Personas en prisión preventiva enfrentan condiciones de violencia extrema.

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Personas en prisión preventiva enfrentan condiciones de violencia extrema.

El motín ocurrido el sábado 31 de marzo en el penal de La Toma, en Veracruz, pone de manifiesto uno de los retos del sistema de justicia en México, la situación de la población privada de libertad en prisión preventiva. Estás personas enfrentan su estado de reclusión con graves violaciones a sus derechos humanos pues sin haber sido sentenciadas, sufren la sanción de manera anticipada, en condiciones de violencia extrema.

A esto hay que añadir que, según el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad, 48 de los 109 centros penitenciarios de baja capacidad en el país afrontan problemas de hacinamiento y niveles de sobrepoblación crítica, lo que supera su capacidad operativa, impide garantizar el cumplimiento mínimo de las normas reguladoras de la vida en prisión y propicia un ambiente inadecuado para el éxito de su función que debiera traducirse, cuando menos, en otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social.

Tales problemáticas conllevan una mala clasificación, deficiencia en las actividades educativas, deportivas, laborales, de capacitación, en atención a la salud y, en general, a las condiciones dignas de internamiento, lo que se deriva en mucho de la inadecuada infraestructura de los centros penitenciarios de baja capacidad instalada, por lo que el derecho a la reinserción debe privilegiarse, atendiendo los señalamientos constitucionales, los criterios internacionales de Naciones Unidas consignados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como “Reglas Mandela”, y toda la normatividad en la materia.

Así, como lo indica el ministro de la Suprema Corte de Justica, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “es un mito que la prisión preventiva sirva para evitar que delincuentes peligrosos sigan libres. Por el contrario, el sistema basado en su uso indiscriminado demostró con creces su ineficacia. La prisión preventiva no sirve para desalentar la comisión de delitos, ni para salvaguardar los derechos de las víctimas, y en tal sentido, los argumentos que llaman a reforzarla son falaces. Un sistema en el que la prisión preventiva sea la regla general no es más eficaz, sino profundamente injusto, porque sirve para castigar la pobreza, no la delincuencia”

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