ASILEGAL se pronuncia ante la publicación de videos que denuncian violaciones a DDHH

  

En días pasados comenzó a circular en las redes sociales un material audiovisual  realizado por personas privadas de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente  ubicado en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.  En las imágenes, del  video denominado “Presos de México claman al mundo justicia”, se muestran las difíciles condiciones de vida que deben atravesar las personas sentenciadas y procesadas en las instituciones penitenciarias de la capital.

Por medio de una cámara oculta, los autores del vídeo evidencian la mala calidad de la alimentación al interior del reclusorio oriente, así como las diversas irregularidades relacionadas con la corrupción y el tráfico de influencias en la institución.

 Asimismo, en el material audiovisual se presentan testimonios de las propias personas privadas de la libertad. En ellos se exigen a la sociedad que las situaciones de corrupción así como las condiciones de vida denigrantes, no permanezcan más en la secrecía y dejen de ser lo que ellos llaman un “secreto a voces”.

En relación a lo documentado en este video,  Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (ASILEGAL), organización de la sociedad civil cuyas acciones se destinan a la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en México, se pronuncia en los siguientes términos: 

1.Expresamos nuestra preocupación por la integridad física, psicológica y legal de aquellas personas que han realizado la denuncia ante posibles represalias por parte de autoridades penitenciarias u otras personas cuyos intereses hubieran sido afectados por la documentación de actos de corrupción y otras prácticas ilegales y por lo tanto exigimos que se tomen medidas para su protección.

2.Las violaciones a los derechos humanos documentadas en el video “Presos de México claman al mundo justicia” no representan un hecho aislado. Lo denunciado por los autores de esta evidencia representa al común denominador en los centros penitenciarios del país  y es responsabilidad expresa de las administraciones penitenciarias de cada entidad dependiente del poder ejecutivo de cada estado.

3.Situaciones como la corrupción al interior del sistema penitenciario nacional y la sistemática violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, son en gran medida producto de la opacidad con la que actúan las instituciones penitenciarias. Es indispensable entonces que se transparente el funcionamiento de los centros penitenciarios y que se libere a la mirada de la sociedad civil lo que acontece en estos establecimientos. 

4.Las personas privadas de libertad son un sector social profundamente discriminado, pues son sujetos de un estigma derivado de diversos mitos relacionados con la personalidad de las personas en conflicto con la ley. En este aspecto es necesario que desde el estado y la sociedad civil se generen mecanismos para desestigmatizar a esta población y que se considere de forma efectiva, a sus integrantes, como sujetos de derechos.

5.En Asistencia Legal por los Derechos Humanos, hemos documentado y hecho públicas las denuncias por violaciones a los derechos humanos de personas privadas de la libertad en diversos estados de la república. Acción realizada por medio de la elaboración de diversos diagnósticos en cuyo contenido se expresa la voz de la población penitenciaria en situación de vulnerabilidad.

Asimismo en marzo del presente año hemos presentado, conjuntamente con otras organizaciones, en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe que detalla la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en México. En dicho informe se señala puntualmente las violaciones a derechos humanos de las cuales son víctimas las personas que se encuentran en internamiento penitenciario en México.

Es por eso que exhortamos a los gobiernos a que cumplan con los plazos que se establecieron para la implementación de la Reforma de Seguridad y Justicia del 2008, específicamente en materia de sistema penitenciario. Dicha reforma, entre otras cuestiones, estableció la figura del Juez de Ejecución, la cual debería de haber iniciado sus funciones en todas en las entidades federativas en Junio del 2011, y quien tiene, desde la óptica de la sociedad civil, la función de vigilar el respeto de los derechos humanos de las personas sentenciadas; derechos que no solamente son limitados a las revisiones de la penas, sino también a las condiciones adecuadas y dignas, en las que las personas cumplen un proceso de reinserción social.

Solicitamos igualmente, se atiendan las recomendaciones internacionales en las que se ha hecho evidente la ausencia de separación entre personas sentenciadas y procesadas, máxime que en México más del 50% de la población penitenciaria se encuentra en prisión preventiva bajo las mismas condiciones que aquellas personas que cuentan ya con una sentencia condenatoria.

 

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