, transfobia y misoginia de la cultura mexicana, se aprecia desde sus instituciones. Las condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, regularmente se expresan desde el hogar de origen. De acuerdo al CONAPRED en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), las personas LGBTTTI, en particular trans, son llevadas a dejar sus casas de origen desde una temprana edad:  el 27.7% de la población tuvo que salir de su primer casa antes de cumplir 18 años y, en el caso de las personas trans, el porcentaje sube considerablemente a 31.7%. Los motivos de esto son diversos: la mayoría de los gays, bisexuales y lesbianas dejaron el hogar para trabajar o estudiar (entre 49 y 66%), pero las mujeres trans y los hombres trans relacionan su salida primordialmente con la orientación sexual y problemas familiares, estas razones colocadas en el 42.9% y 37.7% de los casos¹.

Después de dejar sus lugares de origen, las personas son enfrentadas a una complicada realidad en la que la discriminación, insultos o menosprecios son la moneda de intercambio. En la mencionada ENDOSIG, se señala precisamente que haber experimentado conductas negativas en edades tempranas es una constante que les acompaña el resto de la vida y en distintos contextos. El uso denigrante de su orientación sexual como ofensa y las críticas por expresiones de género están generalizados en la sociedad y normalizan un ambiente hostil y violento en contra de las personas no heterosexuales. Del estudio, 96.8% de las personas entrevistadas reportaron haber oído chistes ofensivos sobre la diversidad sexual y de género y el 93.3% ha presenciado expresiones de odio, agresiones físicas y de acoso en contra de la población LGBTTTI². 

Al momento de realizar la encuesta, una de cada cuatro personas no heterosexuales comentó que, injustificadamente, se les había negado algún derecho. En el caso de las personas trans, el porcentaje sube en un 10%. Desde la posibilidad de continuar con estudios y el acceso a la justicia, hasta recibir oportunidades laborales, se va afectando progresivamente la capacidad que las personas tendrán para salir de contextos de violencia y abuso. Teniendo en mente la acelerada necesidad por salir del lugar de origen a una temprana edad, la desconexión con las personas que conforman sus entornos inmediatos, pocas posibilidades económicas y la falta de acceso a derechos elementales, las probabilidades de que una persona LGBTTTI en condiciones desfavorables paulatinamente se acerque al trabajo sexual, afectaciones a la salud y a un conflicto con la ley penal son exacerbadas. 

Georgina Gutiérrez, fundadora de Ciudadanía Positiva, organización de la sociedad civil que ha trabajado durante más de 10 años por el acceso a una salud sexual integral de la población privada de libertad, declaró en entrevista con ASILEGAL cómo toman forma los abusos que sufre la población: “Han habido muchos casos con los que he tratado. Niñas de 12 años que ayudaban a otras niñas en situación de calle a dar a luz en las coladeras; personas que desde la niñez se hacen adictas para no tener frío y más… Recuerdo bien a uno que le decían ‘La Creatura’, es un chavo que salió ya hace unos años de prisión. Él nació y creció en una situación de violencia extrema doméstica, por lo que eventualmente se sale de su hogar y es acogido por la calle, hasta que esta se convierte en su nueva familia. Como tiende a suceder, el chico comienza a tener un cliente sexual que le pagaba con comida. Él presiente que se infectó de VIH porque veía a este señor tomar medicamentos. Ya después, por un robo menor, lo agarran y va al centro penitenciario donde se da cuenta que efectivamente estaba infectado”.  

Cada vulnerabilidad acerca con más y más seguridad a la persona al conflicto con la ley penal; sea por hambre, trabajo sexual o desesperanza social en una situación de calle, “son como escalones, esta condición de vulnerabilidades acumuladas: calle, violencia, VIH, cárcel, afectaciones mentales por drogadicción, etcétera”, comentó Georgina.

La realidad de las personas LGBTTTI, sin embargo, no es homogénea. No es lo mismo ser una mujer trans que llevó a cabo la vaginoplastia antes de entrar a un centro de reinserción, que un hombre homosexual o una mujer lesbiana. La mezcla más bien heterogénea de todos los factores, presenta que la experiencia no se resume en entender a la comunidad como un solo grupo que debe ser atendido, sino que hay complicaciones comunes entre cada persona, pero temas específicos que complican la realidad de cada letra dentro del acrónimo LGBTTTI. 

Perla, Mario y Teodoro, como parte de los más de 30 casos que ASILEGAL tuvo acceso a entrevistas en centros penitenciarios en el centro del país, señalan abusos específicos que les han sido negados. Se escogieron sus testimonios como referencias de carne y hueso de cómo el Estado —y la sociedad misma— ejercen violencia de maneras distintas pero igual de punzantes que terminan en conflicto con la ley penal. El derecho al trabajo, a una vida libre de violencia, del libre desarrollo de la personalidad, a la salud o de una mínima protección ante los abusos que se presentaron a lo largo de su vida, son aún rezagos que urgentemente se deben de atender y no tienen lugar en la sociedad mexicana actual. 

El problema, es que el apoyo parece escaso. En entrevista con Raúl Albores, titular del Programa de Especial de Sexualidad, Salud y VIH/SIDA de la CNDH, comentó que el estigma omnipresente a la población, así como el pleno desinterés, afecta profundamente que las personas puedan tener acceso a tratamientos de vida o muerte. “El mismo CENSIDA nos ha dicho que todo está muy bien con lo relacionado a medicamentos retrovirales para VIH, demás servicios médicos e insumos, pues ellos gastan millones en condones femeninos, masculinos, hormonas, lubricantes etc. Sin embargo, en los Estados siguen las quejas sobre el desabastecimiento en estos insumos, por ello, tenemos algo en mente para el 1ro de diciembre que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, algo que no sea simbólico, lo simbólico está padre, pero le apuesto más a fincar responsabilidades administrativas, penales y a hacer seguimientos más puntuales”, comentó. 

Lograr cambios puntuales no es sencillo. Especialmente cuando las personas encargadas de dirigir los gobiernos estatales o federales dan la espalda a las poblaciones vulnerables que deberían ser de su mayor preocupación. “Hay un problema con los Congresos, pues no reforman códigos ni leyes, les valen los Derechos Humanos, se sienten muy soberanos y no garantizan los derechos como tener un matrimonio entre personas del mismo sexo, inclusive hay quienes se abstienen en sus votaciones porque ‘sus valores morales’ no les permiten”, comenta. “Cuando en teoría son servidores públicos y no tendría que pasar eso. Cuando nos reunimos con la Fiscalía de Aguascalientes, para ver los temas de homicidio y a pesar de que en el Código Penal no esté reformado el apartado de homicidio o no tenga las agravantes de orientación, existen protocolos de investigación en la materia y la fiscalía los desconocía”. 

Su impresión, lejos de caer en una exageración, es comprobada al revisar las políticas públicas, acciones afirmativas o reformas que se han hecho con respecto a derechos LGBTTTI en el país. “En alguna ocasión lanzamos un comunicado para tratar los temas de matrimonio entre personas del mismo sexo en el Congreso de Querétaro y ellos se atrevieron a decir: ‘No, eso aquí no, tu recomendación no la voy a atender, a ver oblígame’, hay un descaro impresionante y si jalamos todos los hilitos, encontraremos muchísimas cosas más”, añade Albores.

Acorde al Informe Especial de la CNDH sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en México, los DIF, al ser cuestionados si han implementado acciones afirmativas a favor de la población:  solo un tercio, el 32%³, respondió afirmativamente, mientras el resto respondió que no o no respondió nada. El hecho de que un 68% de los DIF estatales no respondieran o simplemente dieran una negativa, matiza la gravedad de la situación que comenta Albores. Si el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) debe buscar prevenir y atacar la violencia intrafamiliar hacia la comunidad LGBTTTI, su falta de información señala con claridad que no reportar registros de acciones de violencia, “trasluce que éstas pueden o no existir, pero lo que se puede afirmar es que no se encuentran institucionalizadas, sistematizadas ni tampoco reportadas, lo cual refleja la falta de interés en la materia en términos institucionales”⁴. 

En el caso de políticas públicas, por su parte, el escenario no mejora: de los 32 estados, 11 Secretarías de Gobernación estatales afirmaron haber generado alguna, mientras el resto, es decir el 66% no generaron, no respondieron o respondieron no contar con dicha información. Lamentablemente esta falta de apoyos se hace evidente al notar en las historias de vida Perla, Mario y Teodoro, que siempre se les dejó a su suerte en contextos de violencia y precariedad. 

Además, a través de solicitudes de acceso a la información, le preguntamos a las autoridades de los 32 estados sobre quejas que se han interpuesto desde el sistema penitenciario de personas LGBTTTI que sufrieron abusos de derechos humanos. El panorama y la accesibilidad, no obstante, probó que en muchas ocasiones, no hay disposición, interés, ni una aproximación certera a la realidad: de 32 solicitudes a cada Comisión de Derechos Humanos Estatal de todos los estados de la república, en 15 de las entidades (el 42% del país) dijeron no recibir una sola queja de la población en esa década de privación de libertad. No hay registro, ni información. Por otro lado, las que sí respondieron, mostraron que el conocimiento de abusos y quejas por origen de personas LGBTTTI privadas de libertad, depende en gran medida del lugar donde residen: 227 quejas a la comisión de la Ciudad de México, 114 en Jalisco, 14 en Nayarit, Oaxaca y Baja California con 8, después Coahuila y San Luis Potosí con 3, Querétaro con 2, y finalmente una sola en Sonora. 

Albores, sin embargo, menciona que si bien se tiene disposición, es importante presionar y exigir a los estados los cambios, pues dependiendo de la CNDH únicamente, las herramientas de defensa de las personas LGBTTTI están en velo, ya que tienen un alcance limitado. De manera que, explicita, hacer diagnósticos no es suficiente: “No estoy peleado con las encuestas o con los informes, pues es valioso medir la realidad, pero hay veces que la misma comunidad me pregunta ‘¿Esta vez qué va a hacer CONAPRED? ¿Otra encuesta de que nos discriminan mucho?’ Entonces en esta ocasión, le estamos apostando a seguir la ruta y ver en dónde se atoran la entrega de insumos, pues sería interesante medir lo que da CENSIDA y lo que llega a los reclusorios”. 

Albores termina reflexivo cuando le pregunto si las problemáticas se deben, en resumen, a una falta de presupuesto para que programas como el que dirige tengan más efectividad, él responde: “Más que una disminución de presupuestos, no hay voluntad ni interés. Me pregunto… ¿Qué impacta más, una falta de presupuesto o una falta de interés?  No sé qué es peor”.

Su primer recuerdo es quizá de aquel día en el que su padre, un servidor público, fue encontrado muerto en un hotel con un balazo en la boca. Se le dictaminó como un presunto suicidio, pero el peritaje claramente reflejaba algo diferente, un homicidio. Teodoro, o bien Teo, explica que a partir de este suceso su vida y las de sus hermanos/as empezaría a cambiar.

Ahora, desde prisión, está dispuesto a contar lo que ha vivido y el por qué está aquí. Se define como una persona rebelde que incluso generaba cierto miedo dentro de la población privada de libertad, pero todo cambiaría aquel día en el que decidiera “salir del closet”, él sabía lo que le esperaba: “ni pex, ya a últimas, pues son cosas que tienen que pasar”. Sin esperanza de una sana aceptación tomó la decisión y decidió enfrentarlo, de frente, como se tienen que tomar las cosas dentro de prisión.

Es difícil imaginar un futuro sin sufrimiento para una familia de cinco hermanos/as, una madre soltera y la pobreza rondándoles todo el tiempo. Teodoro, de solo once años cuando sucedió la muerte de su padre, relata que los siguientes años fueron muy complicados para todos, pues la violencia con la que habían crecido en casa la empezarían a practicar. Además, pronto comenzarían aquellos años de juventud en los que experimentar sonaría fácil, y para él, que quería descubrirlo todo, las malas decisiones, el enojo y la rebeldía lo llevarían al reclusorio, apenas a los dieciocho años, por robo a transeúnte.

En Ciudad de México más del treinta por ciento de los delitos cometidos son por robo a transeúnte⁵, y no, lo que le pasó a Teodoro no fue porque él se lo buscó como muchas personas quizá se atrevan a deducir, lo que la llevó a esto va más allá de sus decisiones, es un problema social sistemático, en el cual la mayoría de actores comparten el mismo contexto social lleno de carencias, falta de apoyo y de oportunidades. Lejos de ser un problema de él o de su familia, es un tema del sistema, pues a pesar de esta gran incidencia, la prevención social no es aún un tema de interés para el estado.

En sus reflexiones comenta que quizá le faltó esa mano dura que un “papá” suele dar. Entiende a su madre, pues al ver a sus hijos/as alcoholizadas o drogadas, y con el mismo carácter que su exesposo, él menciona: “Miedo le debió de haber dado de decirnos algo”. Y es que, lamentablemente, este pensamiento no solo lo comparte Teodoro, sino una gran parte de la población mexicana, que educadas en el seno patriarcal, creen que el “rol” del hombre es el de escarmentar y dar órdenes, y el de la madre de proteger y criar.

Después de su primera experiencia en un Centro de Reinserción, llegaría la hora de su reintegración a la sociedad. Al haber cumplido con la ley y la reinserción social, no serían suficiente al parecer, pues la falta de oportunidad laboral le orillaría al trabajo sexual. Comenta Teodoro: “Es buena lana, a veces me podía llevar hasta mil pesos en un día”. Y sí, el tener un ingreso diario de más de mil pesos, para México, lo ponía por arriba de la mitad de la población mexicana trabajadora, pero ¿a qué costo? Las y los trabajadores sexuales suelen vivir en contextos de precariedad y peligro. Existe una criminalización del trabajo sexual, así como de sus orientaciones sexuales e identidad de género, además de una violencia estructural, institucional y directa expone el Comité Internacional de derechos de trabajadores sexuales en Europa⁶. Para Teodoro la vulnerabilidad que este trabajo le conllevaba no le importaba, pues en su casa sus hijas e hijos le necesitaban y para él claro estaba, que otras oportunidades laborales jamás le darían el mismo ingreso.

Como él, hay muchas personas en el país que después de compurgar su sentencia, a su vida llega otro problema: la reinserción social. El estigma que tiene la población en relación con las personas que han tenido problemas con la ley es muy preocupante. La discriminación que afrontan en el entorno laboral, familiar, vecinal, que parte de una desconfianza grave, hace que les sea un reto retomar sus vidas lejos de las actividades delictivas. En México, el 60% de las personas ex convictas, según la ONU⁷, tienden a cometer algún delito debido a la falta de oportunidades laborales que enfrentan.

Sí, quizá un cuarenta por ciento de probabilidad de que Teodoro tuviera una reinserción social correcta suena posible, pero en su vida hay otra barrera; no ser heterosexual. La Encuesta Nacional sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México determinó que el 14% de las personas LGBTTTQ+ se les ha negado algún puesto laboral por su orientación sexual o identidad de género. Además, una de cada tres personas no heterosexuales ha sido víctima de algún tipo de discriminación en su lugar de trabajo⁸. Es de asombrarse, sin tener conciencia de que sistemáticamente, Teodoro, es una persona sumamente vulnerable en el país, aún tiene el tiempo y las ganas de sonreír, y de rehacer su vida ya sea dentro o fuera de prisión.

Para Teodoro, la discriminación, se define como una parte de su vida; no acabó cuando regresó a la cárcel y probablemente nunca terminará. Sin tomar mucha importancia, comenta que a él lo que en realidad le preocupa es el empleo, pues necesita apoyar a su familia, principalmente, a sus hijos. Lamentablemente, las oportunidades dentro del centro de reinserción se las han negado, y es que se ha ofrecido de todo, él comenta: “Les he dicho le meto la mano a la mierda, lo que me pongan, pero denme chamba”, y su respuesta siempre ha sido: “No, ya estamos completos”. Teodoro muestra desesperación en sus gestos, pues no sabe qué hacer: ha interpuesto quejas y no le dan respuesta. Dentro de su desahogo confiesa que el empleo le iría bien “pues tener la mente ocupada me ayudará a no pensar en hacer maldades” y es que aún tiene varias décadas por delante dentro de prisión. Quizá contar con terapia psicológica le vendría bien, pero ésta, también le ha sido rechazada.

En Latinoamérica seis de cada diez personas LGBTI privadas de libertad han sido víctimas de algún tipo de abuso⁹. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expone que las personas de la diversidad sexual suelen ser víctimas de discriminaciones múltiples cuando además de su orientación sexual e identidad de género diversas se enlazan con otras características físicas, etarias, culturales, socioeconómicas, entre otras¹⁰. El panorama para Teodoro es muy difícil, lo tiene claro, no es necesario que vea los reportajes, pues ya ha vivido todo tipo de discriminación.

El Modelo de Reinserción Social actual abarca cinco ejes rectores: salud, educación, deporte, trabajo y capacitación. Sin embargo, muchos de los Centros de Reinserción Social aún no cuentan ni con la infraestructura, ni con los recursos para poderles otorgar estos derechos a las personas privadas de libertad. Una de las principales razones de esta ineficiencia es la saturación de los reclusorios que se dan, principalmente, por el abuso de la prisión preventiva¹¹.

En su vivencia dentro de prisión, Teodoro a parte de la negación para conseguir empleo, la salud también se le ha refutado. En sus experiencias relata el miedo que ha tenido de contraer algún tipo de infección y morir. Sus quejas han tenido que llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, apenas, así lo podrían oír. Él ha perdido todo tipo de esperanza en el área médica. Justamente, relata que en cuestión de salud sexual también siente una discriminación pues a la hora de pedir condones, por lo general, no le quieren dar, supone que es por solo ser bisexual y no otra parte parte de la diversidad sexual. Aún creen que él es un heterosexual más en busca de privilegios. Él, debido a la falta de atención por parte del área de salud del reclusorio, ha preferido creer que si tiene sus defensas fuertes nada le pasará. 

Experiencias como las que vive Teodoro hay muchas, dentro y fuera de la cárcel. Y no, el problema no sólo debe de recaer en el Estado, pues a pesar de su ineficacia en los temas sociales, la población también juega un papel muy importante en la obstaculización hacia las personas que han cometido errores en su vida. 

Perla tenía 17 años cuando una tía suya descubrió que tenía relaciones sexuales con una compañera suya de la secundaria. No la delató, pero para ella, hizo algo peor: le obligó a decirle a su madre. Una mujer conservadora, soltera, su única familiar nuclear, quien no podía abstraer que su hija fuera lesbiana. “Mi familia era muy conservadora y ser hija única o cargar con un apellido que tienes que conservar, puede terminar siendo una carga muy pesada para una chava de 18 años que solo quiere estudiar, conocer gente, salir y divertirse. Desde ese lado fue muy pesado y el rechazo de mi madre, peor. No me desconoció como hija, pero nunca me aceptó. Le costó mucho trabajo desde que se enteró, sus creencias a diferencia de lo que era su hija”.

Perla es la primera de una serie de entrevistas que llevaríamos a cabo en las instalaciones de Santa Martha Acatitla, sección femenil. Se sienta del lado y enciende un cigarro, cruza las piernas. Ella es una mujer lesbiana de 45 años de edad con una sentencia mínima por daños contra la salud, que de haber tenido recursos económicos podría pasar en libertad. Tiene el pelo negro y corto, prácticamente de casco militar, con ojos negros entrecerrados que rara vez abre completamente al hablar. Se recarga sobre sus piernas con los codos cuando se interesa en la conversación.

“Ella se entera gracias a mi Tía”, dice. “Porque me cacha teniendo relaciones con una chica de la escuela. Me dijo que yo le tenía que decir a mi mamá y tenía muchísimo miedo porque me ponía unas madrizas durísimas. Pero con todo, hasta con tubo. Una vez me mandó al hospital, cuando tenía más o menos esa edad. Las cosas eran normales, pero sí me regañaba por todo. Y aunque no eran tan seguido las madrizas, esa vez se le pasó la mano. La verdad, me gustaría preguntarle por qué a ese grado tenía que pegarme. Después de eso se rompieron las cosas, ya no nos pudimos ver igual”. Extrañadas y con una relación de dependencia media entre las dos, la madre de Perla moriría un par de años después, dejándola en una situación de precariedad con respecto a sus hijos y su salud emocional.

“Si me quieres ayudar, con 2 mil pesos me voy. Pero aquí las cosas son… no hay un trabajo que te permita tener esa facilidad de juntar tu multa o tu garantía, y sin apoyo afuera pues todavía más difícil”, dice. La sentenciaron hace dos años y está a año y medio de compurgar. Perla es de la Ciudad de México, de las colonias aledañas a Tlatelolco, cuenta que creció con una económica relativamente estable, proporcionada por su madre trabajadora, ya que su padre nunca fue parte de su vida. Sin embargo, su relación con su madre, de por sí deteriorada por incesantes conflictos entre las dos, se haría cada vez más árida y compleja. Perla empezaría a consumir droga después de cumplir los 21 años, y no las podría dejar hasta dos décadas después.

“No tengo hermanos y soy hija única, mi mamá hacía uniformes. Yo terminé la preparatoria aquí dentro, pero antes llevaba una carrera técnica trunca en gastronomía. La verdad es que no había muchos problemas con la ley, siempre fuimos una familia luchona. Pero después me enganché con las drogas, y ahí estuve, durante 19 años en ellas. Ahora llevo 6 años sin drogarme. Como a los 21 empecé, y también en esa época fue cuando me encarcelaron por primera vez. Saliendo de una fiesta se me acerca un tipo y después de un rato de platicar, me ofrece llevarme a mi casa. Acepto y, en eso, él decide robar un coche y cuando nos agarran me echa la culpa”.

Como es usual en el sistema, Perla, siendo mujer de recursos limitados y con problemas de adicción, es sentenciada sin perspectiva de género y llevada al Reclusorio Oriente, donde pasaría los siguientes dos años, donde su consumo se agudizaría paulatinamente. A partir de este momento, ella pasa a ser una más de las mujeres que son señaladas y sentenciadas a partir de un prejuicio en contra del rol natural de las mujeres en sociedad, cosa que le sucedería dos veces en su vida.

El primer conflicto con la ley penal con su subsecuente privación de libertad, entra como un primer parteaguas en la vida de Perla. La carrera en gastronomía nunca sería retomada, el proyecto de vida se diluye a granel, como un reloj que en vez de medir segundos con arena, mide años por días en la cárcel.

Después, en su segundo conflicto con la ley penal, Perla sería distanciada de sus hijos y familia. Cuenta que estando dentro el amor se convierte en un lujo de la supervivencia. Sus dos años los ha pasado con una pareja estable, pero entra en segundo término cuando presiente que su salida está cerca. Con certeza, dice que ya no quiere estar con esta persona porque al salir sus prioridades se transforman: “Yo no puedo seguir atada a este lugar cuando salga. Tengo una vida allá afuera, mis hijos, mi casa, tengo que tomarme mis días y estar sola”.

“Mis hijos tienen 18 y 15, es una historia complicada. No son del mismo padre, el primero, no se de quién es”, cuenta pausada. Poco después de su privación en el Reclusorio Oriente, y sin la existencia de programas de apoyo o seguimiento, su consumo se agrava. Una noche, inconsciente en un callejón, varios hombres abusan sexualmente de ella. Nunca supo quiénes eran, ni un trazo de evidencia tuvo a su alcance. “Mi terapeuta me dice que es mejor así, que no sepa, o no me acuerde de ellos. La neta, mejor, porque hubiera sido más traumante. Ahí le cuento a mi mamá que estaba consumiendo y me anexa. Me escapo de ahí después de un rato, pero ya estaba embarazada”.

La violencia que vive y ser madre de dos ponen en jaque su propia identidad. Al preguntarle cuál es su identidad sexogenérica, dice que ella se considera lesbiana, pero como tiene dos hijos debería decir bisexual. La realidad, según su testimonio y consideración, es que en situaciones de vulnerabilidad extrema, tuvo encuentros sexuales no deseados y consensuales que terminaron en embarazos. Ella es una mujer lesbiana que tal vez en circunstancias diferentes, podría haber ejercido su sexualidad sin el rezago de la violencia de género, la coerción económica, el rechazo parental y la violencia institucional, cuestiones que comúnmente llevan al consumo desmedido, como el que llegó a padecer gravemente durante mucho tiempo.

“Mi segundo embarazo fue después de salir de otro anexo. Fue con un hombre mucho mayor. Él me patrocinaba para que siguiera drogándome y después de año y medio de relación me propone que tengamos sexo y acepto. El problema fue que a los cinco meses él se muere y después nace mi hija. Pero no me arrepiento, de nada, ellos dos son lo mejor de mi vida, no son como yo, son buenas personas y hemos puesto mucho empeño para que no pasen las mismas cosas que yo”.

“Al día de hoy volteo y estoy segura que no quiero ser la persona que fui. Lo más importante fue dejarme de drogar, hace 6 años. Cuando regreso a la cárcel, de hecho ya no consumía, pero igual, como estaba en una fiesta y me vieron ahí sin nadie, en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, todo sale mal. Me metieron por daños a la salud, 3 años 8 meses y cuando me presentan frente a la autoridad dicen que traía piedra, perico y 25 bolsas de marihuana. Yo nunca había visto todas estas cosas, de hecho las veo por primera vez ya en el juzgado. La jueza intentó ayudarme y no tener una sentencia más grave, porque era reincidente, en mi expediente pudo ver que no era una persona problemática, ni que lo soy ahorita. El problema fue que he tenido que compurgar porque no tengo el dinero. Conseguir 2 mil pesos aquí dentro no es lo mismo que afuera. Pero así es esto, no tenemos dinero”.

Perla, en su paso por Santa Martha, comenta que ha tenido registrados conflictos ante la CNDH por denunciar venta de narcóticos dentro de su celda o en otros lugares cercanos a su vida cotidiana, pues no soporta tener el consumo cerca de ella. “A mí me afectaba mucho mi estabilidad y seguridad emocional tener esto aquí al lado, aunque lleve 6 años limpia, eso no me exenta de recaer y es lo último que quiero”.

En 1989 Barbara Kruger hizo un cártel para protestar en contra de una reforma a Roe vs Wade, es decir, la jurisprudencia que le dio derecho a decidir sobre su cuerpo a las mujeres estadounidenses. Un retrato de una mujer en blanco y negro, partido a la mitad por una línea negra, donde se ve un mitad natural y la otra mitad en negativo, enmarcadas en un rectángulo rojo chillante con cincos palabras resaltadas en blanco sobre rojo a lo largo del centro: Your Body is a Battlefied (Tu cuerpo es un campo de batalla). Su imagen, inspirada en la relación de consumo y mercadotecnia, dio con simpleza y potencia en el centro del tema sobre los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, no se agota ahí, sino que puede abstraer a otro frente: la comprensión que se puede tener sobre la cuesta arriba de las personas transgénero y transexuales en conflicto con la ley penal.

El cuerpo de las personas trans es un campo de batalla en el cual la guerra y la recompensa son las mismas: el derecho a elegir libremente quien se quiere ser. En un país donde los crímenes de odio son regla, donde en 2019 solamente se asesinaron a 441 personas de identidad sexodivergente, es decir, tres cada día del año, la guerra está claramente establecida en contra de los cuerpos que no quieren formar parte de una heteronormatividad hegemónica. Y esta guerra no se limita a los crímenes de odio, sino también a una cultura que ha asimilado la diferencia como un peligro. De esta manera, una cultura que responde con privaciones de libertad a historias de vida que deben ser analizadas con perspectiva para asimilar la cascada de abusos y marginalización que tiene una persona trans a lo largo de su vida.

El problema que supone la localización en un centro penitenciario de una persona trans, comienza con el reconocimiento —usualmente negado— a identificarse con la identidad de género deseada; luego, los procedimientos de cambio de sexo, conseguir hormonas o una cirugía transformativa; después, que su identidad no entre en conflicto con el lugar de reclusión, y más. Para ahondar en ello, hablamos con Daniela Vázquez, subdirectora de Almas Cautivas, sobre su trabajo enfocado en derechos trans en privación de libertad.

ASILEGAL: Quiero conocer un poco de las dificultades y vulnerabilidades extraordinarias que tienen las personas LGBTTTI en conflicto con la ley penal o privados de la libertad. Pero antes, ¿Me podrías contar a grandes rasgos de Almas Cautivas el cómo nace y dónde están ahora?

Daniela Vázquez: Almas Cautivas es una asociación civil sin fines de lucro creada el 3 de junio del año 2013. Fue fundada por mujeres transexuales y surge a raíz de una experiencia personal, de la presidenta, Ari Vera Morales, quien estuvo en una situación de reclusión. Cuando ella sale exonerada, después de ver y atestiguar los problemas que se vivían en los centros penitenciarios, es que nace la iniciativa de crear Almas Cautivas.

La organización trabaja en pro de los derechos humanos de las personas LGBT+ privadas de la libertad. Es una asociación que tiene varios programas, desde la parte asistencial, la parte de fortalecimiento en derechos humanos, formación, incidencia y visibilización.

Durante todos estos años les hemos llevado distintas actividades (a las personas LGBT+), pero digamos que lo inicial y por lo cual nació Almas Cautivas, antes de llevar talleres, antes de llevar insumos, queríamos llevar una presencia que dejará a cuenta que las personas LGBT+ no están abandonadas por la sociedad civil organizada. Más allá de los insumos y talleres que hacemos, creemos que una parte fundamental es la escucha y hacer saber que las personas LGBT+ tienen una aliada y que Almas Cautivas y las personas LGBT+ que estamos en ella, somos sus aliadas y que tienen en nosotras unas amigas.

Por su puesto, buscamos también incidir en cambios conductuales para que los niveles de violencia, ya sea entre ellas mismas o con otras poblaciones, disminuya. Hemos trabajado estos temas también pensando en la reinserción, en que cuando salgan estas personas LGBT+ tengan un patrón de cambio, que no sea la misma persona que ingresó con ciertas características, sino que salga diferente y pueda integrarse a la sociedad con otras formas de socializar con las demás personas, con otras dinámicas de convivencia, que impidan que las personas LGBT+ reincidan.

¿Y estos programas de reinserción los hacen dentro de los centros o también continúan una vez que están fuera?

Todos estos programas los hacemos dentro. También tenemos otro que es Alma Emprendedora, a través de este, nosotras les llevamos talleres, por ejemplo, para que ellas y ellos puedan aprender algún oficio y/o actividad para que puedan generar una autonomía económica, y puedan así, mientras están en el centro penitenciario, realizar, por ejemplo, productos a base de chocolate y que puedan subsistir mediante la venta. Esto con la idea que cuando ellas/os salgan puedan elaborar estos mismos productos y puedan tener algún beneficio económico a través de ellos. Estos proyectos han sido financiados por medio del gobierno de la Ciudad de México.

Ahora, entrando en materia específica, ¿cuáles son las vulnerabilidades a las que se enfrenta la población LGBT que ustedes han notado como patrones constantes en la privación de la libertad?

Las personas privadas de la libertad LGBT enfrentan un principio, una estructura, un sistema, en donde las leyes no funcionan como deberían de funcionar. Si el artículo primero constitucional, si las convenciones como la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación de la OEA, si estos funcionaran, pues seguramente no tendríamos casos de discriminación en los centros penitenciarios.

Si las personas que operan en los centros penitenciarios se guiaran bajo estos principios de no discriminación, bajo los principios de igualdad, bajo los principios de derechos humanos, bajo los principios del respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad e independientemente de su identidad de género, orientación o expresión, seguramente otro escenario sería, pero eso no es así. Entonces eso es a lo primero que se enfrentan, que tenemos un sistema legal que tiene buenos propósitos, sin embargo, en la vida cotidiana de los operadores, del personal administrativo, de la guardia, de los custodios, del personal técnico, todos esos principios no se aterrizan. Tal como lo dice justamente el pronunciamiento sobre la atención hacia las personas integrantes de las poblaciones LGBTTTI en centros penitenciarios, este pronunciamiento que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual dice que no hay una armonización entre las leyes federales, la constitución, con los reglamentos, y que tiende justamente a reglamentar los centros penitenciarios. Diría que, en principio, este es el primer obstáculo al que se enfrentan las personas LGBT+ privadas de la libertad.

El segundo obstáculo es que estas leyes, este sistema, no llega a las partes de la vida cotidiana, porque está imbuido con otro sistema que tiene que ver con un sistema heteronormativo, ¿qué quiere decir esto? Que asumimos que todas las orientaciones sexuales, todas las identificaciones que no se ajustan a las identidades normativas, a la orientación sexual normativa, a la heterosexualidad están mal y entonces, de ahí este es otro obstáculo y problemática. ¿Qué vamos a encontrar? Que justamente los operadores, las personas van a funcionar de manera y van a trabajar con base en estos prejuicios y estigmas, con base en una cultura discriminatoria que atenta contra los derechos de las personas LGBT+ privadas de la libertad por ser lesbianas, por ser gays, por ser afeminadas, por ser trans, por expresarse diferente de acuerdo con lo que se espera de su sexo o su género.

Ese es el otro rubro que, por supuesto tiene implicaciones muy grandes. O sea, además de la vida cotidiana que tiene que ver desde un rechazo bastante sutil, por ejemplo, no te hago caso, te ignoro, hasta cuestiones bastante visibles como la negación de un servicio de salud, o la obstaculización para el acceso a la justicia dentro del sistema penitenciario. Ahí es donde se refleja este sistema heterocentrista, esta homofobia, esta transfobia, ahí es donde vemos su actuar mucho más concreto.

Este es el otro sistema al que se enfrentan y este sistema no nada más permea a las autoridades y a la estructura del sistema penitenciario, sino que también permea al resto de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de la libertad que no son gays, lesbianas, bisexuales y trans pues también comparten seguramente estos prejuicios, estas ideas en el que ser gay, ser lesbiana, ser trans, es algo que está equivocado a lo cual se tiene que rechazar, a lo cual se tiene que violentar, de ahí, justamente surgen las burlas, los insultos, los motes, los apodos, hay muchos apodos que les ponen a las personas lesbianas, a las personas gays que están privadas de la libertad por otros compañeros que no son gays, que no son lesbianas, justamente como una medida de rechazo, de discriminación y de violencia psicológica y verbal hacia estas poblaciones.

Si estas leyes no se armonizan también tiene otros efectos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una ciudad de avanzada, en donde las personas trans han logrado modificar sus documentos, tienen derecho a levantar una nueva acta por reconocimiento de identidad de género, tienen una clínica donde se les da derecho a la salud para que puedan, por ejemplo, tener hormonas, seguimiento psicoterapéutico, esto en los centros penitenciarios no lo hay. ¿Y qué implica para las personas trans que el sistema de salud no les provea de las hormonas? Esto implica que las personas trans que habían ingresado al centro penitenciario con cambios morfológicos, con cambios corporales derivados de la ingesta de hormonas que ellos o ellas tomaban en libertad cuando llegan a prisión el sistema de salud no les va a proveer estos medicamentos ni estas hormonas, y entonces ¿qué va a pasar? Su cuerpo va a retornar a su antiguo estado y esto trae por supuesto efectos fuertes en la psicología. Nosotras le llamamos efecto de doble prisión porque no solamente estarás presa en el centro penitenciario, sino que vas a estar también presa en el cuerpo que ya habías modificado en libertad pero que ahora en la prisión vas a volver a recuperar ese cuerpo al cual tú no te sientes identificada o no te reconoces, entonces esto es parte de otra problemática.

Hay otros rubros como en la laboral, que las personas LGBT+, a veces, no las dejan trabajan en estas empresas que ofertan trabajo en los centros penitenciarios; en las escuelas ocurre lo mismo, no en todas, hay algunas compañeras que sí están estudiando, pero algunas chicas trans comentaban que no asistían a la escuela porque en la escuela les ponían apodos y se burlaban de ellas.

Me llamó mucho la atención ver en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del año pasado (DNSP 19) que el 66% de los centros visitados tenían instalaciones suficientes para el tratamiento de casos de VIH positivos y 44% con atenciones a personas LGBT+, ¿consideras que esto es cercano a la realidad en su experiencia?

El Diagnóstico aún falta mejorar, en este jamás se les pregunta a los centros penitenciarios cuánta población LGBT+ tienen. Ellos mismos reconocen que ningún centro maneja estadísticas sobre a cuánto asciende su población LGBTTTI, no solo global, sino también desglosado.

Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, se lleva una estadística, que se basa en una ficha de detección cuando una persona entra a un centro penitenciario, entonces se le pregunta si pertenece a algún grupo vulnerable y si es parte de la población LGBTTTI, si te dice que sí, entonces esa persona pasa a ser parte de la estadística y de la población LGBTTTI en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Además, se les pregunta si se asumen como lesbianas, gays o trans. Esto es algo que no se tiene en los demás estados de la República.

En la Encuesta Nacional de la Población Privada de Libertad (ENPOL) de 2016 había un desglose, pero era también mínimo.

Sí, en general se tiene muy pocos datos y estamos hablando de las cárceles estatales, a nivel federal tampoco se tiene datos. Nosotras hicimos una petición hace dos años, algo así, para saber cuál era la población LGBTTTI privada de libertad en los centros penitenciarios federales y es algo que no pudimos obtener. Los centros penitenciarios deberían tener información, por ejemplo, cuántas personas LGBTTTI están ligadas con delitos contra la salud o con crimen organizado.

¿Cuáles son las acciones más relevantes para poder entender y atacar correctamente el tema de la población LGBTTTI en reclusión? ¿capacitación o incidencia en políticas públicas?

Tendría que ser un plan integral que no solamente tenga que ver con cambiar las normas, sino también, que tenga que ver con cambiar los patrones de conducta, con los patrones culturales, todo eso, digamos, lo ponemos en conjunto, seguramente tendría algún impacto. Pero para medir ese impacto seguramente tendríamos que dar un seguimiento, una evaluación en el tiempo, no solo cuando termines la sensibilización, sino ver ya en la práctica si los cambios se están reflejando en las poblaciones que se supone que va a beneficiar. Por ejemplo, nosotras llevamos a cabo talleres a 300 personas de custodia, personal administrativo, en el año 2014, y nosotras justamente tratábamos de llevar esto, talleres de sensibilización, decirles en que consisten los derechos humanos de las personas LGBTTTI+ y las personas de guardia y custodia nos decían a mi no me interesa saber eso, a mi no me interesa aprender quien es una persona lesbiana, o quien es trans, yo lo que quiero es que me lo pongan en el reglamento de los centros penitenciarios, que me digan si una persona trans puede andar con cabello largo, si una persona trans puede ingresar ropa femenina, o sea, si me lo ponen así yo lo voy acatar.

Eso es a lo que nos enfrentamos nosotras cuando llevamos talleres de sensibilización. Había una resistencia muy fuerte de cierto sector para aprender que existen otras orientaciones sexuales, de que existen otras identidades de género, de que existen otras formas de ser mujer y de ser hombre, y que los centros penitenciarios están ahí para resguardar personas independientemente de su sexo y de su género.

Los centros penitenciaros no son lugares donde se va a vigilar que el género o que el sexo o que las conductas sean acordes a lo que esperamos como debe ser un hombre o como debe de ser una mujer, porque es lo que pasa ahora. O sea, hasta hace poco la cultura y lo que nos decían las personas en los centros penitenciarios es que aquí nosotros no podemos respetar a las mujeres trans como mujeres porque este es un centro para hombres, aquí hay hombres, no mujeres, aquí se tienen que portar como hombres, aquí se tienen que cortar el cabello, pero ¿qué pasa cuando tienes una mujer trans con implantes y que no le provees de sostén? ¿qué es preferible que ande con sostén o que ande sin sostén? 

Son varias cuestiones que nosotras nos dimos cuenta y por supuesto el tema de las personas trans es un tema que desafía al sistema penitenciario, que las mujeres trans, ahorita hay muchas mujeres trans en los centros penitenciarios varoniles porque no han modificado sus documentos, pero las mujeres trans que ya modificaron sus documentos tiene que ir a un centro penitenciario femenil de acuerdo con la ley. Pero, ¿qué pasa si de acuerdo con la ley a un hombre trans que ya cambió sus documentos y que ahora se llama Pedro Pérez lo mandas a un centro penitenciario varonil? Como bien sabemos los hombres trans rara vez llegan a la faloplastia, entonces vas a mandar a un centro penitenciario varonil a un hombre trans con vulva y si no le provees de esta sustitución hormonal pues seguramente va a volver a menstruar, y ¿qué va a pasar cuando los demás compañeros sepan que el hombre trans en lugar de tener pene tiene una vulva?, ¿cuáles van a ser los riesgos para él y para su integridad y para su seguridad? ¿cuál va a ser la garantía que no va a sufrir abuso sexual, violaciones mutuarias? O ¿qué va a pasar si este hombre trans dice bueno, yo me quedo en el centro varonil y tiene relaciones sexuales con otros hombres y se embaraza? El centro varonil no está diseñado como los centros femeniles para albergar niños o a infantes, entonces es que las personas trans pueden poner en situaciones difíciles al sistema penitenciario, mucho más ahora que las personas ya en varios estados de la república pueden modificar sus documentos.

Y entonces ¿cuál es el criterio que están usando las autoridades actualmente para atender este caso, se van al acta o se van a una cuestión genital?

El sistema penitenciario resguarda en teoría y quien dicta donde vas a enfrentar un proceso o donde vas a enfrentar una sentencia son los jueces, los jueces son los que dicen, bueno, tú eres mujer, aunque tengas pene, pero tu acta de nacimiento dice que eres una mujer, entonces de acuerdo con la ley como eres una mujer te voy a mandar a un centro femenil, que es lo que pasó con una chica trans que conocemos.

Ahora bien, el sistema penitenciario tuvo el caso de Karla, ella es una mujer transexual con vaginoplastia, sin embargo, ella no había modificado sus documentos, su acta de nacimiento seguía diciendo que se presentaba vivo a un niño con nombre, no sé, Luis, y entonces con base en esa información y en ese entonces el juez determinó que ella tendría que estar en el Reclusorio Varonil Oriente. ¿Qué es lo que pasó? Que esta chica solicitó su cambio ante las autoridades del sistema penitenciario pues de acuerdo con su anatomía, que ella era una mujer, que no podía estar ahí, aunque su acta de nacimiento dijera otra cosa y entonces afortunadamente el sistema penitenciario actuó de buena manera y la trasladó a un centro femenil. En el centro femenil ella pensó que iba a estar en una situación mucho mejor, en compañía entre pares con otras mujeres que la iban a reconocer como tal y no fue así, las mujeres no trans o cisgénero, como se dice en la actualidad, la rechazaron, le decían tú no eres una mujer, tú tienes que regresar a un reclusorio varonil. La última información que tuvimos de ella es que ya estaba harta de estar ahí y que quería regresar.

Entonces, de acuerdo con las instituciones el sistema penitenciario opera bajo un criterio genital, y si tienes vulva aún, te pueden pasar a un centro femenil, pero los jueces operan bajo el criterio de saber cual es tu sexo legal. Tenemos otro caso de una mujer trans en la penitenciaría varonil. Ella cambió su acta de nacimiento estando ahí, entonces ella logró su acta de nacimiento y ahora ya se llama Mariana y entonces el centro penitenciario le dijo a ella ¿quieres seguir en este centro o quieres ser trasladada a uno femenil, pues porque tú legalmente ya eres una mujer y tendrías que estar en uno femenil, a ella le dieron la oportunidad de elegir y ella dijo “no, yo prefiero quedarme en un centro varonil”. Se quedó en la penitenciaría.

¿Te gustaría agregar algo más?

A mi me gustaría agregar que, en tanto el sistema penitenciario federal y los sistemas penitenciarios estatales no modifiquen o no apliquen la ley como se debe, creo que otras formas de justicia deberían de buscarse para las personas LGBT+ privadas de libertad.

¿Cómo lo están haciendo en otros países? Con arresto domiciliario, o puede ser con pulsera, o sea, buscar otras formas de justicia y no únicamente la privación de la libertad. De hecho, la privación de la libertad para cualquier persona es un episodio que no se olvida, que deja marcada la existencia toda la vida, pero en el caso de las personas LGBTTTI+ privadas de la libertad, sobre todo de las personas trans que son de las poblaciones más vulnerables dentro de los centros penitenciarios. Creo que una de las vías que se pueden ver es que se busquen otras formas de hacer justicia, en espacios seguros, en espacios donde se garantice el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones, porque lo que hemos visto en los sistemas penitenciarios estatales, los derechos humanos de las personas LGBTTT+ privadas de libertad se ven muy violentadas desde su ingreso y durante su estancia.

Mario tiene los ojos azules y las cejas rubias. Es joven: no hay un solo trazo de arrugas en su rostro, pero en su edad no se delata su experiencia. Su manera de hablar pausada y contemplativa, hace parecer que el tiempo no apremia, y queda poco antes de la última llamada para salir del centro de reinserción social donde le entrevisté. 

Él ingresó a los 17 años a prisión; Mario no conoce una realidad adulta que no sea tras las rejas. Su percepción del tiempo se hizo diferente cuando empezó a contar en cuenta regresiva, en vez de viendo hacia adelante, como cualquier adolescente lo haría. Su vida, dice, comenzó cuando su padre abandonó a su familia el día de su octavo cumpleaños: “eso me regaló el canijo”, comenta. “Desde que tengo uso de razón mi familia se ha dedicado al comercio informal en un tianguis, vendían casetes de música, luego discos compactos y demás. Posteriormente, cuando tenía 8, mi papá decide rehacer su vida con otra persona y se separa de mi mamá y justo en el día de mi cumpleaños deja la casa. Cuando decide separarse de mi mamá, ella se entera que con la persona que estaba rehaciendo su vida era su cuñada, es decir, la esposa del hermano de mi mamá, entonces mis primos pasaron a ser mis hermanastros”.

Los contextos de vulnerabilidad ante el abandono a temprana edad de un padre, aún más en el contexto familiar que obliga la circunstancia, supuso a Mario frente a la necesidad de ayudar a su madre y a su hermano desde que fueron abandonados. “Realmente nos quedamos solos. Hubo hasta días que llegamos a pasarla en la calle porque la dueña de la casa en la que estábamos nos corrió porque no teníamos para pagar la renta. Recuerdo que en ese tiempo, una vez, llegamos de viaje porque se había casado una prima y la casa estaba vacía. Pensamos que se habían metido a robar, pero no. Resulta que mi papá había saqueado la casa: nos dejó con cuatro muebles viejos”. 

A la par, cuenta, Mario se fue dando cuenta que no le interesaban los niños, ni los juegos de niñas o lo que se esperaba de ella, cuando fue una niña preadolescente. “Siempre hubo mucha imposición sobre los ‘hombres se casan con mujeres’, ‘los niños con las niñas’, ‘el rosa para ti y el azul para Carlos’, siempre me dio mucha pena comentarlo”. 

Y no se hizo fácil con los años: “En la escuela sufrí de bullying y digo que bullying porque lo vine a conocer y supe que era eso hasta llegar aquí. Fui a una escuela de puras mujeres, en la Cámara de Comercio, y antes esto era muy reprimido, muy criticado. Sí veía que dos o tres personas eran así como yo, pero no se animaban a decir ‘sí, soy lesbiana’, ‘sí, me gustan las mujeres’ o ‘sí, soy trans’ y pues tanto en la primaria como en la secundaria me hacían mucho bullying porque me decían que yo era rarita, incluso mucha gente no me hablaba”. 

El rechazo social, el abandono de su padre y las pocas posibilidades económicas de las que se rodeó, comenzaron a pesar sobre Mario. Después, aún siendo menor de edad, un primo suyo intentó abusar sexualmente de él. En la casa donde estaban recibiendo alojamiento después de quedarse sin vivienda, mientras dormía, su primo empezó a tocarle. Mario se defendió inmediatamente, pero nadie le creyó. “Me dijeron que lo provoqué, que me desnudé frente a él, y más cosas así. Mi mamá terminó muy mal con esa familia y hasta llegó a dudar de mí; aunque yo nunca se lo quise aclarar porque sabía que era un tema que le dolía”. Tuvieron que salir de esa casa y se encontraron de nuevo en una situación extremadamente complicada, pero con el paso de los años pudieron encontrar relativa estabilidad con otros familiares y Mario pudo terminar la preparatoria técnica a los 17 años. En ese momento, desesperado por encontrar trabajo y medios para sostener a su familia, a su madre, hermano y sí mismo, entra en conflicto con la ley penal. 

“Estudié hasta el bachillerato técnico. Lo terminé y desafortunadamente cuando a mí me agarran yo ya tenía un año de haber terminado el bachillerato. En ese entonces tenía 17 años y me acuerdo que no podía conseguir empleo porque todo mundo me quería contratar pagándome mil pesos al mes ya que no tenía los 18 años, era realmente difícil. 

Entonces, en una ocasión, una persona que estudió conmigo y que trabajaba en una empresa de valores, me prometió ayudarme a sacar una credencial de elector falsa para que me dieran trabajo. Se me hizo fácil, le di una copia de mi acta de nacimiento para que me sacara la credencial y pues nunca me la sacó, pero sí se quedó con mi acta. Pasa el tiempo, me invita a participar en un robo y como entré en la desesperación de que no encontraba trabajo, accedí. Ella me decía, ‘no va a pasar nada, solo vas a pasar por esa calle y te van a dar 500 mil pesos porque el robo es de una camioneta de valores’. Al principio dije que no, pero luego dije ‘pues sí, va órale, ¿Nada más voy a pasar?’ y me decía que sí.

Ya cuando vi que las cosas no eran como ‘un juego de carritos’, me di cuenta bien tarde. Yo ya estaba bien empinada y ya bien dentro de la onda. Ya no pude salirme, aunque quise ya no pude, realmente sabía yo demasiado, no me quedo de otra y dije bueno a lo mejor todo sale bien”. 

Cuando sucede el robo a la camioneta de valores, aún siendo un papel tangencial el que tuvo Mario en el desarrollo y ejecución, las cosas se tornan violentas. Tres guardias de seguridad son asesinados por otros conspiradores y Mario, así como el resto de las personas envueltas son detenidas inmediatamente. No pasaría más de una hora para que comenzaran a torturarle. “A todos nos torturaron, bueno, a mi amiga y a mí, sí. Me dieron una golpiza marca acme, por todo el cuerpo y después me cortaron el pezón derecho de un pellizco. Se puso negro y eventualmente se cayó”. Las golpizas fueron recurrentes y continuas, plagadas de intentos de abuso sexual a los que Mario tuvo que defenderse con su última fuerza, a lo que recibió más violencia. “Me decían, ‘que no te gustan los hombres, pinche lesbiana ojete’. Trataron de meterme la mano entre las piernas, pero pateé y solté mordidas. Ya después solo se concentraban en pegarme en la cabeza, cuerpo. Luego, me esposaron de la espalda, me sacaron sangre de la nariz, boca, me patearon la cabeza, se concentraron más en pegarme que en tocarme”.

El caso se cierra en 2003, pero los policías que le detuvieron continuaron acosando, incluso haciendo tortura psicológica. “Lo que más me podía es que me amenazaban de meter a mi familia a la cárcel. Les decía que no se metieran con ellos, que el del error fui yo”. Esto como inmediata respuesta de la queja que interpuso ante la CNDH para que se resolviera a su favor que fue torturado y mutilado gravemente durante su detención. En cambio, su abogada de oficio, le respondió: “Si tú sigues con la denuncia yo no soy el policía para garantizar que no te van a hacer nada ni a ti, ni a tu familia”. Eventualmente, Mario, terminó por desistir de la queja. 

Es visible que a Mario le cuesta trabajo continuar con su historia. Pero me dice que aunque la injusticia se ha visto durante muchas partes de su vida, está agradecido que pudo encontrar la manera de comprender su expresión de género, aunque aún así fuese dentro. “Había pensado antes de entrar hacer mi transcición, pero no tenía el valor, especialmente por todas esas cosas de la biblia, el infierno y demás. Estaba muy mal visto”. Sin embargo, estando dentro, ella pensó que ya no había nada que temer y que si podría reclamar algo, sería su propio cuerpo, su nombre y la manera como quiere vivir su vida. Ha sido apoyado por la CNDH para recibir los tratamientos hormonales, aunque en el contexto de la pandemia fueron detenidos, él está completamente seguro de que así seguirá. La discriminación sigue siendo constante, especialmente ahora que es muy evidente la transición de Mario, pero él se mantiene sobre su línea, peleando en contra de un sistema que le ha privado de todo y en una clara señal de su propia fuerza, decidió reclamarle su cuerpo y mente. 

“Yo he metido mis propios beneficios, porque ya cumplí 17 años de la sentencia de 30, estudié derecho aquí dentro y solo me faltan 4 materias y la tesis para terminar. Me cambié el nombre y vivo como trans. El problema ha sido que me quedé sin avales morales porque ya no me visita mi familia. Cuando mi familia supo que yo decidí ser trans dejó de venirme a ver, me quitaron todo el apoyo, dejaron de saber tan siquiera cómo estoy.  Me dieron la espalda totalmente, desde hace 5 años que no sé de ellos, ni de mi hermano, o mi hermana o mi papá. Mi mamá de plano ya no viene a verme, no soporta verme vestido así o con el pelo corto, fue difícil y yo les he dicho, si duele el rechazo de la sociedad, más me duele el rechazo de ustedes…”

Mario termina, no obstante, agradeciendo que ahora vive su expresión de género e identidad sexual como él lo desea: “Me tachan con todo lo que pasó antes y le digo pues sí: yo crecí aquí, yo crecí en prisión y gracias a Dios —yo no digo este ‘lugar maldito’—, gracias a Dios yo vine aquí a crecer, a aprender, a madurar. Para mí, este lugar fue una bendición, allá afuera yo nunca hubiera salido del clóset. Yo creo que ya hasta me habría casado con tal de darle el gusto a mi mamá, y pienso que por algo pasan las cosas, Dios por algo me tiene aquí porque tiene preparado algo bien bueno para mí, yo nomas ando esperando. Pero eso no lo ven y me dan ganas de meterles unas cachetadas a todos los del MP, al juez y a todos ellos”.