Ausencia de las autoridades responsables de la política penitenciaria mexicana y falta de enfoque en DDHH: es necesario transformar el sistema penitenciario

  • Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) asistieron a la Cuarta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas, convocadas como invitadas especiales por la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se dio seguimiento a la necesidad de atender la situación penitenciaria en la región.

 

La Cuarta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, el 3 y 4 de febrero de 2020 con una representación de 29 delegaciones estatales, teniendo por objeto incidir en la humanización del sistema penitenciario. La agenda incluyó los siguientes temas: humanización de los sistemas penitenciarios; mecanismos para la reducción del hacinamiento; programas de rehabilitación para la reinserción social de personas privadas de libertad; profesionalización del personal penitenciario; y, sistemas de información para la gestión penitenciaria.

Los retos del sistema penitenciario en México, como el hacinamiento, la abolición del autogobierno y la generación de programas de reinserción social, entre otros, reclaman mayor asertividad por parte de las autoridades corresponsables por generar sistemas humanizantes que reconozcan a las personas privadas de libertad como sujetas de derechos. Es necesario recordar que actualmente hay más de 200 centros penitenciarios en nuestro país, mismos que albergan a 200 mil personas privadas de libertad, y que todas y cada una de ellas están en una situación potencialmente violatoria de derechos humanos. En ese sentido, si bien se tocaron algunos de estos temas en esta Cuarta Reunión de Estados, el abordaje no resalta la importancia de poner en el centro a las personas privadas de la libertad, aún cuando el Secretario General de la OEA señaló en la inauguración que “el núcleo central de los sistemas penitenciarios son los seres humanos, tanto los funcionarios como los reclusos”. El enfoque en derechos humanos debe de ser fundamental, si es que realmente se quiere lograr una transformación positiva en las políticas penitenciarias de la región.

En estados como Nuevo León o Baja California, por ejemplo, los ataques a los derechos humanos siguen siendo práctica común: acorde al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2019) ambos estados, en segundo y tercer lugar respectivamente, presentaron la mayor cantidad de desórdenes a nivel nacional. A su vez, Baja California es el tercer estado con más riñas dentro de los Centros de Reinserción Social (CERESO) con 62 y Nuevo León reportó 36, también. Esto muestra que el problema de autogobierno y control de las autoridades de los centros de ambos estados tienen que ser atendidos con mayor preocupación y a la brevedad. En cualquier caso, esto señala que una reunión de la OEA donde no se profundice en ciertas temáticas álgidas de derechos humanos -salvo por las intervenciones de algunos países- queda a deber.

Cabe señalar, además, la presencia de funcionarios penitenciarios de la región que aún promueven y promulgan una visión punitiva del sistema. De la mano de esto, la omisión por atender la responsabilidad que tiene el Estado mexicano con su población privada de libertad se nota con la preocupante ausencia de funcionarios mexicanos especializados en el tema o representantes del gobierno, contándose solamente con la Embajada del país sede del evento.

Finalmente, en los acuerdos de esta Cuarta Reunión fue un acierto haberse pronunciado respecto a la problemática de delincuencia al señalar que, “Con el apoyo y la participación activa de los Estados Miembros, [la Secretaría Multidimensional de la OEA deberá sistematizar] las buenas prácticas para abordar los desafíos que plantea el crimen organizado al interior de los centros penitenciarios. Asimismo identifique  las mejores prácticas de prevención, investigación y sanción de la corrupción en los sistemas penitenciarios, que contribuya a mejorar los propósitos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad”.

La situación penitenciaria en México es preocupante, y en ese sentido es primordial la importancia del gobierno federal y los gobiernos estatales a este tema, así como la claridad y perspectiva de derechos humanos de organismos internacionales como la OEA para coadyuvar en el abordaje de estos temas.

 

ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS HUMANOS AC (ASILEGAL)
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS AC (CADHAC)

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