Exámenes de personalidad, violan el derecho a la reinserción social

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Romeo Utrilla, coordinador del Área Jurídica de ASILEGAL

El 30 de marzo de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el Amparo en Revisión 1003/2015, y generó la tesis aislada número 2012508, con el rubro “LIBERTAD PREPARATORIA. LA INCLUSIÓN DE EXÁMENES DE PERSONALIDAD PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”

El debate se centró en que, para obtener, en el caso en comento, la libertad preparatoria, además de los requisitos establecidos en el artículo 84, fracción II del Código Penal Federal, la persona privada de libertad debía contar con un examen de personalidad que permitiera presumir su readaptación y que se encontraba en condiciones de no volver a delinquir, aspectos todos de carácter subjetivo que no podrían concluirse a través de éste examen.

En contraposición, la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que tal requisito implica que, de obtenerse un resultado negativo en el examen, la persona no podría acceder al beneficio preliberacional, bajo el argumento de que las penas tienen como objeto cambiar a la persona privada de libertad, y que una vez cumplidas, permitirán a esa persona llevar una vida normal, modificando la manera en que las personas privadas de libertad piensan o sienten; en otras palabras, que las personas privadas de libertad padecen enfermedades o patologías de comportamiento, y que hasta erradicar estas, no podrán obtener un beneficio preliberacional.

Lo anterior es contrario a la reforma del artículo 18 constitucional de 2008, que dejó atrás la readaptación como fin del sistema penitenciario, teniendo actualmente como objetivo la reinserción social de las personas privadas de libertad, mediante el cumplimiento de los siguientes ejes: el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, con base en el respeto a los derechos humanos y privilegiando la resocialización de la persona privada de libertad o sus posibilidades de reinserción, antes que cambiar sus creencias y sus valores.

De acuerdo con el párrafo que antecede, el cumplimiento objetivo de estos ejes de reinserción, entre otros requisitos (buena conducta durante el internamiento, no tener sentencia o estar en proceso por otro delito) es lo que permite suponer que la persona privada de libertad cuenta con los elementos para reinsertarse en la sociedad y no volver a delinquir.

Actualmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal no contempla los exámenes de personalidad como requisitos para la obtención de los beneficios de libertad condicionada (artículo 137) o libertad anticipada (artículo 141). Ahora, la Ley establece que debe velarse porque la liberación de la persona privada de libertad no signifique un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos y la sociedad; además, de que haya tenido buena conducta durante el cumplimiento de la pena y cumplido con el Plan de Actividades.

Sin embargo, el principal problema de la Ley radica su entrada en vigor que podría llegar hasta el 30 de noviembre de 2018 en algunos estados, por lo que muchos de los procesos de obtención de beneficios preliberacionales aún se regulan por las legislaciones de ejecución penal estatales. Por ejemplo, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, señala en su artículo 96 la necesidad de evaluaciones de personalidad y de peligrosidad para la obtención de beneficios preliberacionales. Estas evaluaciones pueden demorarse en su realización hasta sesenta días hábiles, lo que retrasa el plazo en que una persona podría acceder a un beneficio de preliberación.

Los Jueces de Ejecución que aún aplican las legislaciones opuestas a la Ley Nacional de Ejecución Penal deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 25 fracción VI de esta Ley, que establece la obligación de estos Jueces de aplicar la ley más benéfica para la persona privada de libertad, de acuerdo al principio pro persona contemplado en el párrafo segundo del artículo 1º constitucional, al que se suma el principio de aplicación retroactiva de la ley, como lo dispone el 14 constitucional, a efecto de aplicar esta nueva Ley de Ejecución Penal a los procesos que se hayan iniciado con anterioridad a su entrada en vigor, únicamente en beneficio de la persona. 

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