“Entre la realidad y la justicia: cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca”

  • Se realizó la presentación y análisis del informe: “Entre la realidad y la justicia: cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca”, elaborado por AsiLEGAL y CEPIADET.
  • Hubo una mesa de diálogo con funcionariado público, organizaciones de la sociedad civil y academia.

El miércoles 25 de septiembre, AsiLEGAL en colaboración con CEPIADET, presentó el documento de política pública: “Entre la realidad y la justicia: cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca”.

La investigación se presenta como un diagnóstico con respecto a la situación de vulnerabilidad social a la que se enfrentan los individuos y comunidades indígenas cuando buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia. Reconociendo por un lado los avances que se han hecho durante los últimos en materia legislativa con respecto al panorama de derechos humanos en pueblos indígenas, pero también contrastando con la poca o nula implementación práctica, el documento busca generar una conversación que culmine en el respeto, promoción e implementación de los derechos de dicho sector. Es por ello que su presentación incluyó el comentario de agentes clave de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil involucrados con la población indígena privada de libertad, quienes sufren una violación sistemática de sus derechos fundamentales. “A través de las entrevistas que llevamos a cabo en el estado nos dimos cuenta de que eran las mujeres y los hombres indígenas, especialmente las mujeres, quienes eran víctimas de uso y abuso de prisión preventiva, tortura y detenciones arbitrarias”, comentó José Luis Gutiérrez, Director General de AsiLEGAL

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Posted by ASILEGAL on Thursday, September 26, 2019

Las problemáticas más alarmantes, identificadas a través de una exhaustiva investigación que incluyó, entre otras cosas, visitas a centros penitenciarios, revisión de la normatividad local e internacional y entrevistas con funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, etc. Se presentan como los 3 ejes de acción de política pública que deben ser atendidos a la brevedad: primero, identificar adecuadamente la población indígena privada de libertad; segundo, garantizar el acceso a intérpretes y traductores que puedan explicar correctamente el proceso que puedan vivir con la ley penal, cosa que además significa un derecho fundamental e inalienable al acceso a la justicia y una defensa técnica; tercero, integrar la perspectiva del pluralismo jurídico el cual posibilite, en la práctica, al sistema jurídico estatal con los sistemas normativos de pueblos indígenas. “Nos encontramos ante un reto muy importante. Si las propuestas que se identifican, los focos rojos notables y las situaciones que vemos desde las instituciones (…) no vienen acompañadas de un presupuesto real, efectivo y que se use en los debidos ejercicios de la función pública, estaremos de nuevo haciendo lo mismo que se ha hecho históricamente en el país: crear leyes extraordinarias, ideas excelentes respetuosas de derechos humanos y perspectiva de género, pero sin un sustento que le de forma, aplicación y realidad a las propuestas”, declaró enérgicamente la Lic. Gabriela Salomé, Jefa del Departamento de Impulso a la Salud y Economía de la Mujer de la Secretaría de la Mujer en Oaxaca.

En este evento de presentación y análisis se contó, también, con la presencia del Lic. Benedicto Salinas de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado, del Mtro. Jesús Herrera, Director de la Defensoría Pública del Estado, con la Lic. Edith Matías promotora de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y coordinadora para la implementación de la Maestría en Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas de la UABJO, y con el Dr. Rubén Vasconcelos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, además de los directores de las organizaciones convocantes José Luis Gutiérrez de AsiLEGAL y Tomás Sarabia, de CEPIADET.

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