ASILEGAL capacita defensores y defensoras públicas de Chiapas

 

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 12 de agosto de 2015. Iniciamos un proceso junto con el Instituto de Formación Judicial del Poder judicial del estado de Chiapas para profesionalizar a defensores y defensoras públicas en esa entidad. A menos de un año para que concluya el plazo para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia, el panorama en materia de impartición de justicia es muy malo, sobre todo en Chiapas, donde el 76% de la población padece algún nivel de pobreza. Es justamente la población de menos recursos, la que requiere de un defensor/a de oficio cuando enfrenta algún proceso penal, de ahí la importancia de capacitaciones como las que ahora implementamos.

En Chiapas permanecen aproximadamente 6700 personas privadas de la libertad, el 50% se encuentran en prisión preventiva. Reiteradamente hemos denunciado las afectaciones que acarrea el abuso de esta medida cautelar, sobre todo cuando el Nuevo Sistema de Justicia es más garante de los derechos humanos y establece alternativas a la prisión. El primer Módulo de la capacitación que hoy inicia es precísamente "Mecanismos alternativos de solución de controversias en la investigación como solución alterna". De esta manera contribuiremos a que la privación de la libertad sea la última medida en tomarse frente a la presunta comisión de un delito, lo cual beneficia la reconstrucción del tejido social tan deteriorado en Chiapas.

El esfuerzo conjunto de ASILEGAL y el Poder Judicial de Chiapas debe impactar también en la mala percepción que la sociedad tiene de sus instituciones impartidoras de justicia. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, entre 2010 y 2013 se cometieron 19, 215 delitos por cada 100 mil habitantes, principalmente extorsión, robo y amenazas. Sin embargo, también se estima que esta cifra es tan solo 12.2 % de la cantidad real de delitos cometidos, que por ende, permanecen en la impunidad.

Solamente en el 67.2 % de los casos denunciados se inicio de averiguación previa en el Ministerio Público (en 2012 la cifra fue del 65.8 %). Esto acarrea que solamente el 45% de la población confíe en el Ministerio público y el 43% en los jueces. Las policías estatal y ministeriales, se encuentran por abajo de ese índice.

Ante los desafíos, carencias y polémicas que relacionados con el sistema de justicia resulta imprescindible para el país contar con un impulso decidido de la sociedad civil en cuanto a capacitar en el proceso de puesta en marcha del sistema penal acusatorio, lo que justifica la necesidad de esta capacitación en el Sistema Penal.

También es justo decir que para cumplir a cabalidad su misión, la Defensoría Pública requiere el patrimonio suficiente, recursos propios y salarios dignos. Además, debe debe acceder a los servicios periciales sin intermediarios, sobre todo de las distintas procuradurías. Esto contribuiría a garantizar la plena independencia judicial. Debemos reconocer trabajo de defensores públicos y contribuir a la disminución de su gran carga de trabajo, lo que a su vez hace imposible el derecho a una defensa adecuada de las personas.

ASILEGAL ha contribuido en la implementación de la Reforma de Justicia Penal con perspectiva de derechos humanos en entidades como San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Durango, Puebla y Chiapas. Esto nos ha dado la experiencia necesaria y el impulso para contribuir a otros procesos estatales. Invitamos a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil a que sigamos uniendo esfuerzos para que en México verdaderamente se implemente el Nuevo Sistema y se respeten los derechos humanos.

Atentamente:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.

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