Intervención de ASILEGAL en la Audiencia ante la CIDH sobre Prisión Preventiva

PRISIÓN PREVENTIVA

En México, hasta agosto de 2017 se tenían contabilizadas 208 mil 689 personas privadas de libertad, de ellas, el 38.1% estaban en prisión preventiva[1]. Aunque el porcentaje es relativamente alto, no refleja la gravedad del abuso de esta medida cautelar en algunos estados del país como Durango, en donde el porcentaje asciende a 70%, o como Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quinta Roo, en donde más del 50% de su población privada de libertad se encuentra en prisión preventiva.

Además del alto porcentaje de personas en prisión preventiva que hay en algunos estados, el abuso de la medida cautelar se hace más evidente en casos de sectores vulnerables como el de las personas indígenas y el de las mujeres en los cuales la prisión preventiva se aplica de manera indiscriminada, ignorando totalmente los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad establecidos en los Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de Libertad, de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de personas indígenas privadas de libertad, dos ejemplos representativos de lo que vive este sector en México son Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca, existe un gravísimo 97.44% de personas indígenas privadas de libertad en prisión preventiva y en Chiapas el dato no es alentador, el 52.8% de las personas indígenas privadas de libertad se encuentra bajo esta medida cautelar[2].

Esta información da muestra de que las autoridades encargadas de impartir justicia no atienden las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la normatividad nacional en la que se mandata que en el caso de personas indígenas deberá privilegiarse la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva con el objetivo de evitar las consecuencias negativas como, por ejemplo, el alto nivel de abandono al que se ven sometidas.

Por otro lado, en cuanto a la diferenciación por género, si contrastamos el porcentaje de hombres bajo prisión preventiva con el de mujeres, nos daremos cuenta de que el abuso se presenta en mayor medida en el caso de estas últimas. A nivel nacional el 37.6% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 47%[3].

Además, si realizamos un recorrido por los estados en los que existe un mayor porcentaje de mujeres bajo esta medida cautelar, identificaremos que hay estados en los que el abuso hacia este sector es más que evidente. El estado de Durango cuenta con un 80.6% de mujeres en prisión preventiva;  Oaxaca cuenta con un 71.4%; Chiapas, Jalisco y Quintana Roo  que cuentan con un 65.2% de las mujeres privadas de libertad bajo esta medida cautelar y Tabasco con un 64.2%[4].

Estos son los estados en los que el número de mujeres en prisión preventiva es evidentemente alarmante, pero existen otras trece entidades en las que más del 50% de las mujeres están bajo esta medida cautelar:  Baja California Sur, Veracruz, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Cuando las mujeres se encuentran en prisión preventiva los efectos para ellas y sus hijos e hijas son muy adversos debido a que en muchos de los casos son el principal y, en ocasiones, único soporte económico y emocional de sus familias. Asimismo, es importante mencionar que debido a la criminalización que hay hacia las mujeres privadas de libertad por no cumplir con el estereotipo de género tradicional muchas cuentan con pocas redes de apoyo y, al igual que las personas indígenas, se enfrentan a una situación de abandono.

Finalmente, no queremos dejar de señalar que una de las consecuencias del abuso en la aplicación de esta medida cautelar es el alto nivel de violencia que existe dentro de los Centros de Reinserción Social. De enero a agosto de 2017 se tienen registrados mil 422 incidentes de violencia dentro de los Centros de Reinserción, en estos incidentes estuvieron involucradas 4 mil 902 personas privadas de libertad de las cuales mil 601, es decir, el 32.7% estaban en prisión preventiva[5]

Los incidentes de violencia más recurrentes son las riñas y las agresiones a terceros. Los estados en los que se tiene identificada una mayor cantidad de hechos de violencia son: Puebla con 192, Baja California con 133, Chihuahua con 78 y Sonora con 31.

Por otro lado, sin duda, los motines son uno de los incidentes que más evidencian la falta de capacidad por parte del Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de las personas privadas de libertad y garantizar su derecho a la reinserción social. De enero a agosto de este año se han registrado nueve amotinamientos, tres se suscitaron en Nuevo León, dos en Tamaulipas, dos en Quintana Roo, uno en Baja California Sur y uno más en Guerrero.       

El tema de la falta de seguridad dentro de los Centros de Reinserción ha sido abordado con suficiencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus Diagnósticos de Supervisión Penitenciaria de 2015 y 2016 ha sido enfática en señalar la urgencia de atender problemáticas dentro de los Centros de Reinserción como: sobrepoblación, insuficiencia de personal penitenciario, autogobierno y corrupción.

La propuesta de ampliar el catálogo de delitos en los que se aplique la prisión preventiva oficiosa, no constituye una respuesta a los altos índices de inseguridad pública, pero sí representa un factor que acrecentará los ya altos niveles de violencia que imperan en los Centros de Reinserción Social y que implican un grave riesgo a la vida y a la integridad física y emocional de las personas que se encuentran en prisión preventiva, fundamentalmente, de aquellas que pertenecientes a grupos vulnerables como lo son las mujeres y las personas indígenas.


[1] Datos calculados a partir de la información presentada en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Comisión Nacional de Seguridad (CNS); agosto de 2017; Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

[2] Gutiérrez, José Luis (coordinador); “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca. Informe”; México; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; 2017.

[3] Comisión Nacional de Seguridad; Op. Cit.

[4] Ibidem.

[5] Datos calculados a partir de la información presentada en los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional correspondientes a los meses de enero a agosto de 2017. Comisión Nacional de Seguridad (CNS); enero - agosto de 2017; Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

 

Mexico Prisión preventiva - 24 de octubre de 2017 from ASILEGAL on Vimeo.

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