México en reclusión

Logos Coalicion DDHH

 


24 de septiembre 2013

 

•    México ocupa el séptimo lugar mundial en población penitenciaria con 243 mil personas privadas de la libertad.


•    El 42% de ellas no han sido sentenciadas.

 

En el marco del Día del Recluso, la Coalición por los derechos de las personas privadas de libertad en el Sistema Penitenciario Mexicano  formada por Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C., el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., de la Universidad Iberoamericana Puebla, y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.,  hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que modifiquen las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en México, recordando que  el sistema penitenciario debería ser en su conjunto una institución de servicio y no de suplicio para quienes habiendo cometido o no un delito, permanecen en algún centro de reclusión.


Las personas privadas de la libertad, formalmente, sólo tienen restringido el derecho de la libertad. Sin embargo las condiciones en las que viven provocan violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Hoy, día del recluso, resaltamos el hecho de que el delito es un fenómeno social que debe atenderse no solo desde el enfoque punitivo-aflictivo sino con una política criminal integral y con medidas alternativas a la prisión que reparen y dignifiquen a la víctima.


El hacinamiento es uno de los principales problemas de los centros penitenciarios en México. La tasa de sobrepoblación a nivel nacional asciende al 28.32% pero ese es un promedio. Debemos voltear a ver casos como el de Tlapa, Guerrero, cuyo Centro de Readaptación social presenta un 46 % de sobrepoblación. El Distrito Federal por su parte, alcanza el 100% de sobrepoblación. Esto provoca que en celdas originalmente construidas para 4 o 6 personas, tengan que vivir hasta 25 internos. Todo en detrimento de las condiciones de vida de quienes por alguna circunstancia permanecen privadas de su libertad. De los 420 centros de reclusión, 220 presentan un problema de sobrepoblación, situación que conlleva falta de atención y oferta de servicios básicos como el suministro de agua y medicamentos, autogobierno, corrupción y altos grados de violencia e incidentes que pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas privadas de libertad que están bajo la responsabilidad del Estado. Las familias de las personas privadas de la libertad también están presas de alguna manera al tener que modificar todos los ámbitos de su vida para satisfacer diversas necesidades que en principio corresponderían al Estado. A los familiares se les transfiere el estigma, la criminalización y marginalidad así como también la responsabilidad de proporcionar medicamentos, alimentos, material y herramientas de trabajo.


Tampoco podemos afirmar que todas las personas que están privadas de la libertad estén ahí por haber cometido un crimen. De entrada, el 42% de están bajo la figura de la prisión preventiva, es decir, fueron detenidas bajo el supuesto de que cometieron un delito y sin que se les haya comprobado responsabilidad alguna, la autoridad presume que existe la posibilidad de que la persona se evada a la acción de la justicia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 16 que la prisión preventiva no debe exceder de dos años, tiempo más que suficiente para que la autoridad competente demuestre la responsabilidad del acusado o acusada. No sucede así. Desde ASILEGAL se han documentado casos como el de Roberto Pastrana, quien permaneció 5 años en prisión preventiva. También denunciamos que Marcial y Sebastián Zúñiga permanecieron 10 años sin sentencia, lo mismo que Zenaida Pastrana.


Por otro lado, la no implementación de la Reforma al Sistema de Justicia provoca que la pena de privación de la libertad sea el último escaño del proceso penal, cuando en realidad debería ser una etapa más. La autoridad competente debería estar vigilando el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos mientras las personas cumplen una sentencia, siendo el  eje rector de la misma la reinserción y la reparación del tejido social.


Por ello solicitamos a los gobiernos de los estados y a la Federación que agilicen la implementación del Sistema Penal Acusatorio en las entidades donde aún no se ha realizado y que a través de ello se sustituya el modelo de readaptación social por el de reinserción social. Este este sentido también solicitamos que se respeten las reformas realizadas al Artículo 18 constitucional en el cual se señala que el Sistema Penitenciario debe fundamentarse en el respeto a los derechos humanos, el deporte, el trabajo, la capacitación para el mismo y la salud. Estos son derechos sustanciales dirigidos a la población privada de la libertad y no deben restringirse o condicionarse.


Exigimos también que el Estado en su conjunto asuma su responsabilidad al administrar de forma correcta los centros de reinserción social. Esto implica la asignación del presupuesto necesario para elevar la calidad de vida que las personas privadas de libertad tienen al interior de estos centros. Asimismo implica asumir el trabajo de gestión del sistema penitenciario y evitar a toda costa su privatización y subvención a la iniciativa privada.


Finalmente instamos a eliminar la estigmatización hacia las personas privadas de la libertad. Esto implica la socialización del sistema penitenciario, a través de campañas públicas en las cuales se desmitifique la etiqueta que tienen las personas en conflicto con la ley y se fomente la tolerancia hacia la personas que han estado en internamiento penitenciario para así lograr una efectiva inclusión en la sociedad y se garantice la protección de sus derechos por parte del Estado.

 

Coalición por los derechos de las personas privadas de libertad
en el Sistema Penitenciario Mexicano

 

Para más información:

José Luis Gutiérrez Román
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