Formación en derechos humanos de jóvenes en conflicto con la ley

 

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Los jóvenes y las jóvenes representan un sector altamente criminalizado. Los estigmas y los estereotipos, además de la marginación estructural en la que se encuentran los convierte en uno de los sectores más vulnerables.

La criminalización de la juventud tiene su origen en el contexto social en el que se desarrollan y en la violación a sus derechos básicos como el de educación y el del trabajo digno. La violación a éstos derechos implica que sean marginados y que no cuenten con participación y un proyecto de vida dentro de la sociedad en la que se desenvuelven. 

Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 3 de cada 10 personas que son detenidas por la presunta comisión de un delito tienen entre 15 y 25 años de edad. La cifra es preocupante y consideramos que está asociada a la falta de oportunidades de desarrollo para los jóvenes.

Consideramos también que la privación de la libertad, como medida disciplinar, debe ser utilizada como una de las últimas opciones, priorizando las medidas educativas como mecanismo de prevención e integración social. Es en consideración a esta idea que  ASILEGAL emprende un proceso de capacitación, sensibilización y empoderamiento, dirigido a jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley.

 

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El grupo con el que hemos trabajado se encuentra entre los 14 y los 18 años, son residentes en la Ciudad de México y forman parte de la Comunidad Externa de Atención a Adolecentes (CEAA), perteneciente a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del Gobierno del Distrito Federal. Con los jóvenes se ha buscado entablar un diálogo intergeneracional  e interinstitucional con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para  la defensa de sus derechos humanos y para el acceso a una vida libre de violencia.

Estas y estos jóvenes han sido encontrados responsables de la comisión de una conducta tipificada como ilícita por la ley penal y han sido sentenciados por un tribunal especializado en justicia para menores. En consecuencia son beneficiarios de una política pública, emprendida por el gobierno de la Ciudad de México, en la cual pueden llevar dicha sanción en extenuación, a través de la realización de actividades psicopedagógicas en las cuales participan también sus madres, padres o familiares que funjan como tutores.

 

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