Organizaciones denuncian ante la CIDH aplicación excesiva de la prisión preventiva en América

12321343 10153917263904017 8335466524313976659 n

 

Presentación de José Luis Gutiérrez Román, dir. de ASILEGAL, durante la audiencia  "Medidas para reducir la prisión preventiva en América", ante la CIDH (5 de abril de 2016) 

 

Estimado Sr. Álvarez Icaza,

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para manifestarle los puntos que serán abordados en nuestra comparecencia a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión o CIDH) “Medidas para reducir la prisión preventiva en América”, de conformidad con el Art. 61, Iniciativa, del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, México (ASILEGAL), en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentarán información sobre las medidas para reducir la prisión preventiva  en América, los temas que serán expuestos son los siguientes:

  1. Medidas adoptadas para la reducción de la prisión preventiva en México

Desde el año 2013 hasta la fecha de la presente audiencia, el Estado mexicano no ha adoptado medidas para la reducción de la prisión preventiva.

Contrariando estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano perpetúa prácticas, que permiten la privación de la libertad durante el proceso, tal es el caso de la prisión preventiva oficiosa, figura que se constitucionalizó en el año 2008 con la reforma al sistema de justicia penal, a través de la cual el juez puede ordenar la prisión preventiva, sin antes haber discutido la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la medida cautelar, dejando así a la persona imputada sin derecho a una defensa adecuada, vulnerando el principio de contradicción del sistema de justicia acusatorio y materializando un encarcelamiento arbitrario.

Aunado a lo anterior, al constitucionalizarse la prisión preventiva de oficio, se estableció junto con ella, un catálogo de delitos que la ameritan, por tanto, en apariencia se limitan las hipótesis que dan lugar a la privación de la libertad durante el proceso, pero se instaura un conjunto de delitos para los cuales las personas imputadas son tratadas bajo una política criminal punitiva en la que la prisión preventiva se asume como un pena anticipada.

En adición el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 165, también establece los casos en que hay lugar a prisión preventiva oficiosa, ampliando así el catálogo de delitos graves.

El conjunto de los delitos bajo los cuales procede la prisión como medida cautelar es muy amplio, aunado a que tomar como parámetro la gravedad del delito para justificar la privación de la libertad durante el proceso es inconvencional.

Considerar la gravedad del delito como parámetro para aplicar la prisión preventiva a una persona imputada transgrede el principio de presunción de inocencia, al mismo tiempo genera la “oficiosidad” de la prisión  preventiva en la mayoría de los delitos y por ende, que ésta no sea una medida cautelar excepcional.

Muestra ello es el elevado número de personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva, el cual asciende a 102,253[1], número que representa el 41.39% de la población penitenciaria total, y  que no ha presentado una disminución significativa desde hace tres años, ya que para 2013 en promedio 103,794 personas se encontraban en prisión preventiva, para 2014 la cifra aumentó a 108,970, lo que representó un aumento de 5,176 personas, es decir: 431 personas fueron sujetas a prisión preventiva cada mes durante dicho intervalo. Para el año 2015 el promedio de personas en prisión preventiva fue de 107,140, hubo una disminución de 1,830 personas, sin embargo, el número de personas sin condena sigue siendo alto y el porcentaje que representa respecto al total de la población penitenciaria total se mantiene constante sin bajar del 40%, situación que genera la saturación del sistema penitenciario, ya que si las personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva estuvieran sujetas a otra medida cautelar, el sistema penitenciario se encontraría al 69% de su capacidad, la cual actualmente sobrepasa en un 18%.

Lo anterior evidencia, el desinterés y falta de compromiso que el Estado mexicano tiene en establecer medidas tendientes a la disminución de la prisión preventiva.

Por lo anteriormente expuesto, instamos al Estado Mexicano a que:

Establezca medidas adecuadas para asegurar el uso excepcional de la prisión preventiva

Se elimine del texto constitucional la prisión preventiva oficiosa y se disminuya el catálogo de delitos graves.

 

Agradecemos de antemano su atención,

Mtro. José Luis Gutiérrez Román

Asistencia Legal por los Derechos Humanos

(ASILEGAL)


[1] Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Cuaderno mensual e información estadística penitenciaria nacional, enero, 2016.

 

                                                                                                                   INFOGRAFÍAS                                                                                                                         

                                            medidasppASILEGAL     personas prisión preventiva    

 

 GALERÍA FOTOGRÁFICA

 FOTOS: CIDH

05 04 2016 pris prev CIDH AUD05 04 2016 pris prev CIDH AUD3  05 04 2016 pris prev CIDH AUD5 05 04 2016 pris prev CIDH AUD8 05 04 2016 pris prev CIDH AUD 2

 

 

 

 

Pitagoras 920, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez,
CP. 03100, Ciudad de México.
Tels: 5687 8759 | 5639 6755 | 5523 2690 | 5536 4642

Copyright © 2016 ASILEGAL, AC
Todos los derechos reservados.