Mujeres en el sistema penitenciario

 

Tanivet 2016Las mujeres privadas de libertad constituyen un sector al que de manera persistente le son violados sus derechos humanos. Aun cuando existen múltiples instrumentos internacionales y nacionales de protección, su situación es de alta vulnerabilidad pues las instituciones encargadas de velar por que se cumplan sus derechos son muchas veces las primeras en violarlos. Algunas de las formas en las que se expresa la llamada violencia institucional es: la falta de una perspectiva de género al momento de juzgar, la violencia obstétrica ejercida por las instituciones de salud, el incumplimiento del derecho de acceso a la justicia, etc.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 establece que las mujeres privadas de libertad “compurgarán sus penas en espacios separados a los de los hombres”. En el mismo sentido, la Ley Nacional de Ejecución Penal retoma la perspectiva de género y menciona como obligación brindar un espacio específico para las mujeres, garantizarles una estancia digna y un servicio médico especializado para ellas y sus hijos.

El abuso de la prisión preventiva, es decir, no contar con una sentencia después de dos años[1] de haber sido privada de libertad, constituye una de las violaciones más graves y recurrentes en contra de las personas que se encuentran privadas de libertad. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres.  Hasta enero de 2017 existían 11, 205 mujeres privadas de libertad de las cuales casi la mitad, el 48.2% estaban procesadas, es decir, no contaban con una sentencia[2].

Aunado a lo anterior, los centros de reinserción social, sus legislaciones, su diseño arquitectónico e infraestructura, así como sus políticas penitenciarias y pos-penitenciarias están hechas a partir de la visión androcéntrica que impera en la sociedad.

Hay que considerar que, en el caso de las mujeres que delinquen, se considera que no solo transgreden las normas penales, sino también la imagen social que a través de los roles le ha sido asignada. En esta lógica, la mujer  en conflicto con la ley, constituye una doble amenaza para la sociedad, lo que permite justificar que se le imprima un castigo adicional por trasgredir el rol asignado.

Para combatir estas vejaciones, existen diversos instrumentos nacionales e internacionales que reconocen la necesidad de brindar especial protección a los derechos de las mujeres tanto en el ámbito público como privado.  Por ejemplo, la CEDAW reconoce que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación, incluye, entre otros, el derecho a ser valorada, educada y atendida libre de patrones de comportamiento estereotipados y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

2013 Cereso AcapulcoA pesar de las obligaciones conferidas en las legislaciones mexicanas, desde el momento de su detención, las mujeres acusadas de un delito se enfrentan a una rutina de abusos, corrupción, violencia y condiciones penitenciarias inhumanas que van desde el hacinamiento, la tortura, la detención arbitraria y la violencia, entre otras.

Las condiciones jurídicas y materiales de las mujeres en situación de reclusión son aflictivas. Estas generan daños, sufrimientos físicos y psicológicos que son injustos e innecesarios. Las mujeres privadas de libertad son frecuentemente violentadas, discriminadas, olvidadas e invisibilizadas y enfrentan tanto en su proceso jurídico como en su tratamiento resocializador, serios obstáculos que se agravan debido a su condición de género. Bajo estas circunstancia, se coloca a las mujeres detenidas, procesadas y sentenciadas en una posición de víctima, contradiciendo los principios de no discriminación y equidad sustantiva, planteados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y normativa nacional vigente.

En ASILEGAL hemos acompañado diversos casos de mujeres que se han encontrado privadas de libertad y que han sufrido violencia institucional y social: Miriam, Concepción, Zenaida, son ejemplos. Ellas, afortunadamente, se encuentran ahora en libertad, pero durante su proceso fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.  

Preocupados y preocupadas ante esta realidad, en ASILEGAL brindamos acompañamiento y asesoría a mujeres privadas de libertad, emprendemos acciones como la capacitación en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio con perspectiva de género a operadoras y operadores de justicia y realizamos investigaciones que brindan un contexto más claro de sus realidades y de sus posibilidades de defensa.



[1] De acuerdo con el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva no podrá exceder de dos años. 

[2] Secretaría de Gobernación (enero, 2017). Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

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